El Presidente pidió buscar el diálogo y no medidas que dañan la economía nacional, ante las amenazas de movilizaciones.
Fuente: La Razón
Este miércoles, el presidente Luis Arce reconoció que existe una “presión inflacionaria” en los productos de consumo masivo. En su criterio, esto se debe al agio y a la especulación que realizan personas inescrupulosas. Para frenar esa actividad, el Gobierno elaboró “normas legales” que no afectan al sector productivo.
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“No buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al productor, al comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y la especulación y afecten al bolsillo de los bolivianos”, explicó durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.
Disposición
De esta manera, el Presidente se refirió a la criticada disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual es ampliamente criticada por múltiples sectores.
La norma autoriza el control y decomiso de mercadería, productos y alimentos por parte de las autoridades estatales, lo que genera zozobra, principalmente en el sector productivo y gremial.
Sin embargo, Arce considera que el incremento de precios en los productos de primera necesidad se debe a que durante la pasada gestión algunos sectores aprovecharon la coyuntura para especular con los costos.
“Se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que daña la economía nacional”, indicó el mandatario.
Por ello, pese a la postura de los industriales, productores, gremiales, empresarios, transportistas y otros sectores, el Presidente considera que se trata de un disposición que protege la economía de la población.
Arce también pidió a estos sectores buscar el diálogo y no “medidas que dañan la economía nacional”, en referencia a las movilizaciones con las que advirtieron si el Gobierno no deroga la norma en los próximos días.
El Gobierno, por su parte, invita a los interesados a participar en la reglamentación de la disposición antes de su entrada en vigencia.
Fuente: La Razón