Patty, entre guardaespaldas: “En el MAS se han escondido, yo di la cara”

“¿Me estás rodeando como el gato al ratón, no?”, interpela. Su voz trastabilla. “¡Conmigo no vas a poder!”, desafía. Lidia Patty Mullisaca se siente amenazada, como cuando camina por las calles. “Me escupen y me insultan”, refiere y justifica: “Por eso siempre me acompañan mis seguridades, mis compañeros”. Está cansada de escuchar preguntas sobre las víctimas de Senkata y Sacaba. “Los muertos son jóvenes, uno es pastor”, describe la quechua que aparece públicamente como la denunciante del caso golpe de Estado.

“En el MAS se han escondido, sólo yo puse la cara para reclamar justicia”, se queja la oriunda de Charazani, municipio distante a 243 kilómetros de la ciudad de La Paz. Ella es la demandante (noviembre de 2020) de Luis Fernando Camacho, de exjefes militares y de la Policía por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

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“No sé por qué me preguntan y me preguntan de las víctimas de Senkata. Ustedes saben, han vivido en 2019”, se defiende la estudiante de segundo año de la carrera de Derecho. “Él (Camacho) ha cometido un delito. Yo denuncié como cualquier ciudadano. El que comete delitos, tiene que pagar. Eso pediré siempre”, declara.

En las aulas de una universidad privada asimila argumentos para defenderse jurídicamente. De su comunidad Niño Corín –ubicado en el municipio de Charazani, de la provincia Bautista Saavedra, en La Paz– trae “la educación de no insultar”.

“Ahora que han detenido al señor Camacho, la gente me empuja en las calles. Me escupe, hasta ese extremo llegan. ¿Cómo es posible? Yo no puedo escupir a la gente. ¿Quién soy yo para hacer eso?”, se indigna.

Ataviada con vestimenta originaria de la nación kallawaya, Lidia Patty está siempre acompañada por un grupo de seguridad. “Yo tengo un comité cívico que me acompaña. Ellos sabe cómo vivo. Saben lo que pasa en las calles y por eso siempre están a mi lado mis seguridades, mis compañeros. El comité cívico de El Alto ha pedido garantías para mí”, explica.

Hace más de 30 años a ella también le costaba andar por las calles. “Llegué a los 18 años a la ciudad y no conocía nada. Las mujeres, como no estudiábamos, veníamos a las ciudades a ser empleadas domésticas, de limpieza, cocineras…”, define. Se calla como para rebuscar entre sus recuerdos. “Retorné a mi comunidad a los 24 años. Había una institución que formaba líderes. Ahí salí bachiller acelerado, en un año. Luego trabajé como profesora para enseñar a los niños en idioma quechua”.

Con esa formación, Patty se convierte en dirigente ejecutiva de su provincia, durante cuatro años. “Luego fui candidata del MAS para primer concejal. Luego fui dirigente departamental de las Bartolinas. Después llegué a ser diputada y ahora soy activista”, resume.

Así, con una falda larga gruesa hecha de fibra de llama, con bordados que distinguen a su región, Patty formaba parte del poder legislativo cuando Jeanine Añez portaba la banda presidencial. Estuvo en la transición en la que se anularon las elecciones de 2019, se designaron nuevos miembros del órgano electoral, se prorrogaron los mandatos de todas las autoridades y se celebraron elecciones.

“Ha pasado pues. Ustedes me preguntan, teniendo las pruebas. Yo quisiera rogarles que me faciliten las pruebas que tienen, así ayudamos al pueblo boliviano. Ustedes tienen”, dice para sustentar su teoría de supuesto golpe pese a estar en esa votación de prórroga del mandado de la presidenta Añez. Hoy repudia las voces que hablan de fraude en las elecciones presidenciales de 2019. “Fue un error de nuestras autoridades que estaban en ese entonces. ¿Cómo es posible que inviten a nuestro enemigo, (Luis) Almagro (secretario general de la OEA), para que haga auditoría de las elecciones? Nosotros no queremos veedores en nuestras provincias. Dicen que es fraude, la Unión Europea, y de eso se agarró la derecha porque no nos quiere a los pueblos originarios”.

