Junto al expresidente otras tres exautoridades de su gobierno fueron sentenciadas a cinco años de cárcel. Los condenados deben cumplir la sentencia en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio lectura anoche a la sentencia del juicio de responsabilidades contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y tres de sus exministros por el caso denominado Petrocontratos que duró al menos 19 años después de que fue abierto en 2005.
Las exautoridades fueron acusadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Mediante voto mayoritario, falla lo siguiente: Declarando a los imputados Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, como también Jorge Joaquín Berindoague Alcocer además de Carlos Alberto Contreras de Solar, Carlos Alberto López Quiroga autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, indica una parte de la sentencia leída por el magistrado del TSJ, Olvis Eguez Oliva.
Sánchez de Lozada fue sentenciado a seis años y tres meses de cárcel mientras que sus colaboradores fueron sentenciados a cinco años de cárcel. La condena debe ser cumplida en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz y se precisó que el cómputo de la pena comenzará una vez que sean ejecutados los mandamientos de condena.
También puede leer: Concluye la fase de alegatos en el caso denominado Petrocontratos y se suspende la audiencia de juicio oral por 15 días
La sentencia también impone a los condenados el pago de costas del proceso judicial y la inhabilitación para ejercer cargos o empleos en el sector público, por un periodo de cinco años.
El caso llega a su epílogo después de un proceso de casi 20 años después de que se abrió en 2005. El exmandatario fue denunciado por la firma de 107 contratos petroleros sin autorización del entonces Congreso Nacional.
La denuncia fue presentada en 2005 por el entonces diputado nacional Evo Morales, pero recién en 2011 se activaron las investigaciones y las audiencias.
La Fiscalía General presentó acusación formal en 2015 en contra de cinco exdignatarios de Estado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Actualmente, el exjefe del MNR reside en Estados Unidos desde que renunció y huyó el 17 de octubre del 2003 después de la llamada “masacre de octubre”. Desde entonces tampoco compareció a los otros procesos iniciados en su contra.