Mientras instituciones regionales cerraron filas ayer en torno a la propuesta de apelar el fallo emitido que obliga a la Gobernación de Chuquisaca a pagar 93,3 millones de dólares por la expropiación de Soboce, en la Asamblea Departamental surgieron voces que exigen sancionar la presunta falta de diligencia con la que actuó el gobernandor Esteban Urquizo para asumir una defensa legal y evitar esa sentencia.
Ingreso a la planta de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en Sucre. – Correo del Sur Agencia
Un día después de que el gobernador Esteban Urquizu recibió la notificación del fallo judicial que dicta el pago a Soboce por el 33,34 por ciento de acciones en Fancesa, asambleístas de oposición, además del exrector y actual representante de la Alcaldía de Sucre, Jaime Barrón, coincidieron en que hubo negligencia del Gobernador. En tanto, la Cámara Nacional de Industria instó al sistema judicial a hacer cumplir la sentencia que dispone el pago de la deuda en favor de Soboce.
El asambleísta opositor Marco Sahonero advirtió ayer con presentar una denuncia contra el Gobernador ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes y daño económico y anticipó otra denuncia contra la directiva de la Asamblea, que no exigió que el Gobernador y sus asesores legales informen sobre el avance de los trámites.
Sahonero mostró ayer documentos de solicitud de informes sobre el cumplimiento del Decreto 616, que preveía 180 días para pagar la deuda por expropiación de acciones. A esa solicitud, asesores legales responden que el decreto está siendo “cumplido a cabalidad” y que “no existirían consecuencias legales” para la Gobernación.
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Consultado sobre el asunto, el asambleísta del oficialismo Christian Sanabria negó la falta de fiscalización por parte de la Asamblea, pero admitió que los informes no fueron exigidos.
Universidad-Alcaldía
Para el exrector y actual representante municipal en Fancesa, Jaime Barrón, la culpable de la deuda no es la Universidad, que firmó un acuerdo de administración con Soboce, extinguido en 2007. “El Decreto (616) decía que se valuaría (el 33,34 por ciento de las acciones). El Gobierno fue el que definió dicho pago. La Gobernación debía poner los obstáculos técnicos para disolver el monto. No lo ha hecho. Creo que es responsabilidad de la Gobernación el haber tenido negligencia en este tema”, enfatizó.
Barrón aseveró además que de acuerdo con los datos del valor de las acciones que presentó Soboce, se infiere que Fancesa actualmente costaría 280 millones de dólares, lo que significaría que “ha incrementado su valor sustancialmente”. No obstante, criticó que la Gobernación no haya expuesto su propia valuación.
Entidades chuquisaqueñas cierran filas para apelar
Varias instituciones como el Comité Cívico anticiparon ayer una “defensa social” de la determinación judicial e instaron al Gobernador a presentar una apelación. “Significan 650 millones de bolivianos que la Gobernación tendría que pagar y tomando en cuenta que el presupuesto de inversión pública está por los 350 millones, la región se quedaría sin un solo centavo los dos siguientes años”, declaró ayer el presidente cívico, Milton Barrón.
El secretario de relaciones de la Federación Única de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Wilber Flores, respaldó la idea de apelación y dio a conocer el inicio de una consulta ciudadana para que los chuquisaqueños digan si están de acuerdo en pagar una suma próxima a los 100 millones de dólares.
El presidente de la CNI, Mario Yaffar, por su parte, instó al sistema judicial a hacer cumplir la resolución, lo cual sería un indicador para demostrar la seguridad jurídica que ofrece Bolivia para las inversiones, tanto nacionales como internacionales.
Los Tiempos, Agencias y Correo del Sur