El reciente rescate de una adolescente boliviana reportada como desaparecida, el 5 de agosto en la frontera sur de Costa Rica, pone nuevamente en evidencia la problemática de la trata y tráfico que atenta contra los menores de edad en el país.
En la intervención policial, la adolescente estaba con un adulto de nacionalidad mexicana, quien indicó que era familiar, empero, tras una segunda valoración, se identificó que ella era boliviana. Según el reporte de la Policía Boliviana, fue captada meses atrás, luego de generarse cierta amistad entre ambos.
“Aprovechó e indujo a la menor a abandonar inicialmente el hogar y, posteriormente, salir del país”, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, Carlos Ibarra.
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Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que el año pasado se registraron 1.359 denuncias relacionadas a delitos de la Ley 263 “Contra la Trata y Tráfico de Personas”, 236 más que en 2022, cuando se presentaron 1.123. Desde 2021, la flecha de las estadísticas no para de apuntar hacia arriba, ya que en esa gestión hubo 806 casos.
ESTADÍSTICAS
En 2023, el delitos más frecuente por “Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos” fue precisamente la trata con 989 denuncias, el 73% de las 1.359 registradas por el Ministerio Público; le siguen pornografía con 226; proxenetismo con 82; tráfico de personas con 45; y violencia sexual comercial con 17.
En el reporte se evidencia que en el departamento de La Paz se registró el mayor número de denuncias con 691, seguido de Santa Cruz con 241, Cochabamba 189, Tarija 91, Oruro 59, Beni 33, Chuquisaca 28, Potosí 23 y cuatro en Pando.
De acuerdo con el Protocolo de Palermo, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata de personas es definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Mientras que el tráfico es “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.
¿Y cómo van las estadísticas de estos delitos en la actual gestión? Del 1 de enero a 31 de julio se registraron 699 casos, o sea, en promedio, a un ritmo de tres por día. El delito de trata continúa con la mayor cifra de denuncias, con 482; le siguen pornografía con 150; proxenetismo con 41; tráfico de personas con 15 y violencia sexual comercial con 11, según la Fiscalía.
La Paz sigue como la región más afectada, con 272 casos, y a continuación están Cochabamba con 106 y Santa Cruz con 193. Es decir, del total de 699 denuncias, 571 se concentran en el eje del país.
La gravedad de esta situación aumenta al considerar que estos guarismos representan únicamente los casos que salen a la luz pública, o sea, el número real puede ser mucho mayor. Para muestra un botón: la Red Boliviana contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (RBcTTP) señala que por cada víctima identificada pueden haber hasta siete no “detectadas”.
“Eso sí llama la atención por la debilidad que puede haber a nivel de las instancias obligadas a la detección y la prevención de este tipo de delitos”, advierte Nancy Alé, coordinadora de la RBcTTP entrevistada por LA RAZÓN.
Añade que para abordar la problemática de los delitos de trata y tráfico de personas se debe comprender que estos ilícitos son dos fenómenos diferentes, aunque vinculados entre sí. Y explica que en suelo boliviano el mayor número de casos denunciados tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual y de explotación laboral.
“La explotación sexual tiene por sí misma toda una complejidad de que las víctimas se puedan reconocer como tales, la idea del consentimiento, ahí es muy difícil de trabajar cuando uno quiere explicar lo que es explotación”.
CAPTACIÓN
Alé indica que según las estadísticas que se tiene a nivel global, los menores de 18 años siguen siendo las víctimas preferidas: niñas, niños y adolescentes.
“Incluso en nuestra estadística a nivel Bolivia, de las 1.359 víctimas registradas, entre 700 y 800 son menores de edad, la gran mayoría también mujeres jóvenes, ese es el perfil en el que se mueve la trata de personas”.
Insiste en que ese “es el blanco preferido” sobre todo para la explotación sexual, empero, aclara que también hay una “pequeña variación” con hombres jóvenes para fines de explotación laboral.
Respecto al perfil del tratante, dice que hay algunos indicadores de captación, pero un tratante no tiene ninguna característica particular. “De hecho, en algunos casos utilizan a personas que han sido en su momento víctimas, digamos, para después convertirlas en reclutadoras dentro de esta cadena de explotación. Entonces hay muchas veces personas muy jóvenes, adolescentes que han sido catalogadas como tratantes o como proxenetas, porque eran ellas un poco las que estaban buscando a otras jóvenes u otros adolescentes”.
Asimismo, señala que en las redes sociales es mucho más difícil encontrar un perfil del tratante porque se esconden en perfiles falsos, ya que si quieren contactar a mujeres jóvenes lo hacen a través de cuentas de mujeres jóvenes y a veces se hacen pasar por madres jóvenes para generar la empatía y que las personas tengan confianza.
Hay familiares de víctimas que se apoyan y orientan
Decenas de desapariciones suelen reportarse año tras año en Bolivia. Ante ello, familiares de las víctimas se organizaron para brindarse apoyo, pero también acompañar y orientar a otros papás y mamás que afrontan esta situación.
Es el caso de la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Asafavittp), conformada por progenitores que se organizaron para continuar con la búsqueda permanente de sus seres queridos.
María Rita Hurtado, presidenta de esta organización, señala que muchas madres y padres sufren por la desaparición de sus hijos, peor aún cuando no se activa la búsqueda respectiva por las autoridades competentes.
Explica que, si bien como sociedad civil no tratan de reemplazar el trabajo policial, el fin es coadyuvar en la búsqueda y orientar en los pasos a seguir cuando desaparece un familiar.
“Damos charlas, talleres y hacemos los pegados para que la sociedad nos empiece a apoyar cuando estamos con víctimas desaparecidas.
Hacemos la ayuda entre nosotros, porque realmente el país está en decadencia y no hay los resultados esperados. Entonces, las familias que tienen personas desaparecidas sufren el doble, porque no solo dejan de trabajar, sino que uno de los esposos tiene que dedicarse a la búsqueda”.
Nancy Alé, de la Red Boliviana contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (RBcTTP), dice que en Bolivia se tienen “muchísimos casos” de mamás que siguen buscando a sus hijos por más de 20 años.
“De hecho Juliana, que es el nombre que lleva una aplicación en Bolivia que busca personas desaparecidas, es una niña que desapareció ya hace más de 18 años. Ahí tenemos también una debilidad del Estado de no comprender que las víctimas no son solamente las personas desaparecidas, sino las familias”.
PROBLEMAS
Añade que las familias encuentran varias dificultades, primero para presentar las denuncias, segundo para lograr que se active el mecanismo de búsqueda y rescate, y tercero, para darle continuidad a estos procesos que implican gastos.
“Muchos de ellos son de contextos de pobreza, por ahí no con la mejor información, entonces no comprenden bien el sistema, primero policial y después judicial al que deben entrar y pues terminan en muchos casos abandonando la investigación y siendo ellos quienes asumen la búsqueda, que con el tiempo queda ahí”.
