La mayor parte de los seleccionados son abogados, también hay dirigentes y exautoridades jerárquicas de la gestión de Evo Morales. Apenas 19 mujeres son aspirantes a la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
De los 72 postulantes habilitados para dirigir la Defensoría del Pueblo, 23 son servidores públicos. Aunque la gran mayoría son abogados, profesión que se ejerce en el ámbito de los derechos humanos, pocos son parte de entidades defensoriales o instituciones dedicadas específicamente a la defensa y promoción de los derechos humanos.
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“Hemos contrastado la información que nos ha llegado de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Supremo Electoral, del Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas, del Ministerio de Defensa, la Contraloría, el Consejo de la Magistratura. Una vez corroborada la información, son 72 postulantes habilitados y los inhabilitados ascienden a 126”, precisó el presidente de la comisión revisora, senador Rubén Gutiérrez.
Las listas oficiales fueron publicadas ayer. Desde este lunes la población tiene cuatro días para realizar las impugnaciones.
“El objetivo es designar a un Defensor del Pueblo probo, idóneo, con alta calidad moral, con una amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos y finalmente una autoridad sin ningún tipo de alineamiento político”, dijo el diputado Enrique Urquidi, de CC.
23 funcionarios públicos
El cruce de la lista de postulantes con las declaraciones juradas hechas a la Contraloría muestra que 61 de los 198 aspirantes son funcionarios públicos. De ellos, sólo 23 fueron habilitados para pasar a la siguiente etapa. Prestan su servicio en ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades o dentro de las diferentes instancias del Órgano Judicial.
presenta su postulación.
Senado
Tres de los 23 habilitados trabajan en la Defensoría del Pueblo. El grupo incluye a la actual defensora interina Nadia Cruz, cuestionada por su afinidad con el MAS. Ramiro Ichise y Mabel Tamayo son los otros postulantes de esta institución, ambos con años de trabajo en derechos humanos.
También postulaba la delegada defensorial de Potosí Wilma Martínez, criticada por su cercanía a la militancia masista y su papel en los conflictos de 2019.
El postulante Pedro Callisaya Aro es parte del Consejo de la Magistratura. Teofilo Ignacio, quien ocupó el cargo de director nacional de Derechos Reales, una de las instituciones cuestionadas por la población, también quedó fuera de la carrera por el cargo.
Cinco de los postulantes trabajan en los ministerios de Educación y Trabajo, el Fondo de Desarrollo Indígena y la Procuraduría . En su mayoría son abogados y ocupan cargos no jerárquicos dentro del Estado.
Otros dos trabajan en la Dirección Departamental de Educación de La Paz, uno en el Instituto Boliviano de la Ceguera y dos en las universidades públicas de Chuquisaca y Potosí. Cuatro postulantes son parte del personal del Concejo Municipal de El Alto, las gobernaciones de Chuquisaca y Oruro, y la Alcaldía de Sucre.
Asimismo, otros cinco forman parte del Órgano Judicial, la Fiscalía de La Paz, la Policía Boliviana, el Órgano Electoral y la Caja Nacional de Salud (CNS).
Patty fue inhabilitada.
Foto: Carlos Sánchez /Página siete
De los 72 habilitados
¿A qué se dedican los aspirantes? Es una de las preguntas frecuentes de la población. Una breve revisión de sus postulaciones muestra que 34 de los habilitados son abogados y 16 son estudiantes o egresados. Otros tres son profesionales en el área de educación y cuatro son profesionales en administración, contaduría o economía.
Cinco son comunicadores y cuatro ingenieros en distintas ramas. Además hay tres politólogos, un filósofo, un antropólogo y un licenciado en relaciones internacionales.
Pero también hay otros aspectos importantes dentro de su perfil; por ejemplo: seis son dirigentes o líderes de algún sector social; cuatro son expertos en temas indígenas, en derechos humanos o en transformación de conflictos. Uno de los aspirantes es gestor cultural y otro también es policía.
De los 72 habilitados, sólo 19 son mujeres. La cifra muestra que no se logró un 50/50 en la postulación.
De ellas, seis son parte del personal estatal y sólo dos son líderes de un sector social. Al igual que en todo el grupo, la profesión predominante es la abogacía, pero también son profesionales en educación, ingeniería de sistemas y una economista. Dos son expertas en transformación de conflictos y reforma penitenciaria.
Los resúmenes públicos de las declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado muestran que los patrimonios de los 23 funcionarios que fueron habilitados para pugnar a la Defensoría del Pueblo van de cero a más de un millón de bolivianos. También hay quienes declararon sólo deudas.
El patrimonio más bajo es el del abogado Ramiro Iquise Pally y el más alto es de la actual defensora, Nadia Cruz.
