El pronunciamiento también expresa preocupación por el proyecto de Ley de quemas que se encuentra en proceso de revisión en la Asamblea Legislativa. Según el Comité, esta ley generaría más incertidumbre y afectaría gravemente a los sectores productivos.
Yola Layme
Trinidad.- El Comité Cívico del Beni emitió un pronunciamiento oficial dirigido al presidente Luis Arce Catacora, exigiendo la anulación del Decreto Supremo N.º 5203, debido a que sería una amenaza contra la seguridad jurídica y la economía del departamento del Beni, afectando principalmente a los sectores ganadero, agrícola, agroindustrial y forestal, tanto del ámbito campesino, comunitario, indígena como privado.
“Por las consideraciones expuestas exigimos al presidente Luis Arce anular el DS N5203 que establece multas económicas altas y sanciones exageradas”, se lee en el pronunciamiento de seis puntos, que también exige declarar al departamento del Beni como zona de Desastre Natural.
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El Comité señala que los incendios forestales que azotan la región no siempre son provocados por la mano humana, sino que en muchos casos obedecen a factores climáticos. La falta de lluvias, las altas temperaturas y la prolongada sequía han exacerbado la proliferación de incendios, generando un desastre ecológico en el departamento.
Asimismo, las autoridades cívicas destacan que la economía del Beni depende en gran medida de la producción agropecuaria, agrícola y forestal, por lo que consideran injusto el decreto, que impone multas altas y sanciones que, según el Comité, castigan a los productores locales.
El pronunciamiento también expresa preocupación por el proyecto de Ley de quemas que se encuentra en proceso de revisión en la Asamblea Legislativa. Según el Comité, esta ley generaría más incertidumbre y afectaría gravemente a los sectores productivos.
Finalmente, el Comité Cívico del Beni demanda que el departamento sea declarado como zona de desastre natural, debido a las graves pérdidas económicas y daños al ecosistema que los incendios están provocando. Advierten que, de no ser atendidas sus demandas, se verán obligados a tomar medidas de presión.
