El presidente de la FIA sostuvo que, si bien pudo existir un vacío de poder, la autoprórroga de los magistrados del TCP ahondó los problemas para el país
Fuente: El Deber
Marco García, presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), habló con EL DEBER. Participó de la Cumbre Interamericana que se realizó por primera vez en la capital cruceña y reunió a juristas de 16 países. El profesional observa que durante el proceso de elección de magistrados hubo un cuoteo político y prevé la necesidad de una reforma.
¿Cuál es la percepción del ente colegiado regional sobre el estado de la Justicia?
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En general hay un deterioro notable, no hay independencia en sus organismos de administración de justicia. En Bolivia no funcionó lo de las elecciones de magistrados, hacer que sean elegidos en elecciones directas es un mecanismo fallido. Hay que discutir modificaciones importantes en este ámbito.
El camino de las elecciones, en una democracia aparente, (asumiendo que) no haya cuoteo en el Órgano Legislativo y se proceda consultando a la población; sin embargo, resulta en un proceso fallido. Este proceso está siendo imitado por México, entonces hay que concebir un proceso en que los operadores de justicia sean idóneos.
¿Cuáles son las reformas más urgentes?
Debemos empezar por el mecanismo de selección y elección de magistrados, es un tema importante más no es el único. Durante todo este periodo hubo una desinstitucionalización en varios mecanismos, es decir a través de decretos supremos eliminamos por instituciones creadas por ley como organismos de regulación. Hay que retomar la institucionalidad, los mecanismos y cumplir con la Constitución.
¿En qué otros países del mundo se eligen magistrados y autoridades judiciales como sucede en Bolivia?
En algunos estados de Estados Unidos, pero los mecanismos son completamente distintos. En el momento que son seleccionados los magistrados se tienen no solamente un seguimiento de la personalidad, sino de los fallos de toda su vida pública o privada que este profesional fue desarrollando. Entonces se verifica los fallos, sentencias que acreditan la idoneidad de esta persona, eso no sucede en nuestro medio.
Sobre la crisis actual. ¿Ud. cree que es posible apelar al Pacto de San José para garantizar el voto de los bolivianos de cara las elecciones judiciales?
El Pacto de San José es más bien un reconocimiento de un conjunto de derechos que tienen los ciudadanos y dentro de ello sirve para todo. A partir del Pacto de San José una interpretación completamente inusual se permitió la reelección indefinida, entonces a veces no es el Pacto en sí mismo el que garantiza la apertura democrática sino otros los mecanismos que hay que concebir.
En este caso, simplemente apelar al Pacto de San José no es suficiente, hay que pensar en mecanismos mucho más amplios a partir no solo de la elección de los gobernantes sino de la selección del personal en la justicia y enfrentar los gravísimos problemas que tiene la humanidad.
¿Es posible que este caso recaiga finalmente ante la CIDH y la Corte IDH por la vulneración del derecho de 7,3 millones de electores frente a dos magistrados?
La vulneración de los derechos políticos, humanos y fundamentales lo comprobamos periódicamente. Nuestro país incorporó un gran repertorio de derechos, amplios, pero no se cumplen. Proclamamos que somos defensores de la pachamama y al final resulta que lo que se hizo fue un deterioro ambiental, en la práctica no lo estamos cumpliendo.
¿Cuál es la percepción de que los magistrados se hayan prorrogado en sus cargos por encima de su mandato que les otorga el voto ciudadano?
La Constitución es clara cuando dice que el periodo de funciones termina y ellos no acataron, continuaron en sus funciones y la mayor parte de sus fallos son complicados en su lógica y en lugar de resolver los problemas los están generando, eso es grave.
¿Esto no vulnera el espíritu del artículo 7 de la CPE que sustenta al sistema democrático?
En muchos sentidos, cuando hablamos de alteraciones y ruptura del sistema democrático es posible pensar que la autoprórroga sí vaya encaminado en ese sentido, es decir, en una vulneración y afectación de los cimientos a partir de los cuales se construye democracia en nuestro país.
Fuente: El Deber