Violencia. El Ministerio Público pregunta al segundo mandatario de Bolivia qué persona ordenó la intervención de la marcha por el Tipnis en Chaparina.
Un cuestionario enviado el lunes al vicepresidente vuelve a dar vigencia al caso de la represión policial a la VIII marcha de los indígenas por el Tipnis, en septiembre de 2011. La fiscal Patricia Santos dijo que no hay un plazo para que Álvaro García Linera responda, pero debe hacerlo por escrito y a la brevedad posible. Por otra parte, se informó que el Legislativo postergó el tratamiento de la ley que viabilizará la construcción de la vía por el Tipnis.
Fiscal pide al ‘vice’ revelar quién ordenó la represión
INVESTIGACIÓN. GARCÍA LINERA DEBE RESPONDER UN CUESTIONARIO A LA BREVEDAD POSIBLE.
El Ministerio Público envió un cuestionario al segundo mandatario del Estado. La respuesta debe ser entregada a la brevedad posible. Develan irregularidades en la consulta en el Tipnis.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en 2011 que el Gobierno sabía lo que había sucedido. Foto: APG.
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El Deber, La Paz
El Ministerio Público envió un cuestionario al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que responda sobre la intervención a la marcha indígena en defensa del Tipnis, que acabó con una represión a los marchistas, entre ellos niños y mujeres. Una de las preguntas centrales al mandatario fue ¿quién dio la orden para ejecutar la acción?
La fiscal que investiga el caso, Patricia Santos, informó que el documento fue entregado a García Linera el pasado lunes y que no hay fecha de entrega específica, aunque indicó que la respuesta escrita “deberá ser a la brevedad posible”.
La representante del Ministerio Público no especificó la cantidad de preguntas, ni el contenido extenso de ellas. En todo caso explicó que una de las consultas señala: “¿Si conoce, que manifieste quién es esa persona (que dio la orden del operativo)?”. García Linera en noviembre de 2011 aseguró que el Gobierno ya sabía lo que había sucedido.
La investigación judicial se inició luego de que la Policía intervino con violencia la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de la carretera (Cochabamba-Beni) por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Varios marchistas fueron maniatados y amordazados con cinta masquin. El Gobierno oficialmente indicó que se rompió la cadena de mando.
Consulta
Entretanto, un informe de la Iglesia católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Federación Internacional de Derechos Humanos develó varias irregularidades y contradicciones que se cometieron en el proceso de consulta que realizó el Gobierno el año pasado en las comunidades del Tipnis para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Las tres entidades visitaron 35 comunidades y un centro de gestión del Tipnis, donde recogieron testimonios de sus habitantes. Tras la visita constataron que 30 localidades no están de acuerdo con la construcción de la carretera por el medio del Tipnis, tres aceptaron con condiciones y otras tres asintieron plenamente.
Contrariamente el informe gubernamental indica que 58 comunidades de 59 consultadas piden que se derogue la ley 180 de intangibilidad en la reserva natural y respaldan la construcción de la vía.
Mario Gutiérrez, miembro de Cáritas Bolivia, explicó que, por ejemplo, “hubo presión con el tema de la intangibilidad. Les han dicho que esto significaba no cazar, no pescar, no sacar frutos de los árboles, ni palos para cocinar. Entonces ellos decían no queremos intangibilidad, pero tampoco queremos carretera y el Gobierno condicionaba ambas cosas”.
En otras regiones, donde no lograban consensos, incluso hicieron firmar actas a niños.
El informe también devela que les ofrecían regalos para convencerles de que acepten la consulta gubernamental.
Para saber
Presión
En comunidades que no aceptaban la consulta hubo presencia militar, del ministro Juan Ramón Quintana y visitas domiciliarias. Se informó de que en San Ramoncito echaron por la fuerza al ministro Quintana.
Represalia
En cinco comunidades denunciaron que la atención en salud que prestaba la organización Médicos Canarios fue suspendida como medida de represalia a la negativa de la consulta y la construcción de la carretera.
División
En 12 comunidades lamentaron las enemistades y división que generó el proceso de consulta
LEGISLATIVO POSTERGA ANÁLISIS DE LA NORMA
La Asamblea Legislativa postergó el tratamiento de los proyectos de ley que viabilizan la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Tipnis.
El presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Antonio Molina, informó a EL DEBER que “no se va a tratar de inmediato los proyectos de ley, primero se hará un trabajo extenso en el Tipnis”.
Según el legislador, el objetivo es atender las necesidades que tienen las comunidades de esa región. “Quieren primero eliminar la extrema pobreza que existe y han solicitado darle un poquito más de tiempo para atender las demandas de los hermanos indígenas”, acotó.
