Legisladores de ese bloque enviaron una misiva tras que el organismo rechazó otorgar medidas cautelares al cocalero Cesar Apaza.
eju.tv
Pablo Peralta M. / La Paz
La bancada de Creemos, liderada por la senadora Centa Rek, envió una dura carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras que ese organismo rechazara otorgar medidas cautelares al cocalero César Apaza. En la misiva, ese bloque político sindica al organismo de “alinearse” a los gobiernos que violan los derechos humanos.
“No comprendemos las razones de por qué la CIDH se empeña en alinearse a los gobiernos criminales y corruptos que, como el de Bolivia, violan de forma sistemática los derechos humanos, favoreciéndolos al no otorgar tutela en casos como el de César Apaza”, se lee en la misiva que está dirigida a Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.
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En la carta, que está fechada en 22 de diciembre, los legisladores firmantes le expresan a la ejecutiva su rechazo “a la actuación arbitraria y dependiente de la CIDH” respecto al caso de Apaza. Argumentan que no hay fundamento alguno que respalde el no otorgamiento de la cautelar.
Los legisladores indican que durante los diez meses que estuvo abierto el trámite, fue actualizado de forma diligente y documentado con más de 18 notas de información adicional; además, señalan que se acudió a las reuniones convocadas, se respondió a las solicitudes de información y se acreditó el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable ante el inminente riesgo de vida de Apaza.
“La dependencia política de la CIDH se evidencia al haber redactado con mucho tacto la nota de cierre, que, a pesar de resaltar las peculiaridades del caso de Apaza, no otorga la tutela, pero sugiere que el Estado continúe siendo el garante de su vida, permita que sea visitado y cuidado por los familiares y que, como solicitantes, colaboremos de forma positiva, tal y como si se hubiera otorgado la cautelar y ordenado la concertación de las medidas de protección en favor de Apaza”, indican los firmantes.
Quienes suscriben la misiva también señalan que su decisión en el caso, como sucedió en las causas relacionadas con la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador Fernando Camacho, dejó en la indefensión a la víctima ante los excesos del gobierno boliviano.
“El no otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas en favor de presos y perseguidos políticos, pretende dibujar una imagen democrática inexistente de Bolivia como Estado garante de los derechos humanos y evita que queden registros que puedan emplearse para constatar patrones de violaciones sistemáticas”, se asegura en la misiva.
Los legisladores cierran la carta que continuarán luchando por la defensa de los derechos humanos, aunque ello “implique destruir la falsa institucionalidad de estructuras internacionales, que como la CIDH constituyen una pseudo garantía de nuestros derechos”.