Señalan que los últimos casos de avasallamiento en Guarayos, en Santa Cruz, e Incachaca, en Cochabamba, muestran que el problema está lejos de solucionarse en el país.
Una estructura basada en ideología política, en un marco legal “a medida” de organizaciones con intereses en la tierra, en malas prácticas sindicales y en la desinstitucionalización de las entidades del Estado a cargo de la administración de la tierra, ha promovido desde antes del año 2000 la toma de tierras en Bolivia, consideró el asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga.
Los últimos casos de avasallamiento en Guarayos, en Santa Cruz, e Incachaca, en Cochabamba, muestran que el problema está lejos de solucionarse en el país.
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Entre los primeros hechos de lo que se convertiría en la peor señal de inseguridad jurídica para la propiedad privada y las inversiones, tiene que ver con lo ocurrido en el 2000, en la comunidad Soncachi Grande, en el municipio de Chúa, en La Paz. Donde, tras repetidas “notificaciones” sin mayor reserva, el entonces Movimiento Sin Tierra (MST) irrumpió en la propiedad Posada del Inca, donde funcionaba un complejo turístico, que se dedicaba a servicio gastronómico a turistas extranjeros y locales cuyo propietario en ese entonces era Wilfredo López Villamil.
A la fecha, tras 24 años, las seis hijas que heredaron la propiedad continúan en la lucha administrativa en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que incluso tras emitir el informe en conclusiones e Informe de Cierre en 2016, a la fecha retrocedió y lo dejó sin efecto.
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Asturizaga recuerda cómo la actual ola de avasallamientos germinó antes de los años 90, con varios debates alrededor de la eliminación del latifundio y sobre la necesidad de “nacionalizar” la tierra para los bolivianos. Todo ello “impulsado por organizaciones no gubernamentales, cuyos miembros apoyaron de manera decidida la plataforma política del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que –para llegar al poder– se apropió del discurso contra el latifundio, la nacionalización y preservación de la tierra en el Oriente, Chaco y Amazonía del país”.
“Estos grupos avanzaron muchísimo con presión social ante gobiernos débiles e indiferentes a la problemática de la tierra”, citó Asturizaga, tras mencionar que fueron estas organizaciones las que obligaron al Gobierno del año 2000 a disminuir la superficie de la Reserva Forestal El Choré, para entregársela a los campesinos.
La violencia, el arma común de las invasiones
Desde que comenzaron las tomas de tierras, en La Paz y Tarija a inicios de los 2.000, estos ilícitos se caracterizaron por su violencia, por la destrucción de haciendas y por el sacrificio de ganado de alta genética, incluso se presume que causaron muertes en las regiones de Ayo Ayo y Pananti.
Los predios avasallados fueron abandonados luego de ser saqueados o se convirtieron en canchas deportivas, sin generar empleo para la población local, indígena o campesina. María Teresa López recuerda cómo la propiedad de ella y sus cinco hermanas fue tomada y luego puesta bajo medidas precautorias (que los avasalladores no respetan) por un proceso que, de oficio, comenzó el INRA a toda el área de Soncachi Grande.
En un repaso por la documentación de otros propietarios afectados, en Santa Cruz y Cochabamba, se puede observar testimonios de cómo sus tierras avasalladas han sido alquiladas o cultivadas por los invasores, lo cual implica contar con financiamiento, maquinaria, insumos, combustible y mercados. ¿Cómo los avasalladores consiguen todo esto? Hay muchas preguntas sin respuesta.
Luego de iniciarse en La Paz y Tarija, el fenómeno del avasallamiento saltó a Santa Cruz, donde se apuntó a familias extranjeras o supuestamente extranjeras.Mientras los avasallamientos en Santa Cruz se caracterizan por la ocupación de predios grandes, los que ocurren en Cochabamba responden a intereses de loteamiento para vivienda y no para producción. En ambos casos, hay una actitud permisiva de la Policía y de acuerdo con los afectados, las mismas personas van organizando las tomas.
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Esta actividad ilegal continuó, pese a la promulgación en diciembre de 2013 de la Ley 477 Contra el Avasallamiento, norma que establece un procedimiento expedito en las vías judicial y administrativa para desalojar a los avasalladores, pero sumó otro elemento para la toma de tierras: sólo se puede titular 5.000 hectáreas por persona, por mas que cumpla Función Económica Social (FES) en un área mayor, esto generó que haya avasallamientos en grandes propiedades, las cuales están en Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.
En el caso de la influencia sindical, actualmente, las comunidades y hasta muchos barrios en algunas localidades del área rural se manejan a través de una estructura sindical, con discrecionalidad en la administración interna de la tierra, de tal modo que se expulsa a quién no está de acuerdo con ciertas decisiones del sindicato o se asignan predios de manera arbitraria en favor de los “cercanos” de la autoridad comunitaria.