En México, el aumento al precio del limón se lo ha impuesto el crimen organizado. Una parte de las ganancias es arrebatada por los narcotraficantes, por lo que sus productores han tenido que aumentar su valor para pagar las extorsiones que les han cambiado la vida. Viven con miedo y en algunas regiones las autoridades son cómplices.
Agosto es el mes de la cosecha y algunos empresarios prefieren que su producción se eche a perder que doblegarse a los caprichos del narco. El aumento de la cuota al kilo de limón de 20 centavos por kilo a 2 pesos es único en la historia.
Hoy le tocó a este codiciado fruto, ayer fue el aguacate y mañana ¿las tortillas?, ¿los taxis?, ¿los vendedores ambulantes? Es una pregunta que tiene en vilo a la población del estado de Michoacán, al oeste del país, uno de los más peligrosos de México.
Aquí operan dos grandes grupos criminales: el Cartel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras. Hasta hace poco se dedicaban solamente a la producción de drogas sintéticas, pero descubrieron que extorsionar a ricos y a pobres es aún más redituable.
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Jesús Lemus, un valiente periodista de la región que investiga tanto a los criminales de cuello blanco como a los de pistola en mano, asegura que los narcotraficantes de Michoacán han encontrado negocios más rentables que el mismo tráfico de drogas. “Ya no se trata sólo del sicariato, o del pago por protección a las minas o la extorsión a los aguacateros. Los narcos están entrando a todos los sectores comerciales, sobre todo a los agrícolas y ganaderos. Tienen que pagar la nómina de sus sicarios, así que recurren a la extorsión”, incluso de pequeños comerciantes, explicó el periodista.
“Los productores de limón pudieron hacer llegar a la prensa sus quejas, pero los demás no. Las extorsiones a los limoneros es la punta del Iceberg. La gente fue tomada como rehén”.
¿Gobernador cómplice?
De acuerdo con investigaciones periodísticas, funcionarios del gobierno de Michoacán permitirían que los narcotraficantes extorsionen a la población. Aquí “no hay gobierno y todos los sectores productivos sin excepción tienen que pagarle al narco”, lamenta Lemus.
Para el sacerdote y activista Gregorio López, mejor conocido como el Padre Goyo, “el crimen organizado es quien gobierna Michoacán, no es Alfredo Ramírez Bedoya [actual gobernador del estado]”.
Este sacerdote es una de las pocas personas que denuncian, con nombre y apellido, tanto a los jefes criminales de Michoacán como a los políticos que los protegen o hacen negocios con ellos.
A pesar de que el gobierno federal desplegó un operativo que involucra a fuerzas especiales -mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil- “los delincuentes siguen exigiéndole dinero a los productores”, narra el padre Goyo. “Tienen que pagar 250 mil pesos a la semana (unos 14 mil euros). Hay empresarios que pagan un millón (cerca de 46 mil euros) al mes en efectivo, en sobre amarillos y en billetes de 500 pesos, en paquetes de 50 mil pesos. Los criminales mandan a un repartidor de pizzas y en la caja ponen el dinero. Todo en las narices de” las fuerzas federales.
A quien no paga le queman sus huertas “con drones cargados de explosivos y bombas incendiarias. La solución no es la presencia de los militares sino llevar ante la justicia a Nicolás Sierra Santana, a César Alejandro Sepúlveda, a Eladio Cisneros, a todos los criminales que liberó Bedolla”, dijo el sacerdote.
De acuerdo con el Padreo Goyo, “el gobernador Bedolla está metido hasta los huesos con la delincuencia organizada. […] Ha liberado a más de 25 delincuentes en lo que va de su periodo con la condición de que trabajen para él y le paguen una mensualidad. En el caso de los limones, antes pagan un peso de cuota a los delincuentes y ahora cobran 4 pesos, porque hay que pagarle dos a Bedolla por cada kilo de limón. Y si se comercializan mil toneladas al día, imagínese las ganancias”.
Reencuentro con el pasado
La periodista Dalia Martínez subraya que la situación de los limoneros en Michoacán no es nueva, lleva por lo menos dos décadas. En Tierra Caliente, una zona cercana a la costa del Pacífico y una de las más fértiles del país, los narcotraficantes se dedican “al robo, al secuestro, a la minería ilegal y a la producción y tráfico de drogas. La única explicación a su poderío e impunidad es por la protección o complicidad y por la tajada que se llevan, así por los beneficios”, explicó.
El comercio de las armas también sería un negocio que controlarían en esta zona, de acuerdo con Martínez, pues el armamento entraría por los puertos a los que llegan los productos químicos con lo que preparan las drogas sintéticas, que son los mismos “por donde salen metales obtenidos ilegalmente como el hierro y muchos de los recursos naturales del estado”.
Dalia Martínez asegura que los limoneros producen mil toneladas al año y a pesar de la violencia, son los mayores productores de limón del país, que contrasta con la de los pescadores que viven en condiciones muy precarias. No reciben ningún tipo de subsidio del gobierno y son miles de personas que trabajan en ese sector.
La asociación de limoneros de esta región está compuesta por 300 productores y empacadores, que pagan puntualmente sus cuotas para que no quemen sus empresas ni maten a sus familias. Dalia reporta año con año las mismas denuncias de extorsión, pero ninguna instancia de gobierno les hace caso.
“En 2023 el gobierno lanzó una convocatoria ciudadana para denunciar y poder capturar a un grupo de 20 criminales, de los que sólo arrestó a dos, quienes con dinero y mañas ganaron los juicios y ya están de nuevo en la calle. Eso es lo que tiene muy enojados a los productores”.
De enero a junio del 2024 se han presentado 158 denuncias por extorsión, pero no han sido atendidas. Las autoridades locales y federales, niegan o minimizan el estado de guerra en Michoacán. El paro de labores de los limoneros comenzó el 12 de agosto y el crimen organizado es la verdadera fuerza del mercado.