La entidad estatal empezará a operar de manera total el 15 de mayo, luego de 13 años de su creación, en medio del rechazo de sectores que piden ser parte del directorio.
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Oficinas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Fuente: paginasiete.bo
Después de casi 13 años desde su creación mediante la Ley 065 de Pensiones, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tomará el lugar de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) de manera total el próximo 15 de mayo, en medio de protestas de jubilados que exigen ser parte del directorio de la entidad.
Página Siete recopiló siete claves para entender el funcionamiento de la entidad estatal de pensiones y siete de los tropiezos que tuvo desde su creación.
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Las claves
1. Inicio de operaciones
Después de 12 años de su creación, en septiembre de 2022, la Gestora Pública comenzó con el proceso de asegurar a los nuevos trabajadores y empleadores al SIP de manera parcial, trabajo que hasta el momento se encuentra en manos de las AFP. Es decir que a partir del 15 de septiembre del año pasado, el Estado se hace cargo del registro de los nuevos trabajadores y empleadores en el Sistema Integral de Pensiones.
En el caso de los trabajadores ya afiliados, la migración de sus datos se concluirá hasta el 15 mayo de 2023, cuando la entidad empiece a operar a toda su capacidad.
2. Migración de datos
Luego de dos intentos fallidos y un arbitraje perdido que costará al Estado 105 millones de dólares, el Gobierno señala que el proceso de migración de datos tiene un 85% de avance y se espera que concluya antes de mayo de 2023. De la misma manera, la Gestora informó que a finales de marzo ya había registrado 35.747 nuevos empleadores y asegurados.
Los trabajadores que actualmente están aportando a las AFP deben continuar haciéndolo hasta mayo de 2023.
“Hasta el momento tenemos un 85 % de avance en el proceso migración. (…) Hasta el 19 de marzo tenemos 26.714 nuevos asegurados, 9.033 empleadores que están trabajando con la plataforma de la Gestora, eso quiere decir que tenemos un total de 35.747 registros a la fecha”, detallo el gerente de la Gestora, Jaime Durán el pasado 20 de marzo.
3. Costos de operación
El gerente de la Gestora indicó que, actualmente, las AFP cobran cuatro comisiones: a los asegurados, a los pensionistas, del fondo de riesgos y del fondo de inversiones. “En nuestro caso, sólo vamos a cobrar una comisión. Eso quiere decir que a partir de mayo de 2023 los jubilados ya no van a pagar esta comisión”, expresó.
“Por norma, del total ganado se debe cobrar el 0,5% y es lo que actualmente se paga a las AFP. Sin embargo, en el caso de las AFP cobran el 1,31% de la pensión de los jubilados. En nuestro caso se baja a cero y ése es un importante beneficio para nuestros jubilados”, apuntó en pasadas entrevistas.
4. Rentabilidad
La rentabilidad de las inversiones que realizan las AFP se sitúa entre el 3% y 4% en los últimos años. Según la Gestora, la entidad buscará aumentar esa rentabilidad.
En febrero pasado, el gerente de la Gestora indicó que, entre septiembre y diciembre de 2022, la entidad logró un 4,51% en promedio de rentabilidad de las pensiones, una tasa mayor a la registrada por las AFP en ese periodo.
“Hemos logrado una rentabilidad promedio, entre septiembre y diciembre de 2022, de 4,51%, que por un lado permite cumplir la promesa que hemos hecho de superar el 4% y por el otro lado es una rentabilidad mayor a la lograda por Previsión, que alcanzó 3,47%, y Futuro, que llegó a 3,34%”.
5. Deudas de empleadores
El gerente de la Gestora indicó que en este periodo de transición las AFP deben hacer “los máximos esfuerzos” para cobrar las deudas de los empleadores; sin embargo, al completarse la transición, la Gestora asumirá el cobro de estas deudas.
