La diputada María René Álvarez alertó que estas concesiones afectan a la UCPN de Tucabaca, por lo que elevó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Minería y Metalurgia
La legisladora sostuvo que la la AJAM dio vía libre para actividad minera en el territorio de tres comunidades y en Tucabaca
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que afecta a las comunidades indígenas de Aguas Calientes, Yororobá y Quitunuquiña, según denunció la diputada María René Álvarez (Creemos).
Aún no hay un pronunciamiento al respecto de la entidad estatal, pero la parlamentaria sostuvo que la misma dio paso a la solicitud de licencia de prospección y exploración que hizo una empresa en fecha 8 de agosto de 2023, para actuar sobre un espacio que no solo alcanza al territorio de tres comunidades, sino también a la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) de Tucabaca.
Según la diputada, la empresa obtuvo de la AJAM un plazo de tres meses para presentar su “plan de trabajo y presupuesto financiero”, dando paso a la intervención en esa región.
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Ante este escenario, Álvarez remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Minería y Metalurgia, entidad de la que depende la AJAM, para que detalle bajo qué parámetros se pretende fomentar la actividad minera en esa zona.
“Estamos ante un nuevo atentado contra nuestros recursos naturales y pueblos indígenas, porque estas concesiones afectan a la UCPN de Tucabaca que tiene importantes recursos hídricos comprometidos y una toma de agua que abastece a Aguas Calientes que puede ser contaminada, además de amenazar al turismo comunitario en Yororobá”, manifestó la diputada.
En el PIE, la parlamentaria demanda que se presente documentación el plan de trabajo y presupuesto de la empresa, la ubicación del proyecto, el tipo de mineral que pretende extraer la empresa privada, si se han realizado los procesos de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, entre otros puntos.
Asimismo, la diputada cruceña activó ante la Comisión de Organización Territorial y Autonomías de la Cámara de Diputados, un proyecto de minuta de comunicación para el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, para que aplique las normas ambientales vigentes en ese municipio.
También recordó la necesidad respetar las decisiones de las comunidades indígenas que anteriormente ya rechazaron la presencia minera, con el caso de la empresa transnacional Montecarlo SA.
La minuta pide al alcalde “gestionar acciones precautorias frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que pretendan realizar actividades mineras alrededor de las áreas de las comunidades de Aguas Calientes y Yororobá, colindantes al valle de Tucabaca, salvaguardando las cuencas hídricas”.
La diputada remarcó que los ríos que bajan de Tucabaca y Aguas Calientes desembocan en los Bañados de Otuquis, parte vital del Pantanal boliviano, y una actividad de extracción de minerales a cielo abierto generaría un daño ambiental irreparable.