PERÚ. El Presidente peruano pedirá datos de la agenda de 13 puntos en la cumbre de Unasur. Choquehuanca dice que no firmará trato del Silala sin socializarlo y que no se renunciará a la deuda histórica
Convocatoria: el vicecanciller Hugo Fernández y el embajador Fernando Rojas, ayer en la Cancillería (La Prensa)
La Razón
García exige que Bolivia y Chile revelen negociaciones
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El presidente del Perú, Alan García, declaró ayer que es importante que los países de América del Sur sepan ´qué se negocia´ en las conversaciones reservadas entre Chile y Bolivia, y opinó que habrá oportunidad de preguntarles durante la cumbre de Unasur este viernes en Argentina.
Seguramente ahora, en Bariloche (durante la cita de la Unión de Naciones Suramericanas), habrá oportunidad de preguntar cuáles son los 3 puntos´ de la agenda chileno-boliviana, declaró García a los periodistas en Lima.
García causó revuelo en Bolivia y Chile cuando comentó en una entrevista publicada el domingo por el diario chileno La Tercera sobre la posibilidad de que La Paz y Santiago tengan algún acuerdo ´bajo la mesa´ sobre la reivindicación boliviana de recuperar su litoral en el Pacífico, que perdió en el siglo XIX.
El canciller chileno, Mariano Fernández, confirmó que Bolivia y Chile trabajan de manera ´reservada´ una agenda de 13 puntos desde el año 2006 y añadió que cuando ambos países concreten algún acuerdo sobre la aspiración marítima del país altiplánico, ´se dará a conocer´.
El Mandatario agregó que ´es importante que todos en América sepamos de qué se trata, porque siempre hay antiguos intereses peruanos´ en una hipotética resolución de las diferencias chileno-bolivianas.
En el caso de que Chile otorgue a Bolivia una salida al mar por territorios que pertenecieron al Perú, esta nación debe ser consultada previamente por sus dos vecinos. García se mostró satisfecho de que se haya conocido que se están dando esas negociaciones ´gracias a una solicitud (suya) de que se dijera la verdad´.
Ayer, el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, pidió a García que sea ´más respetuoso´ con sus declaraciones sobre Bolivia y Chile, y convocó al embajador de Lima en La Paz, Fernando Rojas, a una reunión en la Cancillería. Lima, EFE
Gobiernos admiten diferencias
Los gobiernos de Bolivia y Perú reconocieron ayer que tienen diferencias, pero también mostraron su interés por superar los roces diplomáticos que dañan sus relaciones bilaterales.
“Es bueno y es sano que expresemos nuestras diferencias porque cada uno de nuestros países tiene que defender sus intereses, eso no debe interpretarse como si estuviéramos yendo a una ruptura, eso debe interpretarse como que queremos trabajar”, señaló el vicecanciller Hugo Fernández, tras una reunión con el embajador del Perú en Bolivia, Fernando Rojas.
El diplomático peruano coincidió en que “es cierto que tenemos diferencias, pero es cierto también que tenemos una agenda mucho más amplia, mucho más rica y en ese sentido esta conversación nos ha permitido enfocarla para poder avanzar”.
La reunión se realizó a pedido del Gobierno boliviano, que convocó a Rojas para que explique las declaraciones del presidente Alan García sobre un pacto reservado entre Bolivia y Chile.
Gobierno dice que no firmará trato del Silala sin socializarlo
EL CANCILLER AFIRMA QUE NO SE RENUNCIARÁ A LA DEUDA HISTÓRICA DE CHILE CON BOLIVIA
La Prensa
Los cívicos potosinos y el Ejecutivo confirmaron la reunión del 3 de septiembre en Quetena.
El Gobierno aseguró ayer que no suscribirá “ningún acuerdo” sobre el Silala con Chile “a espaldas del pueblo boliviano” y garantizó que se proseguirá con la socialización del preacuerdo redactado con Santiago para mejorar el porcentaje que el país vecino ofrece pagar por esas aguas.
Según la agencia ANF, el canciller David Choquehuanca hizo esa declaración tras la reunión sostenida ayer por la mañana entre el presidente Evo Morales y la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
“No vamos a firmar ningún acuerdo a espaldas del pueblo boliviano, por eso estamos socializando. No se ha firmado nada, no se va a firmar nada, sin que el pueblo boliviano conozca antes, pero vamos a seguir trabajando”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia hizo público, por requerimiento de Comcipo, el preacuerdo de 17 puntos sobre el Silala, en el que Chile propone pagar por el 50 por ciento de ese recurso hídrico hasta que en cuatro años se concluyan los estudios para determinar su naturaleza y procedencia.
Choquehuanca explicó este martes que de firmarse el documento, éste tiene que ser homologado por los parlamentos de Bolivia y Chile para luego iniciar un proceso de estudios científicos de cuatro años para la “construcción de una propuesta de largo plazo que permita a los bolivianos que ese país compense por el 100 por ciento de las aguas que pertenecen al territorio nacional”.
Reiteró que con el preacuerdo no se está renunciando a la deuda histórica que tiene el Estado chileno con el de Bolivia por el uso de las aguas del Silala desde 1908.
