El mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Morales fue emitido el 26 de septiembre, sin embargo, no fue ejecutado.
La Paz, 4 de octubre de 2024 (ANF).- La fiscal de materia de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la fiscalía departamental de Tarija, Pamela Ovando, señaló que el mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales cumplía todos los requisitos, aunque desconoce por qué no se ejecutó durante cinco días.
La fiscal a cargo de la investigación en contra del exmandatario, por el delito de trata y tráfico de personas, señaló que en este caso como en otros se procede a la valoración de las circunstancias y que en ese marco se emitió la resolución de aprehensión de Morales, porque se cumplían los requisitos.
“Cumplen los requisitos de la norma, sin embargo, se debe hacer mención que esa resolución ha sido entregada a la señora Sandra Gutiérrez en todos los ejemplares, desconocemos los motivos por qué no se ejecutó en estos cinco días”, sostuvo la fiscal Ovando.
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La información fue proporcionada en la conferencia de prensa en la que también se conoció la designación de Miguel Tapia como el nuevo fiscal departamental de Tarija, en reemplazo de Gutiérrez quien fue destituida el miércoles por el fiscal general Juan Lanchipa.
El mandamiento de aprehensión en contra del expresidente fue emitido el 26 de septiembre, sin embargo, no fue ejecutado. El caso estalló este miércoles cuando la exfiscal Gutiérrez reveló que había una investigación en contra del exmandatario, pero que el fiscal Lanchipa le instruyó que no toque ese caso.
Además, desde Sucre se destituyó a todos los fiscales del caso, incluida Gutiérrez que hasta ese momento ejercía la función de fiscal departamental de Tarija, el escándalo llegó al extremo de impedirle ingresar a sus oficinas:
Ovando no quiso adelantar si se extenderá otro mandamiento de aprehensión porque hasta la fecha el juzgado de Santa Cruz que concedió la tutela de una acción de libertad a favor de Morales, no le ha notificado “ni con la demanda ni con la resolución”, pese a que el plazo ya venció.
“Yo desconozco los fundamentos jurídicos de la jueza de Santa Cruz, una vez que tengamos conocimiento se actuará jurídicamente”, señaló al aclarar que la investigación es por el presunto delito de trata y tráfico de personas.
Aclaró que el caso está “vigente y no se ha cerrado”, sin embargo, precisó que en el marco de las normas se debe guardar reserva porque compromete una situación de probable trata y tráfico de personas, y que en ese contexto la ley 263 “hace referencia a la reserva de la información”.