El vicepresidente del Concejo Municipal cruceño, José Alberti, criticó la decisión del alcalde Jhonny Fernández de imponer la nueva tarifa mediante decreto, sin el respaldo de un estudio técnico y sin someterla a discusión en el Legislativo.
El vicepresidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Alberti, denunció que el incremento arbitrario del pasaje de Bs 2.30 a Bs 2.50, sin una actualización tecnológica en el sistema de cobro, generará una pérdida de aproximadamente 100 millones de bolivianos anuales para la ciudadanía. Según Alberti, esta diferencia de 20 centavos por cada pasaje representa un perjuicio millonario que afecta directamente el bolsillo del usuario.
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“El dato parecería que 20 centavos es poco, pero nosotros hemos hecho los cálculos y, por día, más de 280.000 bolivianos se le va a robar a la ciudad. Al año estamos hablando de 100 millones de bolivianos por esos 20 centavitos, que obviamente es el redondeo en contra del ciudadano”, advirtió Alberti.
El concejal cuestionó que, antes de realizar un incremento tarifario, el sistema de transporte no haya sido modernizado con métodos de pago digitales, como tarjetas o QR, que permitan un cobro exacto. “Si salía con centavos el estudio técnico de costos, primero habría que hacer un proceso de adaptación para tener un sistema tarifario digital”, enfatizó.
Según Alberti, en otras ciudades del país, como La Paz, Cochabamba y Tarija, las actualizaciones tarifarias se han realizado mediante un proceso legal y técnico, algo que no ocurrió en Santa Cruz. Además, lamentó que las instancias judiciales no estén actuando ante esta vulneración de la normativa vigente.
El concejal señaló que el transporte público en la ciudad requiere una transformación urgente y que la prioridad no debería ser el aumento del pasaje, sino la mejora del servicio. “Más allá de la tarifa, lo que quiere la gente es un nuevo sistema de transporte, con mejores condiciones para los usuarios”, afirmó.
Finalmente, Alberti anunció que seguirá insistiendo en la vía legal para revertir el decreto municipal. “Vamos a insistir con las acciones penales y legales. El alcalde ha violado una ley”, concluyó.
