Los medios impresos o digitales que recibieron dinero del Estado son de propiedad de funcionarios públicos, exfuncionarios o familiares de éstos.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
El Gobierno boliviano destinó más de 500 mil dólares a un grupo de 28 medios de comunicación, impresos y digitales cuyos accionistas, gerentes o representantes están vinculados a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-hasta ahora), según una investigación periodística publicada por Ojo Público.
«Los depósitos se realizaron bajo la figura de la concesión de contratos de publicidad entre el 2018 y 2023. Entre los favorecidos aparecen personas vinculadas a estos medios que eran funcionarios públicos o que, en simultáneo, ejercían cargos en el Estado. Uno de los casos más destacados corresponde a alguien citado como asesor de la Presidencia y actual militante del Movimiento al Socialismo (MAS), partido en el poder, casi de manera ininterrumpida, desde el 2006», señala una parte del reportaje realizado por Sabrina Lanza y Leny Chuquimia.
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Los datos extraídos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) señalan que los medios, desde impresos hasta portales de internet, de reciente creación y limitado alcance de audiencia recibieron más de 500 mil dólares, derivados de 94 contratos de publicidad con funcionarios o extrabajadores del órgano Ejecutivo.
En 14 de los 28 casos antes citados, los trabajadores públicos firmaron directamente los contratos de publicidad que favorecieron a sus respectivos medios entre el 2018 y el 2023, mientras que, en los restantes, figuran como socios, fundadores, representantes o parte del equipo editor o columnistas, destaca la investigación.
Entre los medios citados en la investigación se destacan a La Época, El Libertador, El Mamoré, Acuerdos, Tupiza es Noticia, Prensa Rural, El Progreso de Pando, Sin Mordaza Digital, Voces, Bolnews, El Quirquincho y otros.
En el caso de La Época, que publica un ejemplar cada domingo desde 2018 cuando Evo Morales era presidente, el 90% de las acciones se encuentra registrado a nombre del exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, quien es militante del MAS, el partido en función de gobierno, y recientemente fue presentado como "asesor de seguridad de la Presidencia" durante la firma de un memorándum entre la Cancillería de Bolivia y Rusia, según la agencia de noticias rusa Sputnik.
El 10% de las acciones del citado medio corresponden a Roberto Mojica, quien también fue identificado por la investigación, como funcionario público.
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Otro caso identificado en el reportaje es el caso del grupo Santiváñez que es propietario de los semanarios El Mamoré, El Progreso de Pando y El Norte al Día. Sus dueños también son funcionarios públicos.
El Quiriquincho, otro medio beneficiado con publicidad estatal, es de propiedad de un excónsul de Bolivia en Argentina entre 2016 y 2017.
El modelo de negocio de otros medios identificados por Ojo Público es similar entre uno y otro, funcionarios públicos o familiares de éstos reciben publicidad del Estado.