El Gobierno dice que no se hará responsable de los destrozos a Unitel. El hecho continúa impune. La policía no devuelve la cámara y el video secuestrados.
Destrozado. Así quedó el vehículo de Unitel por los impactos de bala. La cámara y el video no han sido devueltos al canal
El Deber
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Marco Chuquimia
Nadie se hace responsable por agresión a periodistas
A cinco días de haber sido atacados a tiros por un grupo de élite de la Policía, la agresión a un periodista y a un camarógrafo de la red Unitel continúa impune, pues hasta la fecha el comandante nacional no ha dado los nombres de los efectivos que participaron en ese hecho violento y tampoco han devuelto la cámara y el video que arrebataron a dicho equipo de prensa que ese día cubría el secuestro y traslado a La Paz del agricultor Nelson Vaca Gutiérrez, que está en pleito con el Gobierno por un tema de tierras.
Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que el Gobierno no se hará cargo del pago de la cámara y el vehículo de Unitel, que fueron destrozados por efectivos de la Unidad Táctica de Articulación, Reacción y Control de Crisis. “La investigación que realiza el fiscal determinará quién fue el autor de los destrozos, allá se hará subsanar ese tipo de responsabilidades”, afirmó la autoridad.
Dijo que el informe “estará listo en las siguientes horas” y que el mismo será entregado al fiscal Carlos Fiorilo, que solicitó un parte sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza en la detención de Vaca.
A partir del informe, dijo Rada, se harán conocer “medidas correctivas” en la Policía y no descartó que se produzcan relevos en los mandos medios de la institución. “No puede ser que por unos cuantos malos policías el desprestigio alcance a toda la institución”, añadió el ministro.
Mientras, los familiares y abogados de Vaca Gutiérrez no descartaron la posibilidad de iniciar una querella contra los policías responsables de lo que ellos consideran un secuestro. La esposa de Vaca, Mary Rodas, dijo que en el momento de la detención su esposo se encontraba acompañado de uno de sus sobrinos y de su hermano y desmintió las versiones de que tuviera sicarios a sus órdenes.
El fiscal Fiorilo dijo que espera el informe policial y establecer responsabilidades. Pero en la Policía no quieren mencionar el operativo, los jefes policiales afirman desconocer quiénes o qué unidad fue a ejecutar la orden del fiscal. Ayer EL DEBER intentó ocho veces comunicarse con el comandante Víctor Hugo Escóbar, pero se nos informó de que estaba en reunión.
La orden, que fue emitida el 1 de septiembre, señala que la detención debe realizarse “respetando los derechos constitucionales”, pero el detenido denunció que fue torturado desde el momento de su aprehensión y en el trayecto.
Los abogados defensores solicitaron un médico para certificar los golpes que recibió y un informe sobre el estado de salud del imputado, pero las autoridades derivaron el caso a un forense que examinó a Vaca Gutiérrez.
Ayer, la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, tomó conocimiento del caso y fijó audiencia para las 11:00 de hoy; aunque los abogados de la familia Vaca adelantaron que también será recusada, de ese modo sería la quinta juez en ser excusada, el argumento es el mismo: la aplicación de los artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, que prevén el juzgamiento en el distrito donde se cometieron los hechos. Los abogados consideran que Vaca debe ser enjuiciado en Santa Cruz, porque fue detenido en ese departamento.
Nelson Vaca será acusado de sedición
El Gobierno decidió enjuiciar a Nelson Vaca por el delito de sedición contra el Estado, pues se argumenta que el acusado ha desobedecido resoluciones del INRA.
Según el viceministro Alejandro Almaraz, Vaca “no es humilde agricultor ni ganadero, sino un pirata de la madera y traficante de tierras”. Añadió que durante varios años se le comunicó que su situación era ilegal.
De acuerdo con Almaraz, el Gobierno hará todas las acciones legales para que Vaca sea mandado a la cárcel, pues “pese a que fue desalojado regresó con más violencia”.
A su vez, el director del INRA de Beni, Ignacio Franco, afirmó que la primera denuncia contra Vaca por extraer madera ilegal fue en 2004, pues con su acción afectó a las comunidades de San Martín de Porres y Laguna Azul. En 2005 hubo más denuncias por parte de autoridades municipales y locales por el mismo delito. Ese año se emitió una resolución de desalojo, que fue cumplida en agosto de 2006.
Pese a ello, Franco afirmó que el acusado retornó en 2007 e incluso se presentaron 31 solicitudes de saneamiento en tierras donde Vaca explotaba madera. Esas solicitudes, entre las que se encontraba la propiedad El Arroyo, que Vaca reclama como suya, no se dieron curso porque ya las tierras estaban saneadas y ahora está en trámite la dotación para la comunidades San Martín de Porres y 11 de Julio.
El año pasado, Vaca y otras cuatro personas fueron desalojadas por el INRA. En esa oportunidad, según Franco, la ex Superintendencia Forestal decomisó 4.000 m3 de madera ilegal. En agosto de este año Vaca volvió al lugar.
EL DEBER intentó hablar con la esposa de Vaca y con la abogada Isabel Vaca, pero no fueron ubicadas. /DM
Cronología de los hechos
– 3 de septiembre. Un periodista y un camarógrafo de Unitel fueron atacados a balazos, cerca del retén del km 17 de la carretera al norte, cuando perseguían un vehículo donde supuestos policías llevaban a Nelson Vaca Gutiérrez a La Paz, después de haberlo secuestrado de una propiedad en Guarayos.
– 4 de septiembre. El Gobierno, a través del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó que un equipo de élite de la Policía fue el que operó para detener a Vaca. Admitió que hubo abuso y excesivo uso de la fuerza, y prometió investigar el hecho.
– 5 de septiembre. La audiencia cautelar contra Nelson Vaca fue postergada por recusación de jueces, presentada tanto por el Ministerio Público como por la defensa.
– 6 de septiembre. Diputados anuncian que investigarán la agresión sufrida por periodistas; la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó los hechos.
Investigan otro caso de tortura y periodistas piden garantías
El fiscal Mario Mercado fue designado por el fiscal de Distrito para continuar con la investigación en torno al atentado que sufrieran periodistas de la red Unitel.
La tarde de ayer, Mercado recibió al periodista Alberto Ruth y al camarógrafo Francisco Cuéllar, que fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de élite de la Policía y que ya formularon sus denuncias. Hoy darán sus informes ampliatorios.
El fiscal también recibió la denuncia que presentó un joven, familiar del detenido Nelson Vaca, que aseguró haber sido sometido a tortura por “gente que responde al MAS”.
Por otra parte, ayer, Hernán Cabrera, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (Fstpsc), solicitó al comandante departamental de Policía, Johnny Vargas, identificar a los responsables de la agresión a los periodistas y sancionarlos, además de pedirle garantías constitucionales para el desarrollo de las labores del gremio.
Para el miércoles se tiene prevista una reunión, en La Paz, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente cívico Luis Núñez anunció que hoy, a las 18:30, se reunirá el directorio del Comité pro Santa Cruz con representantes de la prensa cruceña para analizar la situación de la libertad de expresión en el país. /FL-GA