De acuerdo con los documentos públicos, Iquise, funcionario de la Defensoría del Pueblo, declaró que no tiene bien alguno ni activos.
El aspirante sólo declaró deudas por 310 mil bolivianos. Su último formulario fue presentado el 23 de marzo pasado.
Ocho funcionarios declararon tener cero bolivianos como activos. Empero indicaron que sí cuentan con entre uno y cuatro bienes inmuebles propios.
Otro de los postulantes declaró 400 bolivianos como único patrimonio. Su deuda asciende a 60.277 bolivianos; 10 de los postulantes, que son servidores públicos, tienen patrimonios menores a 100 mil bolivianos. Casi todos reportaron tener al menos un bien.
En cuanto a los patrimonios más altos, el de Cruz asciende a 1,2 millones de bolivianos. Tiene declarados tres bienes y cero deudas. Sus rentas, que también son considerados como pasivos, ascienden a 262.717 bolivianos.
En segundo lugar está Pedro Callisaya, funcionario del Consejo de Magistratura. Tiene 596.416 bolivianos de activos, tres bienes, y 106.471 bolivianos de pasivos en rentas.
En tercer lugar está el postulante Ariel Gutiérrez, funcionario del Órgano Judicial. Tiene 300 mil bolivianos en activos y tres bienes. Sus deudas declaradas ascienden a 1.069.000 bolivianos.
Todos los datos pertenecen sólo a los postulantes habilitados que son funcionarios públicos. Por ley, éstos presentan una declaración jurada que tiene carácter público.
Es decir, que entre el resto de los aspirantes podría haber patrimonios más altos, pero la información correspondiente no es pública.
De las y los 72 postulantes habilitados para la elección del titular de la Defensoría del Pueblo, 16 aspiraron a ser el fiscal general, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), contralor o defensor del Pueblo, en años anteriores.
Seis de los postulantes fueron parte del proceso de selección para defensor o defensora del Pueblo en 2016. Entre ellos hay dos funcionarios públicos y uno pertenece al ente defensorial, el abogado experto en Derechos Humanos Ramiro Iquise Pally.
Los otros postulantes que van por la revancha son: Apaza Quispe Lydia, Cuevas Paucara Iván, Dávalos Rengel Hernán, Quinteros Montaño Rafael y Vilela Diez de Medina Guillermo Hernán.
Asimismo, tres postularon a las vocalías del TSE en 2019 y uno en 2015. Éstos fueron: Bolivia Ajata Jorge, Machado Gisbert Porfirio, Cáceres Copa Daniel y Sangüeza Dueñas Marcial, respectivamente.
Los postulantes Atiare Salazar José y Calizaya Rocha Edwin compulsaron para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado en 2018. Humberto Echalar Flores pugnó para ser magistrado en 2017, mientras que Franklin Valdez Alarcón aspiró al Tribunal Constitucional Plurinacional ese mismo año. Irene Vino Mejía fue postulante al Consejo de la Magistratura en 2021 y Carlos Salazar Salcedo, para contralor en 2016 y para el TSE en 2015.
Al menos siete de los postulantes fueron autoridades en la gestión de Evo Morales, asambleístas nacionales, dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o militantes y afines a algún partido.
El postulante Daniel Cáceres Copa es dirigente de la Csutcb, organización social que forma parte del Pacto de Unidad. En varias oportunidades demostró abiertamente su afinidad con el MAS.
Entre las autoridades que fueron parte de la gestión del entonces presidente Morales está el politólogo y policía Humberto Echalar Flores, quien fue viceministro de Seguridad Ciudadana en 2013. Ocupó otros cargos importantes durante el primer y segundo gobierno del MAS.
En 2011 Carlos Salazar fue nombrado director de la AJAM. Asimismo, la ingeniera informática Zulma Sánchez en 2016, ocupó el cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija en representación de Morales.
Luis Gallego, dirigente minero e indígena del MAS, fue diputado del partido oficialista. Un caso similar es el de Jesús Vera, militante y candidato de la sigla de Morales.
Entre los postulantes observados por su militancia o afinidad están la actual defensora interina Nadia Cruz, por su cercanía al MAS, y la postulante Favela López, quien es abiertamente afín a Creemos.
En carrera se quedaron Nely Canqui, postulada por las juventudes del MAS en La Paz; el abogado Dionisio Rivas, exdirector departamental del INRA y luego de Migración hasta 2009; y Jesús Vera, dirigente del MAS.
Vamos a ingresar a la etapa de impugnación, cuatro días estaremos conociendo y resolviendo estas impugnaciones
Rubén Gutiérrez, senador MAS
El fin es designar a un defensor probo, idóneo, con calidad moral y amplia trayectoria en la defensa y promoción de los DDHH
Enrique Urquidi, diputado CC