Los Centros Integrados de Justicia y el programa de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas que venía implementando USAID, se cerrarán a pedido del Gobierno.
Editorial El Diario
Los Centros trabajaban en medios prejudiciales de solución de conflictos, mientras que el otro programa apoyaba a los Gobiernos Municipales provinciales con infraestructura y otros medios. En estrecha coincidencia, el presidente Evo Morales en apariciones públicas acusó a USAID de intervenir en asuntos internos y de auxiliar financieramente a las candidaturas de sus opositores. Estas aseveraciones no contaron con pruebas de ninguna naturaleza, como en anteriores oportunidades.
Hasta el momento las alcaldías de Cobija, Yacuiba y Rurrenabaque lamentaron dicha decisión y la calificaron de “desastrosa”, mientras que los Centros Integrados de Justicia funcionaban en el eje central para evitar mayor carga procesal a los saturados Juzgados de Justicia, por lo que en uno y otro caso el impacto se hará sentir y aunque el Gobierno dijo que el costo será absorbido por el Estado, no se descarta la pronta politización de dichos centros.
Puede apreciarse que no estamos ante una política con sello propio nacional, sino frente a una expresión más de subyugación a directivas políticas inducidas desde Venezuela. Afirmaciones oficiales con tono motivador se apoyan en el desmontaje de una supuesta dependencia de gobiernos anteriores a los Estados Unidos, a soslayo de que más allá de rumores nunca se comprobó objetivamente dicha dependencia, que pudo haberse operado en ciertos momentos, como no es raro que ocurra en las relaciones interestatales, pero aun así hay falta de consecuencia si se deja una dependencia para caer en otra.
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Solamente las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba han batido palmas acerca de este nuevo distanciamiento y es que la asistencia norteamericana era más importante en la lucha contra el narcotráfico a través de la DEA. Al haber quedado en evidencia la considerable intensificación de los cultivos de coca y por dicha causa la producción de cocaína, el mayor descubrimiento de fábricas de droga se debe a tales factores de incremento. Sólo el tiempo y las experiencias dirán si dicha asistencia era o no necesaria.
Lo anterior se relaciona con la descertificación que hizo Estados Unidos a Bolivia en la lucha antinarcóticos, y se hace demasiado evidente que en contrapartida el Gobierno suprima la cooperación en los rubros de la justicia y de apoyo municipal. El Ministerio de Planificación sostiene que se negocia que la ayuda desechada se dirija a combatir la extrema pobreza, la producción y la infraestructura. Parece que no se equivocan quienes ven en las últimas medidas de distanciamiento con el Norte, el afán de complacer a ciertos sectores sociales ante la proximidad de elecciones.
En esa misma dirección el presidente Morales ha ofrecido la adquisición de 120.000 computadoras destinadas al sector docente del país. Similar connotación tiene el anuncio de la compra de un satélite al precio exorbitante para nuestra economía de 300 millones de dólares, apelando si es necesario a las reservas del Banco Central. En cambio, son muchas las necesidades de desarrollo -no simplemente asistencialistas- que dichos recursos pueden atender en un país en el que donde se mira se encuentra deficiencias.
Si un satélite para nuestras reducidas realidades puede mejorar el tema de las comunicaciones, no hay duda que su enorme capacidad quedaría ociosa en relación con nuestro dimensionamiento. Venezuela dispone de un satélite propio que le resulta también excesivo y países como Uruguay han solicitado al presidente Chávez el alquiler de un 10% de una capacidad satelital. El Gobierno podría hacer otro tanto en condiciones muy ventajosas, dada la estrecha amistad de ambos mandatarios, poniendo a prueba un apoyo meramente discursivo y paraelectoralista. En fin, está comprobado que una elección desata la lengua y también las promesas.