Reunión con Evo
El presidente de Comcipo, Celestino Condori, sostuvo, tras el encuentro con el presidente Morales, que se ratificó el 3 de septiembre como fecha de la reunión de coordinación con instancias gubernamentales y campesinos de la provincia Sud Lípez de Potosí.
Puntualizó que “el preacuerdo, como está, no puede ser firmado. El objetivo es consensuar para que todo lo que en este momento se objeta se modifique. Queremos hacer propuestas con la población para debatir. Invitamos a todos a que participen en (la comunidad de) Quetena”. Reiteró que una de las exigencias de su sector es que en el texto se incluya la obligación por parte de Chile del pago del cien por ciento de la deuda histórica por el uso de las aguas del Silala.
Aunque no especificó cuál fue la respuesta del Jefe de Estado sobre ese punto.
Sin embargo, indicó que “el Presidente aseguró la voluntad del Ejecutivo de mejorar el acuerdo inicial. Hay que trabajar, hay que estudiar, no se puede adelantar nada, hay que buscar la mejor solución para el país y para el departamento de Potosí. Es una propuesta y puede ser modificada”. La negociación del pre-acuerdo es parte de las negociaciones iniciadas en 2006 entre La Paz y Santiago con la firma de la agenda de 13 puntos, que incluye por primera vez el tratamiento de una salida al Pacífico para Bolivia.
Durante una reunión efectuada el 11 de este mes en La Paz con los cívicos potosinos, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que el preacuerdo sobre el Silala puede ser mejorado y abrió la posibilidad de congelar el asunto hasta el próximo año porque hay la necesidad de socializar el texto del documento en todo el país.
Ese mismo día, un grupo de integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) quemó en la plaza Murillo una bandera chilena como señal de rechazo al contenido del preacuerdo.
Los partidos de la oposición, como Podemos y el MNR, también hicieron fuertes críticas al mandatario Morales, e incluso dijeron que éste incurriría en “traición a la patria” si firmase el documento.
Lima pedirá explicación a La Paz y Santiago en Unasur
El presidente de Perú, Alan García, declaró ayer que es importante que los países de América del Sur sepan “qué se negocia” en las conversaciones reservadas entre Chile y Bolivia, y opinó que habrá oportunidad de preguntarles durante la cumbre de Unasur este viernes en Argentina.
“Seguramente ahora, en Bariloche (durante la cita de la Unión de Naciones Suramericanas), habrá oportunidad de preguntar cuáles son los 13 puntos” de la agenda chileno-boliviana, declaró García a los periodistas en Lima.
García causó revuelo en Bolivia y Chile cuando comentó en una entrevista publicada el domingo por el diario chileno La Tercera acerca de la posibilidad de que La Paz y Santiago tengan algún acuerdo “bajo la mesa” sobre la reivindicación boliviana de recuperar su litoral en el Pacífico, que perdió en el siglo XIX.
El Mandatario agregó que “es importante que todos en América sepamos de qué se trata, porque siempre hay antiguos intereses peruanos” en una hipotética resolución de las diferencias chileno-bolivianas. En el caso de que Chile otorgue a Bolivia una salida al mar por territorios que pertenecieron a Perú, esta nación debe ser consultada.
Relaciones diplomáticas
El vicecanciller Hugo Fernández y el embajador de Perú, Fernando Rojas, minimizaron el nuevo clima de tensión causado por las declaraciones de los mandatarios Alan García y Evo Morales, y afirmaron que ambos países trabajan para mejorar las relaciones bilaterales pese a tener diferencias.
Rojas fue convocado por el canciller David Choquehuanca la mañana de ayer para explicar las declaraciones de García sobre la existencia de un acuerdo secreto sobre el mar entre La Paz y Santiago.
Según Fernández, “esta conversación ha servido para analizar las diferencias que, evidentemente, existen entre ambos países”. Rojas también habló de “diferencias”, pero recordó que Bolivia y Perú tienen una larga historia de amistad y cooperación.
Por su parte, Choquehuanca aseguró en su informe en el Senado sobre el Silala que La Paz y Santiago no firmaron todavía un acuerdo. Ese reporte oral fue suspendido sin fecha por pedido del Canciller.
Justicia peruana dice que el asilo a ministros no se toca
OCTUBRE • El titular del Poder Judicial del Perú dice que una vez otorgado, no se revisa.
La Razón
El presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Villa Stein, dijo ayer que si el Gobierno de Lima ya concedió asilo a tres ex ministros bolivianos, requeridos en su país por ´genocidio´, este asunto ´no puede ser tocado´ porque fue sometido a ´un control de politicidad´.
´En uso de sus atribuciones y soberanía, (se) tiene que evaluar y hacer el control de politicidad en el tema y si el Estado peruano ya consintió el asilo, es un asunto que no puede ser tocado´, dijo Villa Stein en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Wálter Gutiérrez, comentó que el pedido de extradición resulta improcedente debido a que los ex ministros ya cuentan con el estatus jurídico de asilado o refugiado.
La Corte Suprema de Bolivia aprobó el lunes una resolución para solicitar a la justicia peruana la detención y extradición de tres ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) asilados y refugiados en Perú.
