El miércoles, el capitán de la Policía Boliviana, José Carlos Aldunate, fue acribillado cuando salía de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Santa Cruz de la Sierra para llevar a su hija al colegio, por dos sujetos encapuchados que descendieron de un vehículo y lo abatieron a tiros.
Fuente: ANF / La Paz
Han transcurrido seis días desde el asesinato del capitán José Carlos Aldunate y no hay ni un aprehendido. Gregorio Lanza, especialista en temas de seguridad y conflictividad, sostiene que la investigación de ese caso no avanzará mientras el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, permanezca en ese cargo, y por los posibles nexos de la víctima con el narcotráfico.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“El hecho en sí y los antecedentes están mostrando a un capitán que tenía una serie de violaciones a la conducta ética en la Policía. Por información de personas muy allegadas, el capitán era el cobrador de rentas que paga el narcotráfico para la protección del Estado boliviano. Entonces, mientras y en tanto el viceministro Aguilera sea juez y parte en el tema no se va a poder investigar”, sostuvo el especialista en seguridad y administración de conflictos, Gregorio Lanza, en contacto con la ANF.
El miércoles, Aldunate fue acribillado cuando salía de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Santa Cruz de la Sierra para llevar a su hija al colegio, por dos sujetos encapuchados que descendieron de un vehículo y lo abatieron a tiros. Segundos después escaparon.
El viernes extraoficialmente algunos medios de comunicación reportaron que los sicarios huyeron en una avioneta. Hasta el momento las autoridades no han dado una versión oficial sobre esta información. Aunque allanaron el Hangar 6 del aeropuerto El Trompillo desde donde presuntamente salieron del país con rumbo a Trinidad, pero que cambiaron su plan de vuelo hacia la frontera con Brasil.
Ante esa situación, Lanza dijo que la autoridad, Jhonny Aguilera, debe renunciar para no influir en las pesquisas, tomando en cuenta su cercanía con el uniformado y las aseveraciones de Erick Hurtado, uno de los supuestos autores, quien lo vinculó con Misael Nallar.
“El viceministro debe renunciar, por lo menos pedir licencia hasta que se concluya con la investigación del caso, pero debido a la debilidad de este gobierno es muy poco probable que eso suceda. En los próximos días este hecho va a ser uno más que muestre esta profunda debilidad del gobierno del presidente Luis Arce y su incapacidad para gobernar el país”, manifestó.
A la vez, dijo que ese caso muestra la presencia de cárteles del narcotráfico en el país y sus nexos con la fuerza del orden. Señaló que también es una advertencia para que se cumplan con los acuerdos de protección.
“Entonces, esta es una señal clara para la Policía de parte del narcotráfico que no pueden dejar de cumplir los acuerdos que tienen en esos procesos de protección y, al mismo tiempo, es una advertencia para el Estado boliviano y para toda la sociedad. Por eso es una afectación a la democracia, lo que ha sucedido devela cómo el narcotráfico ha penetrado y está presente en el país”, manifestó.
Sin fundamentos
Un día después del asesinato, en base a un modus operandi, la estatura, un “salto y zapateo”, Aguilera acusó a los hermanos Erik y Oswaldo Hurtado Aguilera como los autores de ese hecho. Poco después, uno de los sicarios negó su participación y apuntó a Misael Nallar como el responsable porque anteriormente le pagó para matar a una persona en San Borja.
Al respecto, Lanza aseveró que presentar una acusación en base a esos fundamentos es irrisorio, que muestra a una fuerza del orden, limitada, irrumpida por la política y sin la capacidad de realizar una investigación seria. La institución verde olivo está en la mira por los casos de policías implicados en ilícitos.
“Los datos que ha dado Aguilera y con la pericia que han realizado, lo único que hace es poner en ridículo a la policía y sus mecanismos de investigación. Es una policía profundamente limitada, perturbada por la penetración política y sin una capacidad científica para el análisis, el informe que presentan es realmente irrisorio”, puntualizó.
El viceministro Aguilera no volvió a aparecer desde que uno de los sicarios lo desmintió, 24 horas después salió a acusar a los dos hermanos del crimen y sus declaraciones dijo que tenían toda la certeza, aunque sin evidencias reales.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, habló de una investigación prolija, que cada paso era certero, aunque evitó responder a las varias preguntas que los periodistas le hicieron, bajo el argumento de que no quería interferir en las pesquisas del caso.
El presidente Luis Arce se pronunció sobre el caso violento que comprometió a un efectivo policial, cinco días después. “Es importante evitar el lamentable uso político que quieren hacer algunos actores sobre la muerte del capitán de la policía en Santa Cruz, por lo cual, he solicitado al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a las autoridades de la Policía y del Ministerio Público acelerar las diligencias en el marco de la investigación del asesinato del capitán Aldunate”, escribió el mandatario en sus redes sociales.