Estela Quintana: “Los juzgados, la Fiscalía y la Policía responden al poder económico”

Cuando una mujer es víctima de feminicidio, empieza también un calvario para la familia en busca de justicia. Estela Quintana es tía de Abigail, una joven de 18 años que fue victimada en 2019, pero es también fundadora y abogada de la organización que agrupa a las familias víctimas de violencia en busca de justicia. Por ambos lados sabe lo que es peregrinar por justicia.

La semana pasada, Quintana contó su testimonio en el Diplomado Acción desde la comunicación: hacia la igualdad de género y una vida sin violencia, que se dicta en la UMSA. A continuación se refleja aquella charla con las y los estudiantes.

¿Cuándo empezó su lucha junto a las familias de las víctimas de violencia?

Mi lucha empieza en el año 2019, en el mes de junio, a raíz del feminicidio de mi sobrina Abigail Quintana, de 18 años. La Policía no actuó de manera inmediata, los familiares nos movilizamos e hicimos la búsqueda, lamentablemente la encontramos sin vida, un domingo 9 de junio, en un estado que duele recordar. A partir de ese día iniciamos la búsqueda de justicia. En esos primeros días yo voy conociendo a muchos familiares que también buscaban justicia por sus hijas, por víctimas que habían perdido meses anteriores, y que no sabían cómo seguir su proceso. Ahí me nace la idea de asesorarles de manera solidaria y voy aglutinando a diferentes familiares. Ahí nace la organización de Familias de víctimas en busca de justicia en Bolivia, una organización compuesta exclusivamente de familiares que han perdido a sus seres queridos, también de infanticidios y agresiones sexuales hacia sus hijas e hijos. Hemos peregrinado bastante, los medios de comunicación nos han acompañado y hemos dado a conocer muchos casos que estaban estancados.

¿Qué casos le han llamado la atención y se han quedado en su mente y por qué?

El caso más duro que me ha tocado vivir es el caso de mi sobrina Abigail. Ha sido muy doloroso y lo sigue siendo porque mañana (viernes 28) tengo otra audiencia. Me tocó revisar detalles muy explícitos de lo que había sucedido ese día, porque ella fue asesinada con más de 22 puñaladas, con un cuchillo de cocina, hasta el grado que se doble el cuchillo de cocina. Le destrozaron la cabecita con piedras grandes, había dos troncos en el lugar de los hechos, bañados en sangre, masa encefálica regada en el pasto, es muy duro. Otro caso con el que me siento muy comprometida es el de Mayerly, que fue descuartizada por Matusalén. La jovencita apenas tenía 17 años, con capacidades especiales, estuvimos con la familia y fue muy duro porque el tipo filmó todo lo que hizo con ella. Son un sinfín de casos que deben impactarnos como mujeres y seres humanos.

¿Por qué cree que hay tanta retardación de justicia o qué pasa, por ejemplo, con el caso de su sobrina que ya data del 2019 y sigue en audiencias?

Lo que pasa es que este sujeto era menor de edad. Hubo muchas falencias, muchas omisiones desde el momento de la investigación, porque él no actuó solo, había la evidencia de que actuó con cómplices, sin embargo, no se hizo el allanamiento de inmediato, sino después de dos meses; la reconstrucción de los hechos nunca se llegó a hacer, solamente una inspección técnica ocular. Hubo mucha obstaculización de parte de la fiscal y la jueza, dejando en libertad a los cómplices que eran mayores de edad. Lo peor de todo es que le dan una sentencia de solo seis años, que decía que él, apenas cumpla la mayoría de edad, sea trasladado a un recinto penitenciario. En el año 2021, insistimos este aspecto con la doctora (Paola) Barriga para que Tadeo Joddy Terceros Tórrez sea trasladado a un centro penitenciario porque hasta entonces solo estaba en un centro de rehabilitación de terapia varones en la ciudad de La Paz. No nos hicieron caso.

Pero, la justicia divina sí existe, porque este año, en el mes de agosto, este sujeto huyó del lugar, luego volvió y pese a que él mismo declara que escapó con la ayuda de su papá, mandan el caso a etapa investigativa durante seis meses. Es aberrante cómo se está llevando la justicia. Así de mal está nuestra justicia, ni con sentencia ejecutoriada se cumple.

