La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) conformada por más 50 organizaciones de la sociedad civil hizo un recuento de las acciones y decisiones contrarias al discurso gubernamental, revelando la hipocresía de un gobierno que ha fracasado en proteger el patrimonio natural de Bolivia.
Fuente: ANF
“Es una gran contradicción frente al discurso que manejaba el gobierno, que siempre dice defender a la Madre Tierra y el ‘vivir bien’, revelando la hipocresía de un gobierno que ha fracasado en proteger verdaderamente el patrimonio natural de Bolivia”, señala una de las partes del pronunciamiento de la PBFCC.
La PBFCC es una red de más 50 organizaciones de la sociedad civil. Desde 2009, trabaja en el fortalecimiento de la sociedad civil para que participe activamente en la formulación de estrategias, políticas y alternativas de respuesta frente a las amenazas e impactos de la crisis climática y el modelo extractivista depredador; con enfoque de justicia climática, equidad de género y generacional.
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La red asegura que Bolivia se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones políticas y económicas en discusión podrían redefinir profundamente su futuro ambiental, social y económico. Por tanto, el país enfrenta la urgente necesidad de proteger su patrimonio natural frente a políticas que favorecen intereses económicos de corto plazo, en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo.
“La aprobación y el uso de transgénicos, como los eventos HB4 en soya y trigo, representan una amenaza directa a la soberanía alimentaria y la salud pública, además, de comprometer la biodiversidad única del país. Estas semillas, diseñadas para soportar agrotóxicos prohibidos en otras regiones, no solo presentan dudas sobre su eficacia agrícola, sino que también ponen en peligro la integridad de los ecosistemas bolivianos”, señala el documento
En relación al referéndum para la continuidad de las subvenciones a los combustibles fósiles, que planteó el presidente Luis Arce, el 6 de agosto, sostiene que es una maniobra para que la sociedad boliviana cargue con el peso de una decisión que debería ser asumida por un gobierno que elude su responsabilidad de liderar un proceso de transición energética. Esta medida nos encadena a un modelo económico dependiente de energías no renovables, en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en la lucha contra el cambio climático.
A esta problemática se suma el anuncio de un programa de incentivos financieros y fiscales que busca aumentar la producción de biodiésel por parte de productores privados nacionales en el mencionado discurso presidencial y la reciente aprobación del Decreto Supremo N° 4956 de agosto de 2024, que autoriza la importación de fábricas de biodiésel con gravamen cero, fomentando la expansión del cultivo de palma africana y de la agroindustria, que va deforestar millones de hectáreas de bosques; lejos de ser una solución verde, en otras regiones del mundo ha profundizado la deforestación, ha desplazado cultivos alimentarios y comunidades locales, y agrava la crisis ambiental y alimentaria.
Sostiene que la reciente sentencia constitucional plurinacional 0040/2024 que declara inconstitucional el artículo 32.5 de Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (300), fue presentado con argumentos totalmente falaces por el senador accionante y avalados por los auto prorrogados del tribunal. Detalla que el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto no son normas supranacionales, que obligan a que Bolivia acepte mercados de carbono, como erróneamente se ha afirmado.
Por otra parte, los mercados de carbono no son un mecanismo que garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano y saludable, sino pueden ser totalmente contrarios. La mercantilización de las funciones de la naturaleza viola los derechos de la Madre Tierra y la propia Constitución Política del Estado Art. 357.
“Es una gran contradicción frente al discurso que manejaba el gobierno, que siempre dice defender a la Madre Tierra y el ‘vivir bien’, revelando la hipocresía de un gobierno que ha fracasado en proteger verdaderamente el patrimonio natural de Bolivia”, se lee en el documento.
La Plataforma ante esta compleja situación, dice que “es imperativo que la sociedad civil boliviana se movilice de manera urgente. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar la dirección del país en términos de desarrollo sostenible, soberanía alimentaria y protección de la biodiversidad”.
Ante esta situación, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático este 16 de agosto resolvió:
Que los Mercados de Carbono, junto con otras falsas soluciones a la crisis climática como los esquemas de compensación, son mecanismos perversos que no aportan a solucionar la crisis climática porque no abordan las causas estructurales que las originan. Lejos de ser una solución, son mecanismos que permiten que los grandes contaminadores, estados, corporaciones y otras empresas extractivas continúen sus operaciones contaminantes y destructivas en otras partes del mundo, e incluso son fuentes de lucro para ello y para grandes consultoras ambientalistas o certificadoras internacionales. Sin embargo, al ser una sentencia constitucional, es necesario que como sociedad civil vayamos buscando mecanismos internacionales que no permitan este tipo de prácticas.
