Una de las expectativas del sector productivo es que Luis Arce derogue la disposición final séptima de la Ley del PGE 2025 que autoriza al Gobierno a realizar confiscaciones en caso de presunta especulación.
eju.tv / Video: DTV
Juan Carlos Véliz / La Paz
El presidente de la Asociación de Avicultores de Bolivia (ADA), Omar Castro, espera que el mensaje del presidente Luis Arce devuelva la certidumbre a los productores como la anulación de la disposición confiscatoria aprobada recientemente en la ley del presupuesto.
“Nosotros necesitamos un discurso que dé certidumbre a la población y a los productores, el mismo Presidente ha manifestado que necesitan acercamientos para lograr que este Bicentenario pasemos de la mejor manera posible y creo que una de las medidas que puede tomar es derogando este artículo séptimo que hoy es una ley que está dentro de la ley del presupuesto”, afirmó hoy en una declaración a los periodistas.
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El Mandatario prevé pronunciar mañana un discurso en el acto de aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia que se celebra cada 22 de enero en homenaje a la primera posesión del expresidente Evo Morales en 2006.
No obstante, Bolivia tiene otra fecha de aniversario de fundación y es el 6 de agosto de 1825, y este año cumplirá 200 años de vida republicana.
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“Nosotros hemos planteado la derogación porque además dentro del Código Penal ya se estipula cómo se sanciona el agio y la especulación, no necesitamos más leyes, más decretos, necesitamos realmente que cada cual haga su parte y para eso nosotros los productores necesitamos condiciones que no la tenemos en este momento”, complementó Castro.
Los productores bolivianos demandan la abrogación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025 que establece que el Gobierno tiene la atribución de confiscar productos si se evidencia una presunta especulación de algunos productos.
Esta disposición puso en alerta a varios sectores de la industria, el comercio, gremiales y transportistas porque sería una “carta blanca” para que el Gobierno ejerza abusos en contra de los productores sin ninguna fiscalización y sólo bajo el argumento de garantizar la seguridad alimentaria.
