El problema del hacinamiento carcelario en Bolivia, particularmente en departamentos como Oruro, es una cuestión que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las cárceles en esta región enfrentan una grave crisis de sobrepoblación, lo que ha llevado a condiciones inhumanas y degradantes para los reclusos. Esta problemática se agrava por la falta de infraestructura adecuada y recursos insuficientes destinados al sistema penitenciario.
Fuente: Red Uno
Oruro, Bolivia.-
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En primer lugar, este conflicto de orden social se debe, en gran medida, al aumento en el número de detenidos y la falta de una política efectiva para abordar este crecimiento. Las instalaciones carcelarias están diseñadas para albergar una cierta cantidad de reclusos, pero la sobrepoblación ha llevado a un hacinamiento extremo, donde los internos tienen que vivir en espacios reducidos y con un acceso limitado a servicios básicos como atención médica y saneamiento.
Además, el hacinamiento carcelario tiene graves implicaciones para la seguridad y rehabilitación de los reclusos. La falta de espacio y recursos dificulta la separación de grupos criminales, lo que a menudo da lugar a conflictos internos y situaciones peligrosas. Asimismo, la falta de programas de rehabilitación y reinserción efectivos agrava la reincidencia delictiva y perpetúa un ciclo de criminalidad.
En el caso del penal de San Pedro, predio construido para un máximo de 450 reclusos, alberga a más de 1,400 privados de libertad.
Para la juez de ejecución penal, Erika Aráoz, el problema es latente en todos los recintos penitenciarios del país, a pesar de todos los trabajos de ampliación que puedan realizarse.
«Un hacinamiento con un porcentaje tan elevado resulta ser un riesgo en diferentes aspectos, el mayor número de delitos es por tráfico de sustancias controladas, violación«, agregó.
En las cifras, del 100% de los privados de libertad, el 55% cumple detención preventiva y el 45% tiene sentencia condenatoria ejecutoriada.
A su tiempo, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, enfatizó que existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que pretende descongestionar los recintos y que la tecnología permita efectividad en el seguimiento a los privados de libertad que guardan detención preventiva.
«Nos sumamos al pedido de que nuestros legisladores aprueben este proyecto que vendría muy bien. A nivel nacional, 17,000 de 28,000 privados de libertad están en una situación jurídica incierta, el 67%. Estamos viendo qué alternativas se tienen que asumir para privados de libertad que les corresponda la libertad», acotó.