Pantipata triplicó su población, los campesinos dejaron la agricultura a la par que «florecieron» las fabricas de cocaína. Es el «éxito» del plan antidroga de Evo, el presidente cocalero.
Un comunario muestra cebollas dañadas en la comunidad de Charingo por la contaminación de las factorías de cocaína de Pantipata. (Foto Los Tiempos)
Pantipata siguiendo el ejemplo del Chapare, muestra la realidad de la “lucha contra el narcotráfico” en el actual gobierno, que en los hechos significa hacerse de la vista gorda frente a situaciones como esta y «combatir» otras para cubrir las apariencias.
Pantipata es una comunidad rural de Cochabamba, ubicada en las estribaciones cordilleranas a pocos kilómetros de la capital del departamento. Los habitantes de las regiones aledañas denuncian desde hace dos años que sus cultivos están muriéndose y sus tierras quedándose estériles a causa de los narco-químicos que arrastran las aguas provenientes de la cordillera.
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Los enfrentamientos entre los agricultores de Charingo y los pobladores de Pantipata, ligados a la producción de pasta base, son permanentes ante la pasividad de las autoridades. Los agricultores de Charingo y comunidades aledañas, exigen que se frene la producción de pasta base por cuanto las factorías de droga utilizan gran cantidad de precursores químicos, cuyos desechos va a parar a los ríos de la región envenenando el agua que utilizan para regar sus cultivos y para el consumo de sus animales y de la propia población.
Sin embargo, sus protestas que llegaron a enfrentamientos, nunca tuvieron eco y su propio representante, el “regante” y actual senador Omar Fernández guardó un silencio bastante parecido a la complicidad, al parecer debido a que recibe jugosos aportes de los comunarios que ahora se dedican a la fabricación de droga.
El tráfico de coca y de precursores se realiza ante la vista y paciencia de las mismas autoridades departamentales, habida cuenta de que el prefecto y la plana mayor de esta entidad provienen de los sindicatos de cocaleros, lo que explica el auge del narcotráfico en la región gracias a la permisividad oficial.
Cuando el problema es inocultable por el enfrentamiento generado entre los campesinos que tienen una actividad lícita y los otros de Pantipata, asociados con los narcos y que se adueñaron hasta del agua, recién el gobierno dio la orden de actuar y se encontraron con decenas de fábricas móviles de cocaína montadas algunas en forma artesanal y otras con tecnología colombiana.
Todo el mundo sabía que en Pantipata se estaba fabricando cocaína. Recordemos que ya el año pasado una unidad policial se internó por el lugar y fueron salvajemente golpeados por los comunarios que salieron en defensa de los narcotraficantes. Los «campesinos» agresores fueron liberados de inmediato sin que el caso llegue a la justicia y los uniformados recibieron órdenes de no dar información a los medios.
Como suele ocurrir cuando la actividad del narcotráfico cuenta con algún tipo de protección y son alertados oportunamente, durante los operativos realizados por la FELCN no se captura a nadie.
Esto denota que no existe interés alguno en establecer el porque la hoja de coca y los precursores llegan hasta el lugar con tanta facilidad y sin interferencia alguna lo que refuerza la sospecha de que existe protección desde altos niveles políticos y gubernamentales.
La flexibilidad de las autoridades en este caso y en varios otros de cocaleros directamente ligados con el negocio del narcotráfico, echa por tierra la propaganda del gobierno sobre la eficacia y los «éxitos» de su política antidroga.
Y no se trata solamente del emblemático caso de Pantipata y lo que ocurre en las comunidades de Vinto, que muestra la desesperación en la que viven decenas de familias campesinas arrinconadas por los narcos, quienes extrañamente cuentan con el apoyo de otros «comunarios» y la conveniente negligencia del masista prefecto de Cochabamba.
También la ciudad de El Alto se esta convirtiendo en una inmensa factoría de droga, dominada por los llamados clanes familiares, mientras los cultivos de coca ilegal y la producción de clorhidrato de cocaína traspasan el territorio del Chapare y se extienden a diversas regiones del país; en tanto la economía de Bolivia es penetrada, cada vez más, por el dinero sucio que sirve para solventar alguna campaña electoral y de paso amenguar los efectos de la crisis nacional.