Gobierno pretende que aplicaciones de transporte se formalicen y paguen impuestos

El artículo 5 de la norma exige a las aplicaciones registradas remitir toda la información de las apps al Ministerio de Gobierno, según determine la reglamentación.
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Fuente: ANF

La Paz.- El director de Transporte de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Juan Chavarría, indicó que uno de los objetivos del Decreto Supremo (DS) 5199 es que las aplicaciones de transporte se formalicen y cumplan con sus obligaciones con el país, al igual que cualquier otra actividad económica.

«Este va a ser el camino que deberían seguir todas las empresas; en primera instancia, establecerse oficialmente en el país. Esto requiere que saquen el certificado del Seprec, el cual establece  que es una empresa que puede prestar sus servicios en el país. A partir de ahí, se va a ir generando una serie de obligaciones, como cualquier empresa que trabaja y que desea trabajar en Bolivia bajo su normativa», dijo Chavarría en RTP.



La jornada pasada se publicó el DS 5199 que contempla seis artículos y cinco disposiciones, entre adicionales, transitorias y finales. Pese a que en la argumentación se hace énfasis en que la norma pretende velar la seguridad del pasajero, el artículo 4 exige tramitar el registro de Aplicación para el Transporte de Pasajeros (ATP) con los siguientes requisitos:  Registro de comercio; Número de Identificación Tributaria; Testimonio de poder de representante o representantes legales; Razón social; Domicilio legal constituido en el Estado Plurinacional de Bolivia;  y otros requisitos establecidos en reglamentación a ser emitida por la ATT.

«Uno de los objetivos del decreto es buscar que se formalicen estas empresas. Hay muchas empresas que no tienen un representante en el país como tal, pero hay algunas que sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunos y ellos tienen toda la predisposición para poder cumplir con toda la normativa que nosotros establezcamos», aseguró el funcionario.

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El artículo 5 de la norma exige a las aplicaciones registradas remitir toda la información de las apps al Ministerio de Gobierno, según determine la reglamentación.

 

 

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