El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, invitó nuevamente a los productores, industriales y empresarios a participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual autoriza el decomiso de productos y un mayor control estatal.

“Los productores, los empresarios, los industriales, los comerciantes deberían ser parte en la construcción de este reglamento porque precisamente va orientado a brindar seguridad jurídica”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

Reglamentación

Este viernes iniciaron las primeras reuniones de socialización de la nueva norma que se aplicará este año.

En un diálogo con los gremialistas, el Gobierno se abrió a la posibilidad de que en el reglamento se especifique que la disposición no se aplicará con los comerciantes minoristas.

La disposición adicional séptima del PGE autoriza el decomiso de productos y alimentos que sean acopiados con el objetivo de especular y venderlos a un precio más elevado.

Por ello, Silva señaló que no afectará a quienes operen de manera “formal y lícita”, sino a los especuladores.

Rechazo

Pese a las explicaciones del Gobierno, el sector productor se mantiene en alerta. Este viernes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó su rechazo a la disposición, argumentando que detendrá el aparato productivo.

“La CNI ratifica su firme y categórico rechazo a esa disposición, creemos que la misma dispone la confiscación; la arbitrariedad, la extorsión y el decomiso de productos. Solicitamos la derogación inmediata; por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado”, protestó el presidente de la entidad, Pablo Camacho.

El viceministro, por su parte, llamó a los interesados, a quienes se sienten afectados, a una “reunión seria” para definir los alcances y límietes de la disposición.

En tanto no se apruebe la reglamentación en coordinación con todos los sectores, la medida no se aplicará, explicó Silva.