Legisladoras exigen al Gobierno develar la cantidad de hectáreas quemadas en el desastre ambiental

Se sumaron a las peticiones para que el Ejecutivo declare desastre nacional por la magnitud del daño, con el fin de reforzar el apoyo internacional.

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La TCO Monte Verde es una de las regiones más afectadas por el fuego. Foto: Radio Chiquitanía.

Fuente: ANF

 



Hasta finales de agosto se conoció que el fuego arrasó con 3.8 millones de hectáreas, las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) exigieron al Gobierno que actualice la información sobre la cantidad de superficie boscosa y de pastizales que fueron afectadas por los incendios forestales.

“Nosotros consideramos que el Gobierno debe presentar la información actualizada sobre la magnitud de la efectuación que está dejando los incendios, hasta el momento no sabemos cuántas hectáreas se han quemado, no tienen datos de la cantidad de comunidades indígenas que han perdido sus casas o en qué medida han sido perjudicadas”, afirmó la diputada de esa tienda partidaria Toribia Lero, en contacto con la ANF.

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El coordinador de Dirección de Gestión de Riesgo de la gobernación de Santa Cruz, Dionisio Castro, informó que hasta el momento se quemaron 7.205.865 hectáreas y que las mayores pérdidas están ubicadas en los municipios de San Matías, Concepción y San Ignacio de Velasco. No se tomó en cuanta las superficies afectadas por el fuego en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y otras regiones.

Al respecto, la senadora de CC y representante de las comunidades indígenas del Beni Cecilia Moyoviri también urgió al Gobierno entregar los reportes actualizados sobre el desastre ambiental, advirtió una falta de interés por parte del Ejecutivo para reforzar las tareas de mitigación.

“Al gobierno no le interesa lo que está pasando en el oriente boliviano, no hay información actualizada de los daños que está ocasionando los incendios. Las comunidades indígenas, los bomberos voluntarios y la población se sienten abandonados por las autoridades gubernamentales”, manifestó.

El 7 de setiembre, el Gobierno declaró emergencia nacional ante el incremento de los incendios y, en esa oportunidad, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, dijo que hasta fin de agosto se reportó 3.8 millones de hectáreas quemadas de las cuales 1.3 eran de bosque y 2.3 de pastizales.

Sin embargo, el 1 de ese mes, la Fundación Tierra reportó que desde enero se quemaron un total de 4.107.621 hectáreas, de los cuales 2.678.491 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, es decir, que esa región concentraba el 65% de la afectación. Le sigue Beni con 1.395.776 hectáreas quemadas, La Paz con 18.990 hectáreas; Pando con 10.247; Cochabamba con 3.770 y Tarija con 346.

Antecedentes 

Con base en los datos del Ministerio de Defensa, a la que accedió este medio, en 2015 se registró 3.799.692 hectáreas afectadas por los incendios; en 2016, 5.012.230 hectáreas; en 2017, 3.605.854 hectáreas; en 2018, el fuego arrasó con 1.826.036 hectáreas.

La superficie quemada se incrementó, el 2019 fue el año más dramático tomando en cuenta que se quemaron 5.305.512 hectáreas; en 2020, 5.021.820 hectáreas; en 2021, 4.202.290 hectáreas; en 2022, 4.466.540 hectáreas. Mientras que, en 2023, se quemaron 3.508.033 hectáreas de bosques y pastizales.

Piden declarar desastre 

Por otra parte, Lero dijo que es pertinente que el Ejecutivo declare desastre nacional por la magnitud del desastre ambiental que se vive en el país, aunque supuso que, si hasta la fecha no emitió esa determinación, es para beneficiar a sus aliados con la entrega de las tierras que fueron quemadas.

“El gobierno de Luis Arce debe declarar desastre nacional por la magnitud de los incendios, cada día se vuelven incontrolables. Aunque, es posible que con esto quiera beneficiar a sus simpatizantes entregando las tierras que ya han sido afectadas, sabemos que en estos sectores no se podrá recuperar la fauna y flora que había antes de las quemas”, indicó.

Anunció que desde la bancada de CC se alistará una demanda penal en contra de las autoridades del Ejecutivo, por omisión y falta de atención oportuna a las comunidades afectadas.

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