Emilio Martínez Cardona
En sólo 11 días, la República Oriental del Uruguay irá a la primera vuelta de sus elecciones generales, donde es previsible que la izquierda del Frente Amplio (FA) obtenga el lugar puntero, sin evitar el balotaje, instancia en la que los distintos partidos de la gobernante Coalición Republicana se unirían, equilibrando las chances de victoria, que puede favorecer a cualquiera de ambos bloques.
Hay que recordar que en las elecciones del 2019, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (formación principal de la Coalición Republicana), ganó con un punto porcentual y medio sobre su contendor izquierdista; y que en el referéndum del 2022 sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), el gobierno resolvió la controversia a su favor por un estrecho margen similar.
Promediando las encuestas, el FA tiene una intención de voto en primera vuelta del 42%, mientras que el Partido Nacional (24%), el Partido Colorado (13%), Cabildo Abierto (3%) y el Partido Independiente (1%) sumarían 41%, en un escenario con un 10% de indecisos y un 5% que se manifiestan por el voto en blanco o nulo. Como dijo años atrás el encuestador Oscar Bottinelli, es “la incertidumbre de una moneda en el aire”, de cara a la segunda vuelta que tendría que celebrarse el 24 de noviembre.
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Por el lado del Frente Amplio, la alianza de izquierda tiene la limitante de haber perdido a sus referentes moderados de otras épocas, como el ex vicepresidente y ministro de economía Danilo Astori (+), quedando hegemonizada por los ex tupamaros del Movimiento de Participación Popular (MPP), que aportan al candidato presidencial Yamandú Orsi, y por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), con la postulante a la vicepresidencia, Carolina Cosse.
Esa deriva radical ha sido particularmente visible en las evasivas del binomio del FA, para no condenar de manera tajante el fraude y la represión del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Otra pared que restringe el crecimiento hacia el centro del FA es el peso cada vez más grande que tienen los sindicatos sobre su aparato partidario, con cierta similitud con los problemas por los que atravesó el laborismo británico en los años ’70. Sindicatos que han impuesto un referéndum simultáneo con las elecciones para volver a una seguridad social de reparto, que desfinanciaría el sistema previsional y obligaría a nuevas subidas de impuestos.
Del lado del oficialismo, se cuenta en el haber con la buena gestión de Lacalle Pou y su ministra de economía, Azucena Arbeleche, que evitaron durante la pandemia el cierre rígido aplicado en otros países, apostando en cambio por la política de “libertad responsable”.
El candidato del Partido Nacional, el ex secretario de la presidencia Álvaro Delgado, impulsa además una serie de propuestas para bajar el costo de vida, en uno de los países más caros de América Latina, a través de varias desregulaciones que desmontarían oligopolios de importación.
Junto con la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil, que también se celebrarán el 27 de octubre y que no pintan bien para el lulismo, los comicios de Uruguay pueden ser un termómetro para medir los cambios de ánimo político en la región.