La Paz. Nuevos detenidos preventivos serán enviados a otras cárceles. Tras la denuncia de violación y embarazo de una niña en el penal de San Pedro, los reos se declararon en estado de emergencia porque afirman que no hay un informe oficial que certifique esa situación.
Llanos anuncia cierre de San Pedro y reclusos se declaran en emergencia
Nuevos detenidos preventivos serán enviados a otros centros.
EL DIARIO, La Paz, Bolivia
Autoridad emprende reestructuración y “descentralización” del penal de San Pedro, pese a la resistencia anunciada por los internos.
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El director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, confirmó el cierre del penal de San Pedro de La Paz por considerar que ya no existe capacidad en la infraestructura y evidenciar que los controles de ingreso de materiales ilegales fracasaron. A partir del 17 de julio, los detenidos preventivos serán trasladados a otros centros en el marco de una reestructuración del sistema penitenciario. Sin embargo, los reos de esta cárcel anunciaron tomar medidas de presión y criticaron a la autoridad por supuestas “calumnias” al sector.
El último caso de supuesta violación de una menor de edad dentro de este centro penitenciario provocó la reacción de las autoridades y la indignación de la sociedad. Así, Llanos confirmó el cierre del histórico penal ubicado en pleno centro de la Sede de Gobierno para emprender un nuevo proyecto que asuma con planificación la problemática carcelaria.
Primero se procedería a restringir el ingreso de más reos desde el 17 de julio y después como segunda fase, toda la población que llegue en calidad de preventivos sería remitida a los centros de Cantumarka, Patacamaya y en su defecto, Chonchocoro.
Llanos explicó a EL DIARIO que no habrá ningún traslado sino que se restringirá el ingreso de otros reos dentro de una población que llega aproximadamente a los 2.300 detenidos y de los cuales el 84 por ciento no tiene sentencia ejecutoriada.
“Cada año el flujo de internos es de 1.000 a 1.500 que entran y salen. En julio sucederá aquello y las protestas de algunos delegados es porque ya no tendrán ingresos, porque no podrán cobrar, ya no podrán extorsionar, como se hace ahora”, expuso.
Tras el anuncio, los reclusos se declararon en estado de emergencia, argumentando haber sido “sindicados” por la autoridad y sus “malos comentarios”.
Sobre la denuncia de ultraje, el delegado de los internos, Ever Quilche, dijo que la menor no fue violada y aseguró que los acusados están dispuestos a someterse a cualquier tipo de examen para verificar su “inocencia”.
“Ellos están dispuestos a declarar y someterse a una prueba de ADN, estamos esperando los exámenes del médico forense, porque no se ha comprobado que haya habido violación, acá saben lo que les puede pasar”, declaró negando que dentro de San Pedro vivan entre violadores y asesinos. “Llanos nunca viene y prefiere ir a los medios de comunicación para hablar contra nosotros, no conoce la realidad del penal”, refutó.
La pasada semana se denunció la violación de una menor de 12 años, por parte de un interno, posiblemente en complicidad con otros dos. La menor es familiar de otro detenido y no sería el único caso registrado en junio, pues al menos otras cinco personas estarían en la misma situación dentro de un solo bloque o “distrito” correspondiente a Cotahuma.
Por otro lado, el comandante general de la Policía, Alberto Aracena, informó que está en proyecto la creación de la Escuela Penitenciaria para lograr mejorar la formación de los uniformados para la mejor relación con el sector carcelario, comprendiendo el contexto y realidad social de este grupo. Además adelantó que hubo una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, con quien se coordinaría el levantamiento de un censo dentro de los centros penitenciarios para verificar el número de menores de edad que viven junto a sus padres aprehendidos.
Sube la tensión en San Pedro, reos se declaran en emergencia
Según un reporte de Régimen Penitenciario, en los penales del país viven 2.104 menores de edad con sus padres. De éstos, el 57% es menor de seis años y está autorizado, según la Ley de Ejecución Penal, a permanecer con sus progenitores.
