El caso puede marcar un punto de inflexión para el Estado boliviano no violente derechos humanos como lo hizo en el operativo en el hotel Las Américas en septiembre de 2009 durante la presidencia de Evo Morales.
eju.tv / Video: DTV
Juan Carlos Véliz / La Paz
Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de violaciones de derechos humanos contra el Estado boliviano por el operativo en el hotel Las Américas, el abogado Gary Prado estimó que la Corte IDH puede recomendar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera.
«(La Corte puede recomendar) seguir un proceso penal bajo caso de corte en este caso por las prerrogativas constitucionales que tiene el expresidente de un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia, ahí será clarísimo debe ser llevado a un juicio el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro Gacía Linera y ese juicio arrastrará a los que tienen responsabilidades vinculadas porque no se puede sustanciar dos procesos en Bolivia por la misma causa», explicó el jurista que defendió a varios ciudadanos acusados por un supuesto terrorismo en una entrevista con la red DTV.
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La CIDH comunicó ayer que se negó la prórroga solicitada por el Estado boliviano para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 391/21 que se refiere al caso Mario Francisco Tadic Astorga y otros contra el Estado boliviano.
Dicho documento aborda la alegada ejecución extrajudicial, tortura y detención ilegal de las presuntas víctimas durante un operativo policial-militar registrado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz.
La CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
Recomendó a Bolivia reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, proporcionar compensación económica y atención en salud física y mental a las víctimas. Además, instó a iniciar una investigación penal diligente para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
«El Estado tuvo la oportunidad de reparar los daños pero no hubo voluntad de la Procuraduría, del gobierno del presidente Luis Arce, de hacerlo, menos aún lo que significan las reparaciones materiales y por supuesto no hay nada en términos de la investigación penal de los sucesos del hotel Las Américas y de las aprehensiones ilegales que sufrieron Guedes y Mendoza», lamentó el abogado Prado.
Ahora el Estado boliviano debe afrontar un proceso en estrados internacionales por las violaciones de derechos humanos y pueden derivar también en el enjuiciamiento de todos los actores involucrados en el caso del hotel Las Américas como los ministros de Gobierno de Morales.
En la madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, un grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas. Durante la operación, se realizaron detonaciones en el cuarto piso y se irrumpió en las habitaciones, disparando armas de fuego.
El asalto finalizó con el saldo de tres ciudadanos extranjeros acribillados: Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer. Elöd Tóásó y Mario Tadic sobrevivieron y fueron detenidos.
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Entonces, el Gobierno justificó que pretendía desarticular una supuesta «célula terrorista» contratada por líderes opositores y alegó que los cinco extranjeros involucrados conspiraban para instaurar un plan separatista y cometer un magnicidio contra el entonces presiden Evo Morales.
Dichas acusaciones no pudieron ser sustentadas en un juicio que duró más de 10 años y se cerró con la absolución. Ahora el caso está en un tribunal internacional y según Prado, marca un punto de inflexión para que el gobierno de Bolivia deje de vulnerar derechos humanos como lo hizo en la presidencia de Morales.
«Puede ser un momento de inflexión para el presidente Luis Arce y que su gobierno deje de violentar derechos humanos y libere a la expresidenta Jeanine Añez, libere al gobernador Luis Fernando Camacho, al ex cívico Marco Pumari, a los generales, a los almirantes y oficiales que están presos por un supuesto caso de golpe 1 y golpe 2», afirmó en relación a los procesos iniciados por el Gobierno por un supuesto golpe de Estado que se habría cometido en noviembre de 2019 en contra del entonces presidente Morales.