Se trata de Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres-Goitia, quienes figuran entre los 17 acusados por nueve delitos cometidos en las protestas de octubre del año 2003, que se saldaron con 60 muertos.
La decisión del Gobierno de Lima de concederles asilo y refugio contribuyó a deteriorar aún más las relaciones entre Perú y Bolivia. Actualmente, los dos países están enfrentados por unas recientes declaraciones del presidente Alan García. Lima, EFE
ANTECEDENTES
Perú • El Gobierno peruano concedió asilo político al ex ministro Jorge Torres Obleas y refugió a sus ex colegas Mirtha Quevedo y Javier Torres-Goitia, todos enjuiciados en el país.
Demanda • El gobierno de Evo Morales exige a Perú que suspenda ese beneficio como una de las principales condiciones para reencaminar las relaciones bilaterales.
Justicia de Perú reafirma el asilo a ex ministros de Goni
EL FISCAL MENDOZA DICE QUE VILLA STEIN EMITIÓ UN PRE-JUICIO
La Prensa
La Corte Suprema, según el fiscal Mendoza, aún no envió el exhorto suplicatorio a Lima.
El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Villa Stein, dijo dijo que si el Gobierno de Lima ya concedió asilo a tres ex ministros bolivianos, requeridos en su país por «genocidio», este asunto «no puede ser tocado» porque fue sometido a «un control de politicidad».
«En uso de sus atribuciones y soberanía, (se) tiene que evaluar y hacer el control de politicidad en el tema y si el Estado peruano ya consintió el asilo, es un asunto que no puede ser tocado», manifestó Villa Stein en declaraciones citadas, según Efe, por la agencia estatal Andina.
Por su lado, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, comentó ayer que el pedido de extradición resulta improcedente debido a que los ex ministros ya cuentan con el estátus jurídico de asilado o refugiado.
La Corte Suprema de Bolivia aprobó el lunes una resolución para solicitar a la justicia peruana la detención y extradición de tres ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR (2002-2003), refugiados en el vecino país.
Se trata de Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia, quienes figuran entre los 17 acusados por nueve delitos cometidos en las protestas de octubre de 2003, que se saldaron con 60 muertos.
El Ejército y la Policía boliviana reprimieron durante esas protestas a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Quevedo, Torres Obleas y Torrez Goitia, declarados «en rebeldía» en mayo pasado por no haberse presentado a la audiencia para iniciar el juicio, salieron de Bolivia sin las autorizaciones pertinentes, pese a tener un proceso en contra, y buscaron asilo político en Perú. La decisión del Gobierno de Lima de concederles refugio contribuyó a deteriorar las relaciones entre Perú y Bolivia.
En los dos últimos meses se conoció también que el ex ministro de Educación de Sánchez de Lozada, Hugo Carvajal (MIR), viajó a España para no ser procesado por el caso octubre negro.
Una situación parecida ocurrió con el ex titular de Agricultura, Guido Añez (MIR), quien partío hacia Estados Unidos. En tanto que el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, sigue con destino desconocido desde julio.
La Corte Suprema comenzó el proceso el 18 de mayo de este año, tras cinco años de retraso. Pero la anterior semana, se paralizó hasta el 3 de septiembre porque uno de los implicados, el almirante Luis Alberto Granados, no tenía recursos para pagar un abogado.
La reacción
El canciller David Choquehuanca dijo este martes en La Paz que no conocía las declaraciones de Villa Stein y se abstuvo de hablar de este tema. Mientras que el fiscal abscrito al caso de octubre negro, Miltón Mendoza la calificó como “un claro hecho de prejusgamiento, porque está dando opiniones anticipadas sin que haya un pronunciamiento oficial de la Suprema de Bolivia”.
De acuerdo con su experiencia, Villa Stein “debería ser apartado, aunque reconozco que no sé cómo es la estructura del Poder Judicial peruano, él debería ser apartado o, recusado”.
Bolivia concedió en 1990 refugió a Wálter Chávez, quien es acusado en Perú de mantener relaciones con el grupo subversivo MRTA. Lima reclama su extradicción, pero La Paz la niega.
Se formó Tribunal de Sentencia
La Cámara de Senadores aprobó anoche la constitución del Tribunal de Sentencia para iniciar el juicio de responsabilidades al suspendido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernandez, presentado por la Cámara de Diputados.
La acusación fue remitida en julio por el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo (MAS), contra Fernández por el por delito negativa y retardación de justicia en el caso de “octubre negro de 2003”, donde perdieron la vida al menos 67 personas.
El titular de la Cámara Alta, Oscar Ortiz (Podemos), fue elegido por 22 votos presidente del Tribunal de Sentencia, mientras que su colega Orlando Careaga, fungirá como secretario. Los otros miembros de esa instancia serán los restante 25 senadores.
Ortiz precisó que la primera audiencia se realizará el martes el 29 de septiembre por tiempo y materia, aunque previamente se notificarán a la defensa de las víctimas y a los miembros del Tribunal que componen los 27 sendores.
La comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, de la Cámara de Diputados estará a cardo de sostener la acusación.