Los casos de embarazos infantiles y adolescentes por abusos sexuales aumentan y también la polémica en torno a la interrupción legal de las gestaciones.
Mira a continuación nuestro informe especial:
En lo que va de este año, las noticias sobre niñas y adolescentes víctimas de violación y embarazadas en Cochabamba se han multiplicado generando preocupación en la sociedad y en las instituciones.
Según datos de la Policía cochabambina, de enero a junio atendieron 20 casos de menores de edad embarazadas producto de abusos sexuales, cinco más que los atendidos durante todo 2021.
El drama que vivieron las víctimas va más allá de la violación y la gestación prematura, sino que también sufren por los problemas derivados del cumplimiento de la norma sobre la interrupción legal del embarazo.
En muchos de los casos, los embarazos avanzaron más allá de las 22 semanas, periodo límite para realizar un aborto, y las niñas y adolescentes tuvieron que ser sometidas a partos prematuros. En al menos dos casos nacieron bebés que fallecieron debido a que sus pulmones no estaban desarrollados.
Para la delegada del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Marioly Álvarez, refiriéndose a la atención en hospitales, obligar a una niña a ser madre se constituye en “tortura” y advirtió que si sigue ocurriendo, esa institución interpondrá acciones constitucionales.
Los médicos consideran que no corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en gestaciones avanzadas y que se deben realizarse como máximo hasta la semana 22.
El director del hospital materno Germán Urquidi de Cochabamba, Antonio Pardo, dice que la norma respecto a la ILE tiene vacíos y no especifica hasta qué semana del embarazo se puede proceder con el aborto legal y pidió que esa normativa sea tratada en la Asamblea para ya no generar más traumas a las niñas víctimas.
Para el Gobierno el tema está claro. El ministro de Salud, Jeyson Auza, el personal de salud que no cumpla con la normativa en estos casos será sancionado.
Norma con vacíos
La Interrupción Legal del Embarazo es aplicada sobre la base de la sentencia constitucional 0206/2014 que establece el acceso al aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando la vida o salud de la embarazada esté en riesgo.
Algunas autoridades admiten que existen vacíos y contradicciones en la normativa vigente. Diputados nacionales anunciaron que propondrán trabajar en una ley sobre el tema.
Efectos en las niñas
Cuando una niña o adolescente queda embarazada y además es sometida a un parto, su salud, educación y su futuro pueden estar en peligro. “Puede quedar atrapada en una vida sumida en la pobreza, la exclusión y la impotencia”, dice la jefa de los Servicios Legales Integrales (SLIM) de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera.
Agrega que pasar bruscamente de jugar, divertirse y estudiar a cargar con la responsabilidad de cuidar y criar a otro niño pude generar traumas de por vida, una realidad que ya viven muchas menores de edad en Bolivia.
Mientras la normativa tenga algunos vacíos jurídicos, la polémica continuará generando más daños en las víctimas, asegura Herrera.