Nueve empresas ya realizaron el trámite para la importación de 13,5 millones de litros de diésel que representa un alivio para el Estado que además debe subvencionar el carburante.
eju.tv / Video: Cadena A
Juan Carlos Véliz / La Paz
El Gobierno acortó la duración del trámite para la importación directa de combustibles hasta en 10 días con la modificación de un decreto supremo de octubre de 2005. Los carburantes importados deben ser exclusivamente para consumo propio y entre los principales requisitos se deben presentar declaraciones juradas.
«Anteriormente, éstos trámites tenían una duración de hasta un año en las diferentes entidades que se realiza este trámite, ahora lo estamos haciendo entre cinco y 10 días hábiles entre todas las instituciones involucradas para que así exista mayores autorizaciones de importación para consumo propio», explicó anoche Joel Callaú, gerente de Comercialización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
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El Gobierno promulgó el miércoles 4 de septiembre el Decreto Supremo 5218 que modifica el Decreto Supremo 28419 del 21 de octubre de 2005 y establece como requisito principal una «declaración jurada ante el Ente Regulador del importador, en la que se indique el destino del producto a ser importado y que la documentación e información proporcionada al Ente Regulador es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la videncia de la autorización».
La modificación del decreto mencionado forma parte de los acuerdos del Gobierno con el sector privado en Bolivia ante la escasez de carburantes registrado en el mes de agosto y que generó una crisis derivada en largas filas en surtidores debido a problemas de importación desde Arica, Chile.
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La contingencia fue atribuida por el Gobierno a mareas altas que impidieron el descargue de carburantes a la estación Sica Sica, administrada por YPFB, en el puerto de Arica.
Callaú explicó hasta ahora se registraron nueve empresas que están gestionando la importación de 13,5 millones de litros de diésel mensuales.
Esta cantidad representa un alivio para la estatal petrolera y al Estado en la subvención de los carburantes. En Bolivia, los carburantes son subvencionados con un alto costo para su presupuesto y la comercialización final está a cargo de YPFB.
