El Presidente anunció el 6 de agosto que impulsará un referéndum que se realizará el mismo día de las elecciones judiciales para dirimir tres temas: reelección presidencial continua o discontinua, distribución de escaños parlamentarios y subsidio a los combustibles.
eju.tv / Video: No Mentirás
Juan Carlos Véliz / La Paz
El referéndum planteado por el presidente Luis Arce va más allá de una “cortina de humo” sino pretende la modificación parcial de la Constitución Política del Estado en temas como la reelección presidencial y la distribución de escaños parlamentarios soslayando los mecanismos constitucionales como la iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional y recurriendo a un decreto supremo, advirtieron los analistas políticos Ricardo Paz y Marcelo Silva.
“Se está tratando de a través de una interpretación del Tribunal Constitucional cercenarle la atribución a la Asamblea Legislativa de tramitar una ley de reforma constitucional parcial que es lo que establece la propia Constitución”, explicó anoche Paz en una entrevista con el programa No Mentirás.
“El tema de la reelección pasa por una reforma constitucional y esa reforma constitucional tiene procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y necesita otro tipo de procedimiento donde si se quiere acortar el camino la Asamblea Legislativa es fundamental en ese proceso”, opinó Silva.
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La Constitución Política del Estado en el parágrafo II del artículo 411 señala que «la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos veinte por ciento del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio».
Ese es el camino trazado por la Carta Magna boliviana aprobada en 2009 y que es de cumplimiento obligatorio; sin embargo, el diputado arcista Juan José Jaúregui (MAS) planteó un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que el Presidente también tenga atribución de plantear reformas constitucionales mediante decreto supremo sin recurrir al órgano Legislativo.
“El hecho de que el Presidente plantee dos reformas constitucionales vía referéndum directo parecía una estrategia distractora o una cortina de humo, pero hemos conocido que de manera subrepticia sin que nadie sepa que un diputado del ala arcista del MAS, Juan José Jaúregui, presentó un recurso al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la posibilidad de llevar adelante una reforma constitucional sin pasar por la Asamblea Legislativa, esto es muy peligroso y muy grave porque ustedes saben que con el Tribunal Constitucional que se autoprorrogó el Gobierno le puede preguntar si la ley de gravedad está en suspenso y le va dar la razón al Gobierno, le va decir que la ley de gravedad está en suspenso” ahondó Paz en su análisis.
El presidente Arce planteó el 6 de agosto en Sucre un referéndum para consultar a la población el mismo día en que se realizarán las elecciones judiciales sobre tres temas: Reelección presidencial continua o discontinua, distribución de escaños parlamentarios y subvención de hidrocarburos.
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Silva consideró que el Presidente tiene la atribución de convocar a un referéndum para definir temas que forman parte de sus atribuciones como la subvención a los hidrocarburos, pero no así con asuntos como la reelección presidencial o la distribución de escaños porque son temas que ya están dentro del contenido de la Carta Magna.
El último referendo de reforma parcial de Constitución se realizó el 21 de febrero de 2016 cuando el gobierno de Evo Morales intentó modificar el artículo 168 de la Carta Magna para ampliar la reelección presidencial a más de dos periodos continuos. El resultado fue adverso a las pretensiones de Morales y el 51% del electorado rechazó dicha reforma.
No obstante, esa reforma comenzó en la Asamblea Legislativa que por dos tercios de voto aprobó la reforma constitucional que fue sometida a referendo.
