“El Ministerio Público, desde el primer acto de investigación, ha solicitado el congelamiento de cuentas de cada uno de los involucrados, anotación preventiva de los bienes inmuebles y vehículos que pudieren tener. No es nada arbitrario ni abusivo porque el Código Penal es claro; a sola denuncia el Ministerio Público puede anotar los bienes para fines de reparación del daño civil en caso de que las personas sean sujetos a una condenatoria”, explicó Córdova en Gigavisión.

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Asimismo, la autoridad reiteró que hasta la fecha siete de los 10 acusados han sido sometidos a audiencias cautelares que definieron su situación judicial y aún restan tres personas por ser aprehendidas. Córdova dijo desconocer si ya se emitieron las órdenes de aprehensión contra esas tres personas, pues se trata de una decisión de las autoridades del Ministerio Público.

El miércoles, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el martes se aprehendió a otra persona involucrada en el caso YLB. Se trata del séptimo investigado por este caso, que dejó un daño económico al estado de Bs 425 millones.

YLB

Carlos A. Q. era supervisor de Obras en la estatal y fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. Lo acusan por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En el marco de la investigación, siete personas ya fueron imputadas, el exministro y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de Minería Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria, al igual que Paul Q. B., Cristian A. A. y la gerente de la empresa cruceña que firmó contratos para la impermeabilización de las piscinas.

A ellos se suman el exjefe de planta en Uyuni Edwin F. U. Y., el funcionario Jorge F. M. y el exsupervisor Carlos A.Q., todos enviados preventivamente al penal de San Pedro de La Paz.

El 18 de abril, la estatal YLB y la Procuraduría del Estado activaron una demanda penal en contra de 10 personas, nueve exdirectivos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) y una de la empresa contratista, luego de una auditoría interna que estableció irregularidades en 18 piscinas de evaporación para el proyecto de litio.