Mientras en Bolivia se engaña con discursos y encuestas falsas sobre la coca, desde afuera se perciben graves riesgos sobre la vida del país.
Editorial El Día
No ganan nada las autoridades bolivianas con afirmar que es peruana y no boliviana la tonelada de droga hallada en una vivienda de Santa Cruz la semana pasada. La Bolivia de Evo Morales no sólo está cuestionada por el dramático incremento en la producción de coca y cocaína, sino también porque se han laxado los sistemas de control del narcotráfico, lo que permite a los peruanos usar con facilidad este territorio como tránsito hacia otros países.
Tampoco es motivo de orgullo encontrar todos los días tanta cocaína, sabiendo que se incauta sólo una pequeña parte de la droga que se produce y que logra salir del país. Ambos discursos se han agotado y es necesario admitir lo innegable, que la producción de cocaína se ha desbordado a niveles alarmantes.
El Gobierno reconoce indirectamente que sus argumentos se le están agotando y por eso prepara la “gran mentira”, que consiste en una encuesta sobre el consumo “tradicional” de la coca. El cuestionario puede ser respondido incluso por niños de cinco años, lo que es una aberración, pero no la única, ya que se pretende hacer el sondeo en el campo y en la ciudad en partes iguales, sabiendo que la población rural representa el 30 por ciento y la urbana el 70 por ciento. El objetivo es llegar a cifras estrafalarias que justifiquen el aumento de los cultivos “legales” de coca a 20 mil o tal vez 30 mil hectáreas, según lo han vaticinado los mismos impulsores de la encuesta.
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Un solo dato derrumba la hipótesis de que en Bolivia el “consumo tradicional” es capaz de absorber toda la producción de coca de esas 20 mil hectáreas o más. Desde el año 2006, sólo un poco más del 30 por ciento en promedio de la coca que se cosecha, pasa por los mercados legales, el resto –unas 35 mil toneladas-, se va a los mercados “no autorizados” y lo más probable es que terminen en las factorías de droga de cualquier lugar del país, porque además, hoy da lo mismo procesar cocaína en El Alto, en Chiquitos, el Plan Tres Mil o Quillacollo, gracias a las modernas tecnologías que han llegado de la mano de las mafias colombianas.
El problema adquiere dimensiones muy serias cuando desde el corazón de Nueva York, el diario The Wall Street Journal, que suele meterse en otros asuntos como la Bolsa de Comercio, las finanzas o el mercado del petróleo, se ocupa de la cocaína en Bolivia. Semejante mensajero, según el cual, la producción de cocaína ha aumentado en un 65 por ciento desde que Evo Morales llegó al poder, no puede ser más que el adelanto de malos augurios para el Gobierno, que está empeñado en conseguir la despenalización de la hoja de coca en la ONU. Hace poco más de un mes, Venezuela fue declarado por Estados Unidos un “narco-estado”, lo que debería servir para que algunos pongan las barbas en remojo.
De acuerdo al informe sobre Venezuela, en ese país el narcotráfico se ha convertido en otra de las fuentes de financiamiento del plan expansionista de Chávez, de quien se ha demostrado un fuerte nexo con las narcoguerrillas de las FARC. “En Bolivia –dice el diario norteamericano- todo el mundo se está enriqueciendo con la producción de droga, que empieza a carcomer los cimientos del país y no pasará mucho tiempo antes de que las organizaciones del narcotráfico puedan secuestrar al Gobierno”.