Afirman que al ser llave en mano, delega la responsabilidad de diseño, construcción y puesta en marcha “exclusivamente” a Uranium One Group, “sin garantizar una efectiva transferencia de tecnología ni fortalecimiento del capital humano boliviano”.
El Colegio de Economistas de Santa Cruz se refirió al contrato suscrito entre Yacimientos del Litio Boliviano y la Empresa Uranium One Group, con sede en Rusia, que contempla la construcción de una planta de Carbonato de Litio con tecnología (ELD) bajo un modelo “llave en mano”, del que señala que persisten dudas sobre los costos operativos y la capacidad de generar utilidades netas.
“La deuda asumida por YLB y, en consecuencia, por el Estado boliviano asciende a 975 millones de dólares, con un plazo de aproximadamente 20 años. Si bien este monto se destinará a la inversión en infraestructura y tecnología, persisten serias dudas sobre los costos operativos (OPEX) y la capacidad de generación de utilidades netas. Este desconocimiento obstaculiza una evaluación precisa de la sostenibilidad financiera del proyecto”, señala un pronunciamiento del sector.
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Asimismo, afirma que la falta de transferencia técnica y desarrollo local, en la que el contrato, al ser llave en mano, delega la responsabilidad de diseño, construcción y puesta en marcha “exclusivamente” a Uranium One Group, “sin garantizar una efectiva transferencia de tecnología ni fortalecimiento del capital humano boliviano”.
“Esto limita las oportunidades de desarrollo local y la generación de capacidades técnicas nacionales. El proyecto carece de estudios de prefactibilidad que incluyan evaluaciones técnicas, económicas, financieras, ambientales y jurídicas. Además, la asignación de contratos de venta preferente a Uranium One Group no está respaldada por un análisis detallado de escenarios de precios ni costos operativos”, observa la entidad cruceña.
También indican que llama la atención que el marco normativo aplicado es disperso y contradictorio. Pese a la existencia de normas nacionales, como las leyes 516, de Promoción de Inversiones y la 466, de Empresas Públicas, el contrato con la firma rusa se rige por disposiciones menos robustas, generando un entorno de incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión privada.
Agregan que falta transparencia en el proceso de selección, debido a que los criterios para la selección del “inversor preferente” no han sido debidamente clarificados ni ajustados a los procedimientos establecidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Esto genera dudas sobre la equidad y transparencia del proceso, debilitando la confianza pública y empresarial.
Ante este tipo de hechos, el Colegio de Economistas de Santa Cruz recomienda hacer un análisis integral y metodológico con un estudio de factibilidad técnico, económico, financiera, ambiental y jurídico; un fortalecimiento del marco normativo; la promoción de la transferencia tecnológica; transparentar los procesos de contratación, y la vinculación del sector académico y profesional, para el que se debe incorporar a expertos nacionales en el monitoreo y evaluación del proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de estándares internacionales.