Mientras que el confuso acontecimiento militar del pasado 26 de junio va perdiendo importancia en el día a día de los bolivianos, la población vuelve a situarse en un escenario en el que la preocupación principal que enfrenta es la grave y rampante crisis económica que atraviesa Bolivia.
Si nos sentamos a buscar y analizar cuáles fueron las razones o circunstancias que nos condujeron a este momento crítico, seguro que encontraremos una baraja de errores cometidos por las administraciones gubernamentales en las últimas décadas (particularmente en la gestión de los recursos naturales), corrupción en la administración, la inestabilidad social y política del país, la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión, y varios otros factores.
Sin embargo, un factor fundamental que contribuye de manera substancial a esta crisis, y que es objeto de análisis en el presente artículo, es la corrupción en el sistema judicial boliviano que obstruye, de forma permanente y sostenida, el normal desarrollo de las relaciones económicas en nuestro país.
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La teoría indica que existe una correlación directa entre una buena administración de justicia y el desarrollo económico de un país. Un buen sistema de justicia proporciona las condiciones óptimas para la inversión y el desarrollo del comercio; mientras que, uno dañado por la corrupción e inseguridad jurídica provoca el efecto contrario. Ya en el libro La riqueza de las naciones (1776), Adam Smith escribía que “el comercio y la industria no pueden progresar en ningún Estado donde no haya un cierto grado de confianza en la justicia”.
Es lógico que un inversor sienta mayor seguridad invirtiendo en una jurisdicción en la que tiene certeza de que la ley regirá sus relaciones comerciales, y que, ante cualquier abuso o incumplimiento, podrá acudir a un sistema de justicia que protegerá sus derechos e intereses.
Este postulado está completamente revestido de lógica, considerando que una persona que llevará su capital a un país determinado requiere predictibilidad y seguridad jurídica. Estas condiciones únicamente se cumplen si la ley y los contratos tienen una real fuerza obligatoria, y estos instrumentos legales solo adquieren dicha “fuerza obligatoria” en un sistema de justicia que imponga su estricto cumplimiento.
Y entonces, ¿cómo estamos en casa?
Según el estudio publicado por World Justice Project en 2021, Bolivia tiene uno de los sistemas de justicia más corruptos del planeta, siendo superado en Latinoamérica únicamente por Venezuela. Esto se traduce en que la justicia civil y penal boliviana se encuentran en el podio de las tres peores justicias del mundo.
La prevalencia de la corrupción en el sistema de justicia boliviano ha derivado en la cuasi desaparición del Estado de derecho. Esto, considerando que los administradores de justicia corruptos, a la hora de tomar decisiones, dejan de lado el espíritu y la finalidad de la ley para hacer prevalecer la voluntad de quienes en su momento los premiarán con un pago o beneficio a cambio de una decisión favorable a sus intereses. De esta forma, la Constitución y la ley dejan de tener una eficacia material, y su objeto y espíritu pasan a tener relevancia nula.
Es decir que, las condiciones que ofrece el sistema de justicia en Bolivia son exactamente opuestas a las que buscan los inversores antes de iniciar una actividad económica en un país determinado. En un Estado donde el contenido y validez de la norma depende de administradores de justicia que están dispuestos a dictar cualquier tipo de decisión a cambio de dádivas, el escenario se torna adverso y ciertamente riesgoso para el inversor.
En ese contexto, es lógico que la corrupción en nuestro sistema judicial provoque que el inversionista piense dos (y hasta tres veces) antes de arriesgar su capital en Bolivia. Esto se ve reflejado en el hecho de que, en 2022, países como Brasil, Colombia, Chile y Perú lograron cifras récord en el incremento en su Inversión Extranjera Directa; mientras que Bolivia, en esa misma gestión, fue el único país de la región (junto con Venezuela) que experimentó un decrecimiento substancial en la recepción de ese tipo de inversión, recibiendo solo un 63% de la que captó en 2021.
Aquí, es menester resaltar que los dos países con la peor justicia de Latinoamérica son aquellos que reciben menor inversión en esta región. Este es un claro indicador de que la existencia de un sistema de justicia corrupto desincentiva al inversor extranjero para arriesgar su capital en un país que padece de este mal.
Para concluir, resta decir que sobran evidencias para afirmar que la existencia de un sistema de justicia confiable se constituye en una condición sine qua non para ofrecer un ecosistema amigable para la inversión nacional y extranjera. Esto dicho (y excluyendo a los escasos jueces probos y honestos que existen en Bolivia), mientras nuestro sistema de justicia sea motivo de vergüenza para los bolivianos, el desarrollo real y sostenido de nuestra economía seguirá siendo nada más que una fantasía.
Nicolás Wayar es abogado, con maestría en arbitraje comercial y de inversiones