El Gobierno remitió la pasada semana el informe final de consulta en el Tipnis junto con otros tres proyectos de ley. El primero abroga la Ley 180 de intangibilidad del territorio, que permite construir el tramo II de la carretera. El segundo es “una normativa de salvaguarda dentro del territorio” y el tercero previene el ingreso de cocaleros.
Las propuestas no fueron remitidas aún a ninguna de las comisiones legislativas.
Fiscalía interroga al Vice sobre Chaparina
EL MINISTERIO PÚBLICO PREGUNTA AL VICEPRESIDENTE QUIÉN DIO LA ORDEN DE REPRIMIR A LOS INDÍGENAS
Los Tiempos
Policías trasladan a los indígenas que marchaban a la ciudad de La Paz, tras la intervención al campamento donde descansaban en Chaparina el 25 de septiembre de 2011. – Ap Agencia
La Fiscalía de La Paz envió al vicepresidente Álvaro García Linera un cuestionario con varias preguntas para que responda por escrito, en calidad de testigo, sobre lo que sabe de la represión policial contra la octava marcha indígena en Chaparina, Beni, el 25 de septiembre de 2011.
La fiscal Patricia Santos, a cargo de la investigación de ese hecho, confirmó que el cuestionario le fue entregado al mandatario el lunes 8 pasado y que se está a la espera de la respuesta “a la brevedad posible”.
De forma escueta, la fiscal respondió a la prensa, que una de las preguntas formuladas está referida a quién dio la orden para la intervención policial en Chaparina, debido a que el Vicepresidente manifestó en declaraciones a los medios, con relación a esos hechos, que él conocía quién impartió la orden para intervenir la movilización indígena en contra de una carretera a través del Tipnis.
“Tratándose del Vicepresidente del Estado, la comisión de fiscales que investiga la represión policial a la marcha de los indígenas eligió la modalidad escrita para que responda a un cuestionario (interrogatorio) de varias consultas”, precisó según la agencia ABI, la fiscal Santos.
La ley prevé la posibilidad del envío de cuestionario, en las investigaciones realizadas por la Fiscalía, cuando se trata de Presidente y Vicepresidente.
Dijo que el interrogatorio se formuló sobre los cuestionamientos que plantearon los querellantes, la activista de derechos humanos, Olga Flores y el exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe.
Ambos querellantes pidieron la declaración de García Linera, ante la admisión pública del mandatario en 2011 que él conocía quién era responsable de la acción policial, pero, no podía revelar para no distorsionar las investigaciones.
Según declaraciones del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en la intervención policial a la marcha indígena hubo una ruptura de mando, por lo que la orden salió de algunos jefes policiales que estuvieron en el lugar.
Esta versión fue desmentida, en la inspección ocular y en sus declaraciones ampliatorias, por el entonces subcomandante de la Policía, el general Óscar Muñoz, que dirigió el operativo.
Muñoz aseguró, en febrero pasado, que en ningún momento hubo ruptura de mando y que antes de ejecutar la intervención policial (planificada el 24 de septiembre, día antes de la represión), se hicieron las llamadas telefónicas necesarias y en su caso se comunicó con el entonces viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y éste con el ministro Llorenti.
Edicto para Llorenti
Por otra parte, la fiscal Santos confirmó, según ANF, que el Ministerio Público publicó edictos de convocatoria para que se presenten a prestar su declaración informativa otros testigos y protagonistas de los sucesos del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.
Entre los convocados, mediante esos edictos, estaría el actual embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, que cuando se registró la represión a los indígenas ejercía el cargo de ministro de Gobierno.
“El plazo otorgado (para que se presenten) ya pasó”, dijo la fiscal Santos, no obstante no mencionó las acciones que siguen ante la inasistencia de los citados.
Tampoco, brindó detalles de las personas que fueron convocadas por esos edictos, a declarar dentro las investigaciones de la vulneración a los derechos de los indígenas en Chaparina.
Los hechos
• El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino con violencia la marcha indígena que se dirigía a La Paz, cuando descansaba en Chaparina, en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y en rechazo a la construcción de la carretera (Cochabamba-Beni) por medio del parque.
• Varios indígenas, hombres y mujeres, fueron maniatados y amordazados con cinta masquin y trasladados hasta San Borja, donde aguardaban aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladarlos.
• El 29 de noviembre de 2011, cuando se exigía investigaciones para establecer responsabilidades sobre esa violenta represión, el vicepresidente Álvaro García Linera, en declaraciones a la presna señaló: “Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido…Nosotros ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones”.
• El entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que fue excluido de las investigaciones, deslindo toda responsabilidad sobre lo sucedido y afirmó en reiteradas ocasiones que se rompió la cadena de mando y que no hubo orden política.