Nos oponemos firmemente a los mercados de carbono, ya que las experiencias y evidencias han demostrado no ser equitativas y transparentes, donde las comunidades indígenas tienen una participación mínima, y el “beneficio” solo llega a algunos, mientras corrompen y debilitan las estructuras sociales comunitarias. Además, que estos mecanismos permiten que los contaminadores disfracen sus actividades, mientras continúan contaminando sin asumir sus responsabilidades.
Rechazamos categóricamente la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024 del 19 de junio de 2024, dictado por los Tribunales auto prorrogados, que constitucionaliza la mercantilización de las funciones ambientales, conlleva a violar la propia Constitución Política del Estado en su Art. 357, los derechos de la Madre Tierra y da vía libre a la privatización de las funciones ambientales como la polinización, filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico, el reciclado de nutrientes, formación de suelos, la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), y otras. Siendo que los recursos naturales (materiales e inmateriales) son de propiedad del pueblo boliviano.
Denunciamos la injerencia de grandes empresas certificadoras internacionales de mercados de carbono, que vienen trabajando con anterioridad una agenda de deforestación silenciosa a través del convencimiento deshonesto de líderes indígenas para ceder sus derechos sobre los bosques con la finalidad de mercantilizar las funciones ambientales de la madre tierra. Porque bajo este mecanismo pretenden saquear millones y millones de dólares, dejando solamente migajas a los pueblos y territorios.
Rechazamos la propuesta innecesaria de un referéndum para retirar la subvención a los combustibles, trasladando la responsabilidad del Estado a la sociedad. Este retiro no cambiará en nada la realidad del país, ya que seguiremos importando la misma cantidad de combustibles, necesitando la misma cantidad de dólares para pagar esta importación, la diferencia está en que esto se convertirá en un negocio rentable para privados que serán quienes comercialicen.
Así como también la implementación de biocombustibles a través del cultivo extensivo de especies introducidas, que no hacen más que incrementar la deforestación y alterar los ciclos climáticos en nuestro país, agravando la crisis ambiental y poniendo en riesgo la seguridad ambiental, endeudando a los productores por una rentabilidad que nunca va a llegar, ya que los mercados y costos de los biocombustibles son fluctuantes.
Rechazamos la aprobación y uso de transgénicos, como los eventos HB4 en soya y trigo, porque son una amenaza a la soberanía alimentaria creando dependencia de semillas y tecnologías de empresas multinacionales, en desmedro de los agricultores y productores locales. Son una amenaza para la agricultura tradicional y variedad de cultivos propios, afectando a la cultura e identidad de nuestros pueblos. La capacidad de estos de soportar agrotóxicos potentes, representan un riesgo a la salud de productores consumidores y una afectación clara al medio ambiente.
Cuestionamos la supuesta reducción en el uso de agroquímicos con la introducción de cultivos transgénicos. Tal es el ejemplo de la soya transgénica que ha mostrado un aumento significativo en la importación y uso de los agroquímicos, entrando a un círculo vicioso de compra y consumo de estos productos, contradiciendo los argumentos a favor de los transgénicos.
Se propone a la agroecología como una alternativa de producción de alimentos saludables y en armonía con nuestro medio ambiente, además de ser una alternativa frente a los monocultivos generados por los biocombustibles, si bien desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está construyendo una Estrategia Nacional de Agroecología consideramos una incoherencia que, por otro lado, se aprueben y acepten lo anteriormente mencionado, que va en contra del enfoque de la agroecología.
Demandamos que se tomen medidas reales y efectivas que respeten los derechos de la naturaleza y de las comunidades; que no fomenten las falsas soluciones, que solo pretenden perpetuar un modelo insostenible y ponen en juego el futuro y el bienestar de los bolivianos. Es importante que se promuevan enfoques verdaderamente sustentables, basados en la agroecología, el respeto a la biodiversidad, la protección de la salud de nuestros pueblos y la integridad de nuestros ecosistemas. El no actuar con urgencia y responsabilidad nos llevará a consecuencias irreversibles que afectan a nuestros ecosistemas y la calidad de vida de generaciones presentes y futuras.
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