“Hay una parte de los cobros que les corresponde; sin embargo, todo lo que se refiere a los cobros administrativos no. Por ejemplo, a mayo una empresa que por cualquier motivo se atrasó un pago de eso nos vamos a hacer cargo nosotros”, dijo Duran a Página Siete en una anterior entrevista.
6. Inversiones
Sobre las inversiones, Durán explicó que se recurrirá a un portafolio que incluye tanto instrumentos de renta variable como instrumentos de renta fija.
“Si bien tenemos algunos instrumentos de renta variable (títulos de propiedad o acciones que generan mayor rentabilidad), una parte se concentra en instrumentos de renta fija (inversiones en bonos que emiten bancos comerciales o el mismo Estado)”.
En el pasado, expertos y analistas expresaron su temor de que los recursos administrados por las AFP se conviertan en una “caja chica” para el Gobierno al darse la transición a la Gestora.
Al respecto, Durán señaló que la Gestora tiene la obligación de publicar sus estados financieros a través de los medios digitales todo el tiempo.
7. Seguridad
Desde su creación y posteriormente con su puesta en marcha parcial, sectores y analistas expresaron su temor de que la Gestora se convierta en la “caja chica” del Gobierno, señalando que una vez que empiece a administrar de manera completa el Sistema Integral de Pensiones (SIP) tendrá control completo sobre los fondos de jubilación.
Al respecto, la Gestora indicó que los recursos de los fondos de pensiones están protegidos por cinco “candados”, los cuales garantizan que los aportes de los trabajadores sean bien cuidados. Estos candados incluyen el control a través de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el control del propio aportante y de auditorías externas.
Sin embargo, expertos señalaron que estos candados pueden ser rotos por el Gobierno al estar a cargo de toda la estructura de control.
Los tropiezos
1. Retrasos
La Gestora fue concebida por la Ley 065 de Pensiones en 2010 y establecida por Decreto Supremo 2248 de enero de 2015, que fijaba su inicio de operaciones para junio de 2016; sin embargo, su inicio de operaciones se postergó en cuatro oportunidades: la primera en 2016, la segunda en septiembre de 2017, la tercera en marzo de 2019 y la cuarta en septiembre de 2021.
Finalmente, en septiembre de 2022, la entidad arrancó de manera parcial, registrando a nuevos aportantes del Sistema Integral de Pensiones (SIP). De acuerdo con el cronograma establecido por el DS 4585, la Gestora tomará control total del SIP a partir de mayo de 2023.
2. Software
En febrero de 2017, la Gestora contrató a la empresa panameña Sysde International para el desarrollo del software de administración de pensiones por un costo de 5,1 millones de dólares.
En 2018 se resuelve el contrato con Sysde. De acuerdo con una auditoría realizada por el gobierno de transición, a la empresa panameña se le pagó el 59% del monto del contrato por $us 3,05 millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes); sin embargo, el software nunca fue entregado de acuerdo con el contrato.
En 2019, el Gobierno realizó la contratación directa de la colombiana Heinsohn por 10,5 millones de dólares.
El informe de auditoría señala que “resuelto el contrato con Sysde, se contrata nuevamente la compra de un software con la empresa colombiana Heinsohn”. “La empresa ofrece la venta de un bien (software), pero el contrato establece que la empresa es propietaria del bien y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no es venta sino un alquiler del bien)”.
El contrato con esta empresa fue congelado en diciembre de 2019 por el gobierno de transición y reactivado por el actual Gobierno. Según los informes, hasta julio pasado, éste tenía un avance del 82%.
3. Gastos
La Gestora Pública de la Seguridad Social gastó 85 millones de bolivianos en promedio por año desde 2016 a junio de este año. La mayor parte de los recursos se fueron a servicios personales y no personales.
En este período la entidad estatal gastó 553 millones de bolivianos, según revelan datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep). De este monto, 116,8 millones de bolivianos fueron para cubrir servicios personales, que son gastos por concepto de servicios prestados por el personal como remuneraciones, así como aportes patronales al sistema de previsión social y otros.
Otros 305,4 millones de bolivianos fueron a servicios no personales. Es decir, en estas dos partidas se gastaron 422 millones de los 553 millones de bolivianos. Estos gastos son para atender pagos por la prestación de servicios de carácter no personal como ser: servicios básicos (agua, electricidad), alquileres, mantenimiento y reparación de equipos, servicios profesionales como las consultorías.
4. Sueldos
De acuerdo con el DS 2248, el gerente y el presidente del directorio de la Gestora debían ganar 70.000 bolivianos mensuales, mientras que los gerentes regionales debían recibir 50.000 bolivianos mensuales. Asimismo, en 2017, la Gestora contrató a tres consultores por 2,5 millones de bolivianos cada uno por un plazo de 24 meses, es decir que recibirían 104 mil bolivianos por mes trabajado.
Estas situaciones generaron críticas en la Central Obrera Boliviana (COB) que logró que los sueldos de los ejecutivos se reduzcan a la mitad.
De acuerdo con su última escala salarial, se determina que el gerente general tenga un haber básico de 35.000 bolivianos; le sigue el cargo de gerente nacional con una remuneración de 25.000; subgerente, 20.000; y asesor, 18.000 bolivianos.
5. Inversiones
Según los reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), cerca del 30% de los fondos de pensiones se encuentra invertido en valores emitidos por el Estado y éste, por ley, no tiene límites para aumentar su participación cuando la Gestora inicie sus operaciones.
Esta situación fue criticada por analistas y trabajadores que señalaron que la Gestora se convertirá en una entidad de préstamos para el Gobierno.
6. Laudo
En 2018, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) inició una demanda de arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el cual se resolvió en julio de 2022.
Las postergaciones para el funcionamiento de la Gestora Pública derivaron en que el Tribunal arbitral del CIADI dictaminara que el Estado boliviano deberá indemnizar con 105 millones de dólares a BBVA Previsión por un presunto “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización de pensiones.
7. Rechazo de los sectores
La semana pasada, jubilados y fabriles marcharon exigiendo cambios en la Gestora Pública, así como ser parte del directorio de la entidad, este reclamo no es nuevo, puesto que el año pasado, mineros asalariados, mineros cooperativistas, maestros, médicos y fabriles expresaron su desconfianza en la Gestora Pública y también exigieron ser parte del directorio.
En ese entonces, el Gobierno señaló que cualquier trabajador puede postularse para ser elegido como un miembro del directorio, sin embargo, indicó que estas personas deben tener un perfil técnico y cumplir con los requisitos que demanda la Ley.
El artículo 154 de la Ley Pensiones 065 dice que el presidente y cuatro directores serán elegidos por el presidente de Bolivia de ternas aprobadas por dos tercios de votos en Diputados. El artículo 156 añade que uno de los requisitos para ser elegido director es “contar con amplia experiencia y conocimiento en materia de pensiones, económica y/o financiera”.
Rodolfo Ayala, secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones sostuvo que esto no es posible porque finalmente el dinero que administrará la Gestora es de los trabajadores y jubilados, por lo tanto, éstos deben participar en el Directorio de forma activa y no sólo como control social que es lo que pretende el Gobierno.
“Nosotros como trabajadores activos y jubilados debemos ser parte de la Gestora, pero el Gobierno quiere que esto solo lo maneje el Estado y hemos presentado un proyecto de Ley a la Asamblea”, remarcó.
Explicó que se debe evitar los malos manejos del Estado cuando estaba a cargo del antiguo sistema de reparto. “El Estado no garantiza las pensiones. Es importante que los trabajadores activos y jubilados participen el Directorio porque se debe conocer cómo se está invirtiendo, destino del dinero, donde se van las utilidades”, precisó.
Señaló que la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS) no puede fiscalizar a la Gestora si ambas entidades son del Estado o dependientes del gobierno de turno al igual que el Viceministerio de Pensiones.