¿Usted cree que este comportamiento de la justicia es similar en todos los casos? ¿Por qué actúan así, por corrupción, dejadez?

El de mi sobrina no es el único caso. También se ha visto, por ejemplo, el caso de Celinda Panoso, que también en el año 2019 ha sido victimada en la calle Tarija, el exnovio la degolló. Hace un año y medio le dieron la sentencia, pero no está ejecutoriada, por eso el sujeto apeló. Pueden apelar por tonteras y lo peor es que el juzgado acepta. Van de juzgado en juzgado y lo mandan a Sucre a casación para ratificar o bien para rechazar la sentencia y favorecer al feminicida. De una o de otra manera se lo favorece. Estas leyes que recientemente se han dictado no son ninguna garantía, son simplemente parches. Nosotros como organización, junto a la doctora Paola Barriga, hemos presentado el proyecto de ley de cadena perpetua y sumatoria de delitos. En el caso de feminicidios, tenemos primero una persona desaparecida, luego la violan, la matan con toda la saña, entonces son tres delitos que deberían ser sumados y directamente darles cadena perpetua.

¿Están participando en el proceso para los cambios de la Ley 348?

Hemos sido invitadas por el Ministerio de Justicia el año pasado y hemos presentado algunas inquietudes, como la de la carga económica que recae en las familias, porque desde el momento que se encuentra el cuerpo, todo recae sobre el familiar. Estos sujetos están libres de cualquier carga económica. Para trasladarlos a la reconstrucción, a la inspección técnica, uno tiene que contratar hasta el taxi, cuando se conectan mediante internet, la mamá de la víctima tiene que cargar (megas) al feminicida para que pueda conectarse, sino no se lleva a cabo la audiencia, se suspende. Toda esta carga económica recae sobre el familiar, no solo económica, sino también emocional. Sobre el tema de la cadena perpetua hemos recurrido a un sinfín de ministerios en La Paz, hemos ido a las tres comisiones que se han creado desde el 2019, pero vemos que no hay ningún interés.

Mucho se reclama sobre los derechos humanos de los feminicidas, ¿ustedes se han visto ante esta encrucijada cuando piden penas más duras?

En el caso de Abigail, el feminicida era menor de edad y resaltaron mucho el tema de los derechos humanos, pero la forma cómo la victimó no tiene nombre, todo fue con saña, en complicidad, dónde quedan los derechos de la víctima. Si no hay castigo, como en el caso de Richard Choque, lo han dejado en libertad y miren a cuántas mujeres más ha asesinado, ha violado. No podemos hacer prevalecer sus derechos y dejar a un lado los derechos de las víctimas.

Usted habla de la carga económica para las familias. ¿A cuánto asciende el gasto económico para una familia para pedir justicia?

Tenemos una familia que ha estado siete años peregrinando por justicia. Hasta hace dos años, esta madre había perdido incluso su matrimonio, terminó con la familia desintegrada, vendió su casa, gastó más de 35 mil dólares, porque los involucrados eran ocho, entre hombres y mujeres, que eran compañeros de universidad de la víctima. Tenía que seguir el proceso ella sola contra los ocho. En la sentencia les dieron tres años, cuatro o cinco años. Eso es el referente de lo que gasta una familia. El hecho sucedió el 2013, cuando se estaba introduciendo el feminicidio.

¿Siguen en proceso?

Siguen en proceso porque la mamá apeló esta sentencia porque tres años no es cárcel.

Nuestro estado es muy punitivo. ¿En estas mesas que ha abierto el Estado para la reforma de la Ley 348, no se ha pensado más en tareas de prevención?

Hemos participado exigiendo el resarcimiento económico a las familias de las víctimas, porque el desgaste económico es bastante. Muchas van dejando los procesos por ese desgaste económico y emocional también. Desde el primer momento que se lo procese al feminicida, al asesino, al violador, que recaiga esta carga económica sobre ellos y no sobre nosotros. En el tema de prevención teníamos muchos proyectos, hemos tocado varias puertas, somos organización de familiares, no contamos con recursos externos, solo los nuestros. Nuestra propuesta era hacer afiches y pegarlos en el transporte público, para indicar dónde pueden acudir, pero no hemos recibido ni siquiera un apoyo para poder imprimir estos pequeños afiches de prevención.

