Diferentes sectores productivos, económicos, cívicos y profesionales participarán en la marcha intersectorial que aseguran será contundente
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
Este lunes se torna complicado para el gobierno ante el anuncio de movilizaciones de diferentes sectores sociales que tienen demandas propias, pero una bandera común con tres temas transversales: la crisis económica sobre todo provocada por la ausencia de dólares y combustible; el rechazo al referéndum anunciado por el gobierno, aunque lo más probable es que este no se realice; y la última exigencia incluida que es la auditoría del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, cuyos resultados provocaron un rechazo general.
Édgar Álvarez, dirigente de los gremiales de Santa Cruz, ratificó su participación en la marcha Intersectorial que se llevará a cabo esta jornada contra la ausencia de políticas gubernamentales que den una solución a los problemas que aquejan a la población; el representante de los cuentapropistas exige la reducción del gasto público para paliar la crisis económica; así como una auditoría internacional del Censo 2024, petición que será dada a conocer por las instituciones cruceñas que saldrán para también pedir transparencia.
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“Vamos a estar saliendo en una marcha multitudinaria con las demás asociaciones que se han sumado a esta movilización, para hacerle entender una vez más a este gobierno que estamos en desacuerdo de las políticas gubernamentales que se están manejando, no hace caso a los sectores movilizados, no hacen caso a las diferentes organizaciones que le hemos mandado diferentes notas donde le pedimos que reduzca el gasto público a un 50%, que garantice el trabajo de los productores”, puntualizó.
Álvarez preciso que la movilización también tendrá otro aditamento, que es la protesta departamental contra la intención del gobierno de ‘robar un millón de habitantes a Santa Cruz’; por ello, la exigencia de los diferentes sectores que participarán de la marcha es que se efectúe una auditoría internacional de los resultados entregados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado jueves 29 de agosto, para validar la transparencia de ese trabajo.
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“Queremos que de una vez saquemos de esta crisis económica que estamos viviendo en este país por culpa de este gobierno intransigente; (…) En el censo, primero que se haga una auditoría interna, porque no es posible que hayan proyecciones de parte de las instituciones cruceñas, del municipio, de la gobernación y que no coincidan ni siquiera con un margen de error pequeño y que haya una diferencia de un millón de habitantes”, reclamó el representante de los trabajadores gremiales de Santa Cruz.
La Confederación de Gremiales de Bolivia determinó la participación de ese sector en la jornada de protesta intersectorial que fue definida hace unos días por diferentes sectores productivos, económicos, productivos y profesionales. La secretaria de la organización, Mercedes Quisbert, explicó que la movilización en La Paz Será contundente, posición compartida por el máximo dirigente de los cuentapropistas de El Alto, Toño Siñani.
Una anterior marcha de los gremiales. Foto: Unitel
El sector gremial ha denunciado que es uno de los más afectados por la crisis económica debido a que la ausencia de dólares y la depreciación del boliviano en los mercados vecinos ha provocado que los productos importados incrementen considerablemente su precio, lo que afecta en sus niveles de venta porque la gente prioriza los productos básicos de la canasta familiar, situación que se agrava por la escasez de combustible que afecta al traslado de productos dentro del territorio nacional.
Las movilizaciones intersectoriales en todos los departamentos concluirán con cabildos o mítines de los sectores participantes para conminar y dar un plazo definitivo al gobierno para que dé soluciones a las demandas nacionales de los diferentes estamentos de la sociedad que son afectados por la falta de respuestas de la gestión del presidente Luis Arce; asimismo, determinarán nuevas acciones si es que no existe la voluntad gubernamental de atender las peticiones.