Otras tres personas también fueron sentenciadas por la Justicia y una fue absuelta.
Fuente: La Razón
El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado.
En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad.
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“Los miembros del Tribunal ingresaron a deliberar y emitieron la Resolución Sentencia N°20 /2024, declarando: culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito Negociaciones Incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito Contratos Lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.
Además, indicó que, a Ruth Palomeque Ríos, acusada por el delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes fue sentenciada con cinco años de privación de libertad. En tanto, Sergio Zamora Bascopé recibió tres años de privación de libertad y Brayan Berkam recibió una condena de siete años.
El 29 de noviembre de 2019, la entonces presidenta transitoria promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
La adquisición se hizo en tiempo corto a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, el año 2021.
En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre.
Los involucrados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.