Población. Un grupo de presos de la cárcel de San Pedro de La Paz cerca de la puerta del recinto. Foto archivo.
La Razón, La Paz
Tras la denuncia de violación y embarazo de una niña en el penal de San Pedro, los reos se declararon en estado de emergencia porque afirman que no hay un informe oficial que certifique esa situación. El Director de Régimen Penitenciario restó importancia a la medida.
El gobernador de la cárcel de San Pedro, coronel Carlos Coritza, corroboró que los privados de libertad están en emergencia por las declaraciones que se hicieron respecto al caso de la menor. Sin embargo, aclaró que todas las actividades en el recinto penitenciario son normales, ya que los presos esperan un informe médico oficial que certifique el estado de la niña.
Esta semana se denunció que la menor de 12 años fue víctima de violación por parte de su padre, su tío y su padrino. La directora departamental de La Paz de Régimen Penitenciario, Rita Oporto, confirmó que la niña tiene un embarazo de dos meses. Por ahora está bajo resguardo en un albergue y recibe visitas sólo con orden judicial. El jueves, fuentes allegadas al caso indicaron que en una ecografía realizada a la paciente no se detectó “ningún producto”, por lo que se espera el resultado de un análisis de sangre en proceso.
Examen. Ever Quilche, representante de los internos de San Pedro, declaró sobre este caso a Erbol. “Él (el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos) dijo que una niña habría sido violada por (sus familiares presos), pero los exámenes de laboratorio realizados a esta niña, comprobados por el Ministerio de Salud, indican que a la menor nunca la ultrajaron, nosotros vamos a presentar esos exámenes en una conferencia de prensa”, dijo, motivo por el que justificó la emergencia en la penitenciaría.
En respuesta, Llanos afirmó que en este caso el tema no es la violación, sino también el alcohol, la droga y todo lo malo que hay en el interior de esa cárcel. Además aclaró que la violación no sólo se refiere a una relación sexual. “Tocar, ofender, afectar a una niña, vean la modificación del Código Penal, todo eso es abuso sexual. (Los reos) pueden decir lo que digan, eso a mí no me preocupa, (este caso) está en investigación, será el fiscal el que determine”, sostuvo cuando se le consultó si había un informe oficial respecto a la violación a la niña.
Llanos aseveró que como director de Régimen Penitenciario lo que tiene que hacer es denunciar y exponer este tipo de casos ante todas las instancias nacionales e internacionales.
“Aquí ha habido un nivel de afección a una niña y eso yo lo tengo que exponer; y si fuese el caso de que no ha sido violada, ha sido toqueteada, hurgueteada; ni un cabello de una persona puede ser tocado en este país porque es un Estado garantista”, acotó.
El coronel Coritza dijo que se enteró de este caso a través de la trabajadora social del penal y por los medios de comunicación. Agregó que desconoce algún informe oficial sobre esta violación u otros hechos similares.
El representante de los reclusos, en declaraciones a Panamericana y a la red PAT, anunció que los internos efectuarán movilizaciones en el interior del penal. Indicó que una de ellas será exponer pancartas en la puerta de la cárcel. Descartó un motín.
Con relación a la medida de los internos, Llanos manifestó: “Que se declaren en estado de emergencia, en huelga de hambre, que se paren de cabeza; la delincuencia que haga lo que quiera, yo no tengo que referirme a ella; yo tengo que cuidar a la sociedad boliviana, tengo que cuidarte a ti, a las niñas de este país, ésa es mi función como autoridad penitenciaria”.
Posteriormente, Llanos advirtió que se mantendrá firme en sus decisiones y acciones sobre la situación en la penitenciaría. “No voy a retroceder en esto, soy un hombre que no se quiebra; esto lo vamos a llevar hasta el final, luchando contra la delincuencia”, expresó.
Niños en los penales del país
Número. Según un reporte de Régimen Penitenciario, en los penales del país viven 2.104 menores de edad con sus padres. De éstos, el 57% es menor de seis años y está autorizado, según la Ley de Ejecución Penal, a permanecer con sus progenitores.