¿A cuántas familias agrupa la organización?

En su momento teníamos hasta 80 familias a nivel nacional, pero lamentablemente de estas 80 familias, solo el 3% ha recibido sentencia ejecutoriada, entre el 10% y el 15% hemos llegado a sentencias y el resto siguen en proceso y muchas han dejado los procesos porque les demanda recursos económicos.

¿Cuál cree que es la raíz del problema?

El machismo empieza desde la casa. Si nace una niña, no le dan importancia, pero nace un niño, todos le dan la atención. A esta niña le ponen a servir al hermanito, estos estereotipos van marcando que ese niño tenga cierto poder y cuando tienen novia, no aceptan que los dejen. A consecuencia de estos hechos, uno acude a la Policía y se encuentra con apatía de los funcionarios policiales, a nosotros nos han dicho que ha debido salir a beber, cuando nosotros sabemos que ella no bebía, porque era deportista. Todo para no ir a buscarla. Lo mismo pasa en otros casos de desaparecidas que terminan en hechos lamentables como el nuestro. Estamos frente a funcionarios totalmente indolentes que responden al poder económico y esto crea impunidad y la impunidad está creando más violencia.

¿Cuáles son las tareas pendientes de su organización?

Lo más importante es que nos pongan a funcionarios judiciales probos, que no estén elegidos a dedo, sino por meritocracia. Lo que pasa es que responden a un poder económico y no responden a la población. La sentencia dictada no es una garantía, ni siquiera la sentencia ejecutoriada, todo está en manos de los funcionarios públicos.

¿Cuál es su opinión de la comisión del Gobierno sobre los feminicidas y violadores que fueron liberados?

Nosotros estuvimos desde la primera comisión, que se creó en el año 2019 para hacer seguimiento de los casos de feminicidio. Nosotras ya estábamos con la organización conformada y acudimos a esta primera comisión que estaba presidida por la señora Sonia Brito. Dijeron que iban a hacer la auditoría a los casos, pero en Sucre nos dijeron que no podían auditar los casos si seguían en etapa investigativa, que solamente los que tenían sentencia ejecutoriada podían ser auditados. Es decir, nos han tomado el pelo. La segunda comisión que se creó el pasado año (presidida por la diputada del MAS Estefanía Morales) presentó un informe en diciembre de 2021. Acudimos, llevamos los casos, incluso de provincia, pero sus informes estaban totalmente copiados de la anterior comisión del año 2019. De acuerdo a ese informe, nosotros (caso Abigail) seguíamos en etapa investigativa, cuando ya habíamos recibido sentencia. La tercera comisión, a raíz de esa marcha del 31 de enero, cuando toda la ciudadanía se levanta, nosotras exigimos ser parte de la primera reunión como familiares, estuvimos en la Casa Grande del Pueblo, nos tuvieron toda la mañana y nunca nos dieron parte. Ahí es donde entregamos la propuesta de la cadena perpetua con la sumatoria de condenas, el bono para los niños huérfanos de feminicidio y también la cadena perpetua para violadores, pero nunca nos llamaron, no nos dijeron nada. Hasta el día de hoy no recibimos ningún informe escrito. No hemos visto ningún cambio, no hay ningún tipo de lucha frontal contra el feminicidio.

¿Han recibido apoyo de ONU Mujeres, o de ONG que trabajan en temas de prevención de violencia?

Lamentablemente ninguno. Conocen de la organización, pero ninguna fundación se nos ha acercado para ayudar económicamente o con víveres para los niños huérfanos, nos movilizamos con nuestros recursos económicos.

¿De qué instituciones recibieron más apoyo para seguir los casos?

El viceministro de Justicia nos ha apoyado haciendo seguimiento a nuestros procesos. La presencia de esta autoridad ayuda bastante para que no se incurra en impunidad, es como un veedor.

¿Qué opina sobre la revictimización con la cobertura de los medios de comunicación?

Sé que nos reabren las heridas, pero es la única forma de gritar al mundo lo que estamos viviendo. Tal vez le parezca raro, pero es la única forma de transmitir nuestro dolor y lo que estamos viviendo. Es la única manera de despertar al resto. Es una alerta de que tú también puedes vivir esta situación. Que no te llegue también a ti, lo que se busca también es empatía.