El Pacto de Unidad condenó —en su resolución— todo acto de “vandalismo y violencia” que se ejerció en “la supuesta marcha pacífica” que “incitó a delinquir” y persiguió “intereses políticos y personales para una nueva repostulación”
El Pacto de Unidad a la cabeza del dirigente campesino Lucio Quispe.
Imagen: APG
Tras el ampliado extraordinario del Pacto de Unidad, las organizaciones sociales pidieron al Gobierno la evaluación “inmediata” de los ministros, viceministros, directores y gerentes estatales con el fin de dar una “respuesta y solución” a la problemática de la canasta familiar, combustible y la escasez de dólares, entre otros.
El ampliado del Pacto Unidad, en coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB), se desarrolló desde las 09.00 de este viernes hasta cerca de las 16.00 en instalaciones del multifuncional Heriberto Gutiérrez, de la ciudad de El Alto.
Cerca de las 12.00 llegó el presidente Luis Arce al encuentro con el fin de sostener también la reunión con las organizaciones sociales. De esta reunión también participaron los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y el de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
Lucio Quispe, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó durante su intervención que la coyuntura que vive el país les “preocupa”, esto debido a que los campesinos están sufriendo, especialmente con el alza de precios de la canasta familiar.
“Por eso hemos invitado a nuestras autoridades sindicales, que conformamos las cinco organizaciones, y en coordinación con la COB. Nos preocupa que nuestros hermanos sufran”, resumió.
El dirigente destacó la participación de las 108 organizaciones sociales a nivel nacional, las cuales bajarán a sus bases e indicarán las determinaciones que se tomaron.
Además de la evaluación de ministros, el Pacto de Unidad condenó —en su resolución— todo acto de “vandalismo y violencia” que se ejerció en “la supuesta marcha pacífica” que “incitó a delinquir” y persiguió “intereses políticos y personales para una nueva repostulación”.
El 17 de septiembre, centenares de militantes y organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales, partieron desde Caracallo, Oruro, hacia la sede de Gobierno en demanda de un pliego petitorio de 16 puntos.
A la conclusión de la marcha y en un mitin realizado en inmediaciones de la Cervecería Nacional Boliviana, Evo Morales conminó al presidente Luis Arce a cambiar a sus ministros “corruptos, drogos y racistas” si es que quiere seguir gobernando.
El Pacto de Unidad también determinó que, en coordinación con la COB y las organizaciones matrices, defenderán la democracia ante “los planes de Evo Morales, que pretende dar un golpe de Estado intentando pisotear nuestra Constitución”.
Además, se condenó “el actuar de diputados y senadores por el bloqueo de las leyes que permitan el desarrollo”.
Asimismo, se conminó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo Electoral (TSE) al reconocimiento de la directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la cabeza de Grover García, quien fue elegido en el congreso de El Alto. “Caso contrario, tomaremos las acciones más drásticas que nos permite nuestros estatutos y reglamentos”, advirtieron.