Varios sectores sociales y empresariales piden la anulación de la disposición séptima que establece el decomiso de productos y alimentos.
[Foto RRSS ] / El viceministro de Defensa del Consumidor Jorge Silva
Fuente: Unitel
La disposición séptima sobre el decomiso de productos, que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, está movilizando a diferentes sectores. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, pidió este domingo a los empresarios privados presentar argumentos sobre su pedido de anular esta norma.
“A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, dijo Silva a los medios de comunicación.
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Sin embargo, en pasados días, el viceministro dijo que desde el Ejecutivo no tienen competencia para anular la norma que es observada por gremiales y empresarios.
La autoridad reiteró que los sectores empresariales y gremiales que piden la anulación de la norma tienen dos aparentes objetivos.
“No entendemos si los empresario industriales o están defendiendo a los delincuentes o están haciendo política con este tema. Esta disposición no es para fiscalizar al sector industrial ya que hay normas para ello”, dijo.
Sin embargo, Silva dijo que en los próximos días van a convocar a los sectores empresariales y gremiales para sostener un encuentro y tratar el reglamento de la norma.
“Se han cursado invitaciones al sector privado entre ellas a la confederación de empresarios privados de Bolivia, Anapo, Acapo, y otras instituciones. Entre el martes y miércoles se va a esperar al sector empresarial y entre miércoles y jueves al sector gremial”, dijo.
Sectores
No obstante, los sectores productivos y de la cadena de suministros han ratificado que si el Gobierno y el Legislativo no anulan la citada medida acatarán un paro de actividades el 10 de febrero.
En la reciente reunión multisectorial consideraron que no hay motivos para el diálogo si la disposición esta vigente.
“Todas las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas con un discurso engañoso de combatir el agio y la especulación, no resuelven la falta de algunos alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos”, señaló este jueves el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César González.
En el encuentro, que se llevó adelante en Sucre, surgieron siete determinaciones que apuntan a los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como también se planteó la propuesta de gestar un anteproyecto de ley para abrogar esta disposición considerada como confiscatoria y atentatoria a la seguridad jurídica del aparato productivo nacional.
Además, los sectores –agropecuarios, gremiales, cuentapropistas, transportistas, industriales y exportadores- demandan la abrogación de dicha disposición, la cual contempla que las instancias competentes podrán confiscar o decomisar productos a los actores de comercialización de alimentos, si se considera que un producto tiene un precio elevado.