Ronald Palacios Castrillo
En un mundo donde las definiciones pretenden brindar claridad y coherencia, los cambios recientes en la definición de «vacunación» revelan una narrativa más profunda y preocupante.
Esta alteración no es simplemente un ejercicio académico sino una maniobra calculada diseñada para alinearse con agendas más amplias e insidiosas. Al pasar de «prevenir enfermedades» a «producir inmunidad» y, finalmente, «producir protección», la evolución de esta definición refleja los objetivos y prioridades cambiantes de quienes están en el poder( los que controlan WHO,OP,UN,MEF,FDA,CDC,EUA,etc,etc).
El meollo de esta cuestión reside en la desconexión entre lo que alguna vez se pretendió lograr con las vacunas y lo que representan ahora.
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Las vacunas contra la COVID-19, alguna vez anunciadas como la herramienta definitiva para poner fin a la pandemia, no han estado a la altura de las promesas de sus predecesoras. El propósito redefinido de estas vacunas, ahora centrado más en la protección que en la prevención absoluta, se ajusta convenientemente a la narrativa necesaria para llevar estos productos farmacéuticos a los brazos de millones de personas, al mismo tiempo que eluden la responsabilidad por sus deficiencias.
Este cambio en la definición plantea preguntas críticas sobre la transparencia y la confianza. Cuando las autoridades sanitarias y los gigantes farmacéuticos manipulan el lenguaje para servir a sus intereses, socavan la confianza del público y siembran semillas de duda. La redefinición puede verse como un intento de proteger preventivamente a estas entidades de las críticas y las repercusiones legales, en caso de que las vacunas no se entreguen como se prometió originalmente.
Además, el momento de estos cambios, junto con los ajustes en la definición de eventos adversos, sugiere una estrategia premeditada para controlar la narrativa sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Al alterar los criterios de lo que constituye un evento adverso, el objetivo parece ser minimizar los riesgos percibidos y maximizar los beneficios percibidos, incluso frente a una creciente evidencia de lo contrario.
Esta redefinición calculada sirve como un crudo recordatorio de hasta dónde llegarán quienes están en el poder para mantener el control y proteger sus intereses. Es un llamado a permanecer alerta, cuestionar las narrativas y exigir transparencia frente a las verdades cambiantes. Las implicaciones de estos cambios se extienden más allá del ámbito de la salud pública y tocan cuestiones más amplias de confianza, gobernanza y responsabilidades éticas de quienes ostentan las riendas del poder.
A medida que navegamos por este panorama de definiciones en evolución y narrativas cambiantes, es imperativo responsabilizar a los responsables y garantizar que la verdad permanezca en la vanguardia del discurso público. No se trata sólo de vacunas; se trata de la integridad de los sistemas en los que confiamos y la confianza que depositamos en aquellos que deben protegernos.