La expresidenta afronta ocho procesos en su contra por delitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones entre 2019 y 2020.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
Después de que la expresidenta Jeanine Añez fue apartada del caso “Golpe de Estado I”, ahora su equipo de abogados se concentrará en que los procesos iniciados en su contra se desarrollen en un juicio de responsabilidades como señala la Constitución y la ley de juzgamiento de altas autoridades.
“Los derechos tienen que ser reclamados, tienen que ser sustanciados, tienen que ser puestos y resueltos por los tribunales y ante las revelaciones que sucedieron en las últimas semanas esta excepción se ha interpuesto dentro de todos los procesos que se le siguen a la exmandataria, antes eran nueve proceso al día de hoy son ocho y dentro de estos ocho procesos se ha interpuesto este reclamo por la competencia correcta. Conforme lo establece la Constitución y nuestras normas corresponde un juicio de responsabilidades, esto seguirá siendo reclamado por la defensa de la exmandataria», afirmó su abogado Luis Guillén.
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Añez afronta ahora ocho procesos por delitos que habrían sido cometidos durante su ejercicio como presidenta del Estado (2019-2020); sin embargo, dichas causas fueron abiertas en la justicia ordinaria desconociendo la norma que establece que el Presidente, Vicepresidente y autoridades electas deben responder por sus actos en un caso de corte.
Uno de los respaldos de la defensa legal son las revelaciones del exministro de Justicia, Iván Lima, y del expresidente Evo Morales en sentido de que el juicio ordinario para la expresidenta Añez fue una decisión política del jefe del MAS y del Gobierno.
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Lima advirtió de que el caso de la exmandataria puede terminar en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la vulneración de los derechos humanos.
En Bolivia existe una ley de juzgamientos de altas autoridades que establece que un exmandatario puede ser juzgado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en un juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y debe desarrollarse en el Tribunal Supremo de Justicia que asume el papel de juzgador.