A Patty también le incomoda la inacción en su partido. “Durante 14 años había tantos profesionales en el MAS. Esos profesionales se escondieron en sus escritorios y ninguno ha defendido al pueblo boliviano. Sólo yo tenía que poner esta denuncia, por eso se hará justicia”. No necesita reconocimiento. “Me dicen títere del Evo (Morales) y del (presidente Luis) Arce”, se ríe. “Ninguno me ha llamado para agradecerme, pero no necesito del agradecimiento. El otro día, el Andrónico Rodríguez, como presidente del Senado, ha dicho: ‘Hemos hecho’. Todos quieren llevarse la flor, pero el momento de defender al pueblo, nos escondemos y cuando todo está hecho, salimos. Eso no es bueno”.

A los 53 años, Patty se declara una activista. Vive de la renta de un minibús que trabaja en la ciudad de El Alto. “Con eso me ayudo”, resalta la madre de tres hijos y esposa de un albañil. “Muchos me preguntan y me dicen que estoy viviendo del Estado, de los impuestos”.

Lidia distingue que lejos está de sus días de parlamentaria. “Cuando era diputada, ganábamos 18 mil y 19 mil bolivianos. Ese dinero no es todo para nosotros. Cuando somos del campo, nos nombran madrinas y las autoridades piden cooperación. No nos podemos olvidar de ellos. Nos invitan a los ampliados y no podemos ir con manos vacías. No repartíamos en efectivo, pero colaborábamos”.

La vecina de una casa alquilada en la zona de Alto Lima, es acusada de haber recibido, en 2015, dinero del Fondo de Desarrollo indígena, Originario y Campesino (Fondioc), junto a otros responsables, por dos proyectos productivos para la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. En 2021, una autoridad originaria reveló a Erbol que la estructura de un centro de apicultura que fue realizada con el dinero del Fondioc en el norte paceño, bajo responsabilidad de Lidia Patty, se deterioró “por la mala construcción”. En su defensa la exdiputada aclara que el proyecto fue transparente.

Para defenderse de esa y otras acusaciones, Patty casi siempre está acompañada por su abogado. “Tengo un solo abogado que me acompaña a las audiencias”, enfatiza. “Yo tengo mis ahorros, con eso hemos empezado, después hemos entrado en acuerdo con él, que tenemos que trabajar por el pueblo”, justifica la kallawaya que llega a los tribunales judiciales en su minibús o “voy en el coche de mi abogado, en un 4×4”, se ríe.

“Yo he tenido varios procesos. He sufrido y ahora quiero ayudar, por eso estoy estudiando derecho”, destaca la paceña que recorre las calles con aguayos, fajas, chuspas, manillas, cintas y lluchus. En su casa cambia. “Nuestra vestimenta es de respeto y me pongo para ir a las oficinas. En mi casa estoy con ropa de casa. Mi vestimenta es para defender al pueblo. Los españoles nos han impuesto sus vestimentas”, protesta. “Ustedes salen a la calle con deportivo, yo me pongo mi pollera, bien amarrado”.

Pertenece a la nación kallawaya. Habla quechua. “Yo he aprendido el castellano para comunicarnos con otras personas. No hablo bien, igual les puedo decir que hablen quechua fluido, igual no podrán”, desarrolla la originaria que tiene aspiraciones diplomáticas. “Todos tenemos derechos de participar en cargos políticos, para nadie sería imposible. Me han criticado, que no soy diplomática para ser embajadora en Paraguay, no es así”.

Está en la casa de sus amigas y sólo le quedan unos minutos para aclarar que “nos hemos reunido en varias oportunidades” con las víctimas de los disturbios en 2019, en Senkata y Sacaba. “Yo los conozco. Me he reunido con ellos. He visto quiénes están muertos. Son jóvenes, un hermano pastor, ahí está. Por eso, ustedes tienen los nombres, todo. Por eso digo, como el gato le persigue al ratón, igualito me estás persiguiendo, de todo lado”, insiste. Minutos después ofrece sus disculpas. “Perdóname si te he ofendido con algunas palabras (ríe)”, ante las preguntas incómodas de este medio. “Entiendo tu trabajo, hermana”, se despide.