Fuente: vision360.bo
Desde el inicio de las protestas “evistas”, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), instancia dependiente de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), ha recibido al menos 30 denuncias de agresiones contra trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados.
De acuerdo con un boletín institucional, estas agresiones incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística, así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor.
La mayoría de estas agresiones habrían sido cometidas por particulares involucrados en los bloqueos de carreteras.
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Según la nota, se señala que el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas.
Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Además, el Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares.
La CIDH y la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) destacan la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales.
Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncian sobre los hechos en cuestión contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la deliberación pública, abierta y plural.
En todo momento, debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales.
La CIDH observa con extrema preocupación la agudización de la conflictividad social. En el pasado reciente, en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia.
El Estado debe observar sus obligaciones internacionales para prevenir la repetición de hechos del pasado. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos dirigidos a generar espacios de diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, en toda su pluralidad, con la participación de todos los sectores dentro del espectro político.
Al respecto, toma nota de que el Ejecutivo ha realizado al menos siete convocatorias públicas para el diálogo.