Ante la molestia que hay en las diferentes organizaciones sociales por la norma, indicó que cada día se incorporan más sectores. Además que, a eso se suma la preocupación por la escasez de combustibles, como la gasolina y el diésel.
eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital
Los sectores empresariales, gremiales y del transporte determinaron que se realizará un tercer encuentro en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), prevista para el jueves 30 de enero, cuando volverán a conversar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Además de, la escasez de combustibles, falta del dólar y otros problemas económicos que afectan a la población boliviana, informó este martes el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales. Asimismo, anunció que se alistará la movilización nacional para el 10 de febrero próximo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Luego de haber realizado el primer encuentro en la ciudad de Santa Cruz y el segundo encuentro en La Paz ante el llamado de diferentes sectores sociales y que ahora quieren otro ampliado multisectorial, se ha definido que el tercero se realizará en la ciudad de Sucre, el jueves 30 de enero y también se ha planteado la movilización nacional para el 10 de febrero, en caso de que el Gobierno nacional no derogue esta disposición adicional séptima del PGE”, advirtió el dirigente.
Ante la molestia que hay en las diferentes organizaciones sociales por la norma, indicó que cada día se incorporan más sectores. Además que, a eso se suma la preocupación por la escasez de combustibles, como la gasolina y el diésel, y que a la fecha las autoridades de Gobierno no dan soluciones.
Otro de los problemas, manifestó que es la falta del dólar al que por el contrario, ven que hay persecución a los diferentes movimientos económicos que realiza el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en montos mayores a Bs 50.000.
“Las resoluciones son claras, hay un gran problema por la crisis económica que estamos viviendo y el Gobierno nacional tiene la obligación de dar solución a cada uno y por el bien de la población. Esta disposición adicional es un obstáculo más para la cadena productiva del país”, enfatizó Gonzales.
Las determinaciones se dan luego de que representantes de diferentes sectores productivos del país se reunieron este martes en la ciudad de La Paz, en el segundo ampliado multisectorial que tiene como principal consigna exigir al Gobierno que elimine la disposición adicional séptima confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
La cuestionada disposición adicional séptima de la Ley 1613, del PGE 20205, establece que, «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
