Familias de víctimas de octubre de 2003 afirman que fallo contra Goni marcó un antecedente histórico


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Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Foto: Internet

“Es un antecedente histórico, nadie es intocable en esta vida”, así calificaron los familiares de las víctimas de octubre de 2003, en la denominada guerra del gas, al acuerdo confidencial al que se arribó a raíz del fallo en el proceso civil que se presentó en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

Fuente: ANF

“La sentencia que se ha dictado en 2018 y que ahora ha sido ratificada es muy importante para nosotros, porque afirma que ellos son responsables de los asesinatos en 2003. La conciliación le da fin a este proceso y esto marca un antecedente histórico, nadie es intocable y deja un mensaje claro”, afirmó Patricio Quispe, uno de los familiares de las victimas a la ANF.



Este jueves se conoció que los demandantes de 10 víctimas de ese conflicto llegaron a un acuerdo confidencial con los demandados por las muertes de septiembre y octubre de 2003. Sin embargo, no se dieron más detalles debido a que en el documento se insertó una cláusula de confidencialidad.

En ese sentido, Eloy Rojas, padre de Marlene que falleció a causa de un impacto de bala en el municipio de Warisata, recordó que tras el deceso de su hija prometió que iba a buscar justicia y que se sancione a los responsables de su muerte. Dijo que enfrentaron varios momentos difíciles mientras duró el proceso, tuvo que alejarse de su familia porque debía trasladarse a Estados Unidos para declarar ante la corte que llevó el caso.

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“Desde el día que ha pasado esto hemos asumido un compromiso en la tumba de nuestros muertos y teníamos que cumplir. Hemos pasado momentos difíciles, hemos abandonado nuestras comunidades y a nuestras familias en búsqueda de justicia y no los hemos defraudado”, puntualizó.

El 20 de septiembre de ese año, Marlene perdió la vida cuando recibió un impacto de bala en el pecho mientras miraba desde la ventana de su casa el ingreso de los militares a Warisata. En ese entonces tenía ocho años de edad y vivía en una casa de adobe de dos pisos, junto a sus cuatro hermanas y sus padres, Eloy Rojas Mamani, de profesión albañil, y Etelvina Ramos Mamani.

Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada a causa de una herida de bala porque el proyectil perforó la pared de su casa, dijo que este proceso muestra que nadie es intocable, pese a que tengas poder. Consideró que se hizo justicia, aunque espera que el proceso de extradición en el país pueda reactivarse.

“Nadie es intocable en esta vida, por más que tenga plata, lo que sea. Nosotros hemos hecho justicia. Nosotros como familiares hemos llegado hasta las últimas consecuencias y hemos ganados en su territorio, lo que falta es la extradición para que pague ante la justicia”, sostuvo.

Extradición 

Con relación a la extradición del exmandatario, Quispe espera que el fallo obtenido en el país del norte permita reactivar el trámite de extradición por parte del Gobierno y que, de esa forma, pueda enfrentar a la justicia boliviana. Lamentó que hasta el momento las autoridades no hayan concretado ese procedimiento.

A la vez, dijo que desde Rogelio Mayta fue designado como ministro de Relaciones Exteriores no sostuvieron ninguna reunión. Esperan que se pueda concretar un encuentro para que les expliquen en qué estado se encuentra el procedimiento y se asumirá alguna acción.

“Esperemos que este dictamen impulse el proceso en el país, que el dictamen que se logró en estados nos permita continuar con la extradición. Lamentablemente no hemos avanzado nada en ese proceso y sería necesario preguntar al Canciller (Rogelio Mayta) para saber qué han hecho durante estos años”, señaló.

En noviembre de 2009, el Gobierno solicitó la extradición del expresidente, pero esta fue rechazada por el Tribunal de Distrito del Sur de Florida bajo el argumento de que no había base para la acusación por crímenes de lesa humanidad.

En el país se desarrolló un juicio contra el exmandatario por genocidio y en agosto de 2011 se emitió una sentencia contra siete acusados, cinco exjefes militares y dos exministros: Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, que permanecieron en Bolivia.