La viceministra Alcón dijo que cualquier acción en el legislativo debe basarse en el marco de la Constitución Política y las normas vigentes.
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Lidia Mamani / La Paz
Luego que Andrónico Rodríguez, instaló la séptima Sesión Ordinaria, pese a la amenaza de fumigación del hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde sesionan los legisladores y de un recurso de nulidad de la convocatoria que fue admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que toda acción y determinación debe llevarse adelante en apego a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes y que son temas que tienen que resolverlo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Toda acción y determinación que se lleve adelante tiene que estar siempre en apego a la Constitución, a la normativa, a las leyes, al reglamento para evitar este tipo de situaciones y es en algo que se tiene que pronunciar, evidentemente, la ALP y tienen que resolverlo al interior de la ALP y como Ejecutivo estamos en otras funciones, en otro trabajo y lo único que les pedimos es celeridad, porque hay que darle certeza a la población”, señaló Alcón, tras ser consultada sobre el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075.
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Dijo que como Gobierno respetan la independencia de los órganos y que cada órgano del Estado tiene funciones, tiene competencias y desde el ejecutivo lo que les decimos es que tiene que llevarse adelante las elecciones judiciales y de hecho tuvieron que realizarse en 2023, pero se han presentado 38 amparos y se ha paralizado este proceso de preselección, cuando ya debía avanzar.
Agregó que han pasado dos semanas desde la determinación del TCP para que se retomen las comisiones y todavía no hay un avance.
Las declaraciones de la autoridad se dieron luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidida interinamente por el senador Andrónico Rodríguez, se aprobó por más de 2/3, en sus estaciones en grande y en detalle el prpoyecto de ley 075, para la cesación de funciones de las altas autoridades judiciales (magistrados y consejeros) del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial, norma que fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
