En la Asamblea Legislativa Plurinacional están estancados más de 1.100 millones de dólares de créditos externos debido a la falta de consensos entre bancadas y el informe de SP apunta específicamente a la pugna sin cuartel dentro del partido en función de gobierno, el MAS.
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Juan Carlos Véliz / La Paz
Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings alertó en su reciente evaluación que los conflictos políticos internos en Bolivia están dificultando la capacidad del país para mejorar su situación financiera y económica. Esto aumenta los riesgos para la estabilidad económica y monetaria, ya que el país tiene menos margen para enfrentar sus desafíos económicos y mejorar su capacidad crediticia.
“Un estancamiento político limita la capacidad del país para revertir la erosión de su liquidez externa y su posición fiscal, lo que plantea riesgos para la estabilidad económica y monetaria. El estancamiento se ha intensificado, lo que ha reducido el margen para atender los desafíos de política económica”, señala la evaluación divulgada ayer en la que también ratifica la calificación crediticia soberana de Bolivia como negativa, CCC+/C, debido a su “débil capacidad para cumplir plenamente con sus compromisos de deuda en el largo plazo bajo un perfil externo frágil”.
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El término “estancamiento político” en un informe de Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings se refiere a una situación en la que las divisiones y conflictos políticos impiden la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas.
SP es una agencia de calificación crediticia que evalúa la capacidad de entidades, como gobiernos y empresas, para cumplir con sus obligaciones financieras. Estas evaluaciones son conocidas como calificaciones crediticias.
Estas calificaciones proporcionan una opinión informada y estandarizada sobre la calidad crediticia de un emisor, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones con mayor confianza. Las entidades con buenas calificaciones pueden acceder a mercados financieros más fácilmente y a menores costos, lo que les permite obtener financiamiento para proyectos y crecimiento.
Aunque el Gobierno rechazó la “evaluación pesimista” de la agencia porque no valoró algunas cifras en ascenso, la situación política interna está influyendo de manera negativa en los desafíos económicos que tiene Bolivia en medio de una crisis económica que la golpea.
“Podríamos subir las calificaciones en los próximos 12 meses si se generan políticas decisivas que mejoren la liquidez externa de Bolivia y apunten hacia un perfil fiscal más sostenible. Abordar el deterioro de los desequilibrios macroeconómicos sería un primer paso para mejorar la confianza de los inversionistas y obtener un mejor acceso a los mercados de deuda externa”, indica el informe.
La calificadora sostiene que “las divisiones políticas se han intensificado de cara a las elecciones presidenciales de 2025, y eso ha retrasado las aprobaciones de financiamiento externo provenientes de entidades oficiales. La falta de transparencia en datos clave de las cuentas externas también exacerba la incertidumbre”.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional están estancados más de 1.100 millones de dólares de créditos externos debido a la falta de consensos entre bancadas y el informe de SP apunta específicamente a la pugna sin cuartel dentro del partido en función de gobierno, el MAS.
“Las divisiones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante en Bolivia, han reducido el margen para aprobar políticas en el Congreso para abordar los desafíos macroeconómicos. Ninguna facción del MAS controla la mayoría en el Congreso, lo que dificulta la aprobación de leyes significativas”, indica.
“Por ejemplo, el acceso a préstamos externos y la aprobación de leyes clave destinadas a mejorar las condiciones para las inversiones en recursos naturales se están retrasando en la legislatura. El desarrollo de aquellos sectores podría generar crecimiento económico e ingresos públicos, además de apoyar la reversión de los desequilibrios externos y las presiones cambiarias” complementa.
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El MAS afronta una “guerra” interna entre corrientes leales al expresidente Evo Morales y al presidente Luis Arce, y que ha derivado incluso a enfrentamientos físicos entre sus militantes durante la marcha dirigida por Morales en contra de Arce hace dos semanas.
La agencia también advierte que “las disputas políticas en vista de las próximas elecciones reducen la capacidad del gobierno para atender los desafíos”. “Las próximas elecciones presidenciales se realizarán en 2025, lo que ha intensificado las divisiones partidarias, y ha perjudicado la cohesión y la previsibilidad de las políticas públicas”, alerta.
Una de las razones de la disputa interna del MAS, al margen del control de la sigla política, es la definición del candidato presidencial. Evo Morales se proclamó como el único candidato para 2025, pero la facción “arcista” apuntala otro liderazgo y no se descarta la reelección de Luis Arce.
“La primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales tendrá lugar el 17 de agosto de 2025. El establecimiento de un calendario electoral condujo a una intensificación del activismo de campaña antes de lo previsto, y eso agudizó las divisiones políticas al interior del MAS”, resume la agencia calificadora que ratifica que la política está concatenada directamente con la economía.
No obstante, no es el único factor de riesgo en el ámbito político. También la elección de presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores en la Asamblea Legislativa a la conclusión de los mandatos de Israel Huaytari (arcista) en la cámara Baja y Andrónico Rodríguez (evista) en el Senado. Asimismo, la redistribución de escaños y las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre de este año.
“Otros factores que contribuyen a las tensiones políticas incluyen la selección de líderes para ambas cámaras del Congreso en octubre, las discusiones sobre la redistribución de escaños en la cámara Baja tras los recientes resultados del censo y las elecciones judiciales programadas para diciembre. El actual poder judicial se encuentra en una extensión de su mandato por un año (ya que las elecciones judiciales estaban originalmente programadas para 2023), y la oposición puede tener más influencia en un Congreso